Jaime de la Cruz fue condenado a 12 años y 4 meses y a Jesús Cornejo Reynoso se le sentenció con 7 años y 4 meses, por los enfrentamientos del 2015, cuando se movilizaron por la defensa del Valle de Tambo contra el proyecto minero Tía María.
Claudia Risco
Desesperación es lo que sienten los dirigentes de Valle del Tambo, Jesús Cornejo Reynoso y Jaime de la Cruz, ambos sentenciados a pena privativa de la libertad por ejercer su derecho a la protesta contra la empresa minera Southern Perú. La Primera Sala Penal de Apelaciones de Arequipa confirmó la condena impuesta contra ellos: 7 años para el primero y 12 años para el segundo.
Para David Velazco, director ejecutivo y abogado de FEDEPAZ, institución que asume la defensa legal de agricultores del Valle del Tambo, la sentencia es arbitraria porque se sostiene en la coautoría no ejecutiva en la comisión del delito. Una teoría que permite condenar a una persona sólo por ser dirigente de protestas. Es decir, si se cometen disturbios dentro de las movilizaciones, la responsabilidad recae en los organizadores de las manifestaciones sociales.
Una teoría que contradice lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. En una sentencia del 2 de junio del año 2020 se menciona que si se produjesen actos de violencia en una protesta, no se puede denunciar a todos de manera indiscriminada, se tiene que abrir una investigación para establecer la responsabilidad de tipo personal. «No se puede trasladar esa responsabilidad a los dirigentes, es lo que da a entender esta institución, sin embargo en esta sentencia lo desconoce», añade Velazco.
CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
La sentencia contra Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo es cuestionable porque nunca se les observó tirando una piedra, bloqueando una vía, causando disturbios, agrediendo a personas, bienes públicos o privados, según indica el abogado David Velazco. Los delitos por los cuales fueron sentenciados nunca llegaron a probarse de parte del Ministerio Público.
«Como eran los dirigentes se supone que ellos planificaban todas esas actividades, cómo se les puedes atribuir la comisión de delitos, en los que no existe prueba alguna de que ellos hayan dado una instrucción para que se cometan disturbios. La propia sala penal esta diciendo que las protestas eran licitas», cuestiona Velazco.
Estas sentencias ejemplifican la criminalización de la protesta social, donde el Estado hace uso de las leyes para procesar y sancionar a personas que ejercen su derecho a la movilización. «El Estado peruano tiene una obligación internacional y nacional de proteger a los luchadores sociales para que realicen sus manifestaciones en circunstancias adecuadas, el haber incurrido al derecho penal para imputarles delitos que no han cometido, sin duda, alguna crea un precedente nefasto para la protesta social», sostiene el abogado.
Los familiares de los dirigentes consideran que están siendo perseguidos y criminalizados por el Estado Peruano, el poder de la empresa minera Southern, y poder político de las transnacionales extranjeras.
«Con estas sentencias se demuestra que el Estado sólo prioriza las inversiones y pretende callar las voces de protesta, tratan de disuadir haciendo escarnio en determinados dirigentes a través de una condena penal. Es un antecedente nefasto, sólo por ser dirigentes tienen que asumir responsabilidad penal», agrega Velazco.
En esa misma línea, Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sostiene que la sentencia contra Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo constituye un precedente nefasto para el derecho a la protesta en el Perú. «De acuerdo con los estándares internacionales no se puede atribuir a los organizadores de una protesta responsabilidad por todas las acciones que se realicen durante la misma. A los dirigentes se les responsabiliza por acciones delictivas de personas a las que no se ha logrado identificar, únicamente por su condición de líderes sociales», indica.
Recordemos que además del encarcelamiento de sus líderes, el Valle del Tambo ha sufrido la muerte de 6 campesinos por la represión policial, todas ellas en la impunidad hasta el día de hoy. «Nuevamente se evidencia el doble estándar del sistema de justicia que persigue implacablemente a los líderes sociales mientras que omite actuar diligentemente frente a la pérdida de vidas humanas», finaliza Pérez.