La empresa Petrolera Perenco Perú Petroleum desistió de continuar con la demanda de acción de amparo interpuesta contra el Ministerio de Cultura, con el fin de detener el proceso de creación de la Reserva Indígena Napo Tigre y Afluentes aprobado por el ministerio en mención.

Es importante mencionar que Perenco opera en los lotes petroleros 39 y 67 que se encuentran dentro de lo que sería la Reserva Indígena Napo Tigre donde, según el Decreto Supremo N°010-2022-MC del Ministero de Cultura, se encuentran pueblos indígenas en situación de aislamiento.

Para la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), la demanda iniciada por Perenco ponía en una situación de riesgo la vida y libre determinación de los pueblos en aislamiento. Sin embargo, pese al retroceso de la empresa, en el documento enviado al Poder Judicial se menciona que dejan constancia de su derecho de activar mecanismos legales que protejan su situación jurídica.

Según lo conversado con Maritza Quispe, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), y que lleva el caso junto con ORPIO, esto significa que “desisten del proceso pero no de la pretensión. Ellos dicen ‘desistimos de la demanda, pero más adelante vamos a presentar una nueva acción’. Es como si hubieran retirado la demanda, pero si ellos se sienten vulnerados en sus derechos ellos pueden volver a presentar una demanda bajo los argumentos que ellos consideran”, dejando así la ventana abierta para un nuevo proceso.

Su principal demanda

Según lo descrito en el documento, lo que alega la empresa es que se habría transgredido su derecho al debido procedimiento y vulnerado su derecho a la libertad contractual, por ello solicitaron se les considere participar en el procedimiento que sigue el Ministerio de Cultura.

Sin embargo, Quispe señaló: “Nosotros ya tenemos argumentos para confrontar lo que ellos han señalado, no tiene justificación ese argumento”, ya que “la Ley 28736, que es la Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial (Ley PIACI), en su artículo 11 establece cuáles son los procedimientos para el establecimiento de las reservas, pero también establece quiénes son los integrantes de la Comisión Multisectorial para que se establezcan las reservas, y dentro de estos no están las empresas petroleras, entonces, no pueden decir que se ha vulnerado su derecho porque no estuvo dentro de este procedimiento, es ilógico”.

Además, mencionó que “lo que buscan las organizaciones indígenas es el establecimiento de estas reservas, que tienen como finalidad la protección y la intangibilidad de los territorios donde transitan estas poblaciones (en situación de aislamiento)”, y acotó “mientras se retrasa la creación de estás reservas se están entregando una serie de concesiones forestales en estas áreas, y el Estado, digamos, no hace nada, pese a que antes de su reconocimiento ya existían indicios de poblaciones en estas zonas”.

Perenco contra la Ley Piaci

La empresa Petrolera Perenco posee el 50 % del bloque 67 de la cuenca Marañón, ubicado en el noreste del país. El campo contiene 200 millones de barriles explotados desde 2013.

Según el medio francés Reporterre, “la empresa ha sido acusada de graves abusos contra los derechos humanos: amenazas, secuestros de sindicalistas y activistas ambientales, ejecuciones sumarias por parte de grupos paramilitares. A estas acciones se suman graves daños ambientales, en particular fugas de hidrocarburos. Estos métodos se han observado en Colombia, en la República Democrática del Congo, en Gabón, en Guatemala y hoy en Perú”.

Además, según el mismo medio, el jefe de prensa de la empresa Perenco, la segunda empresa petrolera más grande de Francia, declaró lo siguiente: “Recientemente ha habido una serie de informes inexactos y engañosos. El avance del procedimiento para la creación de la reserva Napo Tigre aún se encuentra en una etapa inicial y se necesitan más estudios para confirmar la existencia de PIACI (Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial)”.

Sin embargo, no sería la única voz en contra. Según La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), en julio del presente año el Gobierno Regional de Loreto reiteró su rechazó a los alcances de la Ley 28736, al considerar que tiene un impacto en el desarrollo económico de la región. Para la institución “a la fecha no se ha demostrado científicamente la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI).