La puesta en marcha de la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional se da en medio de asuntos vitales para algunos partidos políticos, entre reformas constitucionales, investigaciones al Gobierno y casos emblemáticos de corrupción.

Miguel Loayza/ Justicia Viva del IDL

En los días que transcurren, la Comisión Especial del Congreso ha acelerado el proceso para elegir a las nuevas y nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Especialistas coinciden en que el tiempo destinado a recibir observaciones al reglamento, así como la renuencia inicial de consultar con otras instituciones, no favorecen a la transparencia e idoneidad del proceso.

“Este apresuramiento no denota una voluntad de recibir los mejores recursos para hacer una elección lo mejor posible, para convocar a los más capaces y honestos”, señaló para Justicia Viva el exprocurador anticorrupción Iván Montoya. Hoy, la Comisión Especial dará cuenta de los aportes enviados por instituciones estatales y ciudadanía -entre el 24 y 28 de septiembre- antes de publicar la versión final del reglamento del concurso.

Son muchas las razones por las que más de una bancada en el Congreso podría querer un TC a la medida. Más allá del revés que ha significado la revisión por parte del Tribunal de algunas de sus leyes, las fuerzas políticas del Parlamento tienen por delante batallas de mayor envergadura, entre reformas constitucionales claves, investigaciones al Jefe de Estado que podrían derivar en nuevos intentos de vacancia y casos de corrupción que involucran a determinados partidos. En todos estos temas, el máximo intérprete de la Constitución podría jugar un rol fundamental.

La comisión especial encargada de seleccionar a los magistrados del Tribunal Constitucional sesionó hoy para revisar los aportes recibidos de la sociedad civil.


Reformas peligrosas

La actual composición congresal ha mostrado una marcada proactividad por reformar la Constitución. Algunas de las propuestas que serán discutidas en los próximos meses apuntan a temas fundamentales, como la inmunidad parlamentaria y la bicameralidad. Sobre lo primero, el 5 de julio el Pleno del Congreso votó un cuestionado dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, que eliminaba la inmunidad de altos funcionarios -entre ellos, el presidente de la República y los miembros del TC-. El dictamen aún está pendiente de ser aprobado en segunda votación.

Sobre el tema de la bicameralidad los primeros pasos ya han sido dados. El 3 y 4 de septiembre -a pocos días de que se publicaran los audios que desencadenaron el proceso de vacancia contra Martín Vizcarra- las dos bancadas más numerosas, Alianza Para el Progreso (APP) y Acción Popular (AP), ingresaron por mesa de partes del Congreso dos proyectos de ley para que el Parlamento vuelva a funcionar con dos cámaras. Las propuestas, que ya fueron derivadas a la Comisión de Constitución, incluyen aspectos que podrían generar más de una observación.

En el caso del proyecto presentado por APP -que cuenta con la firma de Tania Rodas, secretaria de la Comisión Especial-, se contempla la instalación de una cámara de senadores y otra de diputados, lo que elevaría el número de parlamentarios a 180 (50 en el caso de los primeros, y 130 en el de los segundos). De acuerdo a esta propuesta, el presidente de la República no podría disolver la Cámara de Senadores, y los candidatos a la presidencia podrían postular también a un lugar en el Senado.

Proyecto de ley presentado por el congresista de APP, Omar Chehade Moya, que propone el retorno a la bicameralidad.


Por su parte, la propuesta de Acción Popular -firmada también por Rolando Ruiz, presidente de la Comisión Especial- coincide con la de APP en que el presidente estaría imposibilitado de disolver el Senado, pero incluye además un punto que podría levantar polémica, pues debilitaría la figura presidencial.

El proyecto propone modificar el Artículo 113 de la Constitución, en lo referido a la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral o física. De acuerdo al documento, para la vacancia se necesitaría apenas más de la mitad del total de votos en ambas cámaras (actualmente, para declarar la vacancia por esta causal se necesita dos tercios del total de congresistas).

Propuesta legislativa de la bancada de Acción Popular sobre la reforma constitucional.


“Son temas delicados, existen límites a la capacidad de reformar la Constitución. El Estado peruano se basa en un sistema de contrapeso de poderes, y debe haber cuidado con debilitar a un poder en beneficio de otro. Bajar la valla para la vacancia o quitar la inmunidad presidencial son temas que deben ser sometidos a un amplio debate público”, apunta Juan Carlos Ruiz, constitucionalista, exasesor parlamentario y coordinador del área de Litigio Constitucional del IDL.

Estas reformas constitucionales, así como otros proyectos en camino que incluyan aspectos discutibles, podrían ser sometidas a una revisión de constitucionalidad ante el TC.

“Muchas de las decisiones que ha tomado el Parlamento han terminado en el TC, y como han sido muy malas decisiones el TC le ha terminado enmendando la plana. Es claro que el actual Tribunal no ha sido muy condescendiente con el actual Parlamento, pero creo que con razones objetivas”, señaló el constitucionalista Pedro Grandez para esta nota.