Redacción Wayka

Tras cinco años de batalla legal y una vida expuesta a la contaminación minera de la empresa Glencore – Xstrata, una comunidad campesina de la provincia de Espinar (Cusco) y tres organizaciones indígenas que agrupan a personas afectadas por metales pesados obtienen un triunfo. En una resolución del pasado 30 de diciembre de 2020, el Poder Judicial ordenó al Ministerio de Salud atender a las personas perjudicadas por la actividad minera.

Por orden de la Corte Superior de Justicia de Cusco, el Ministerio de Salud deberá diseñar e implementar en 90 días una estrategia de salud pública que permita brindar atención médica a los campesinos de Espinar que pudieran haber sido afectados por los metales pesados generados por la actividad minera de la región, así como el monitoreo constante de los estándares de salubridad del agua y la vigilancia epidemiológica ambiental y sanitaria.

La demanda, presentada por la comunidad campesina Huisa, la Asociación para la Defensa de Paccpaco Afectada por la Minería (Adepami), el Comité de Usuarios de Agua Qquetara y el Frente de Defensa de Regantes de la Microcuenca Ccañipía (Fredermice), apunta también a la Municipalidad Provincial de Espinar y el Gobierno Regional de Cusco, que deberán participar en las acciones del Ministerio de Salud para atender a las personas afectadas por la contaminación minera.

La estrategia sanitaria del Ministerio de Salud deberá priorizar a niños y mujeres embarazadas. De acuerdo a información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) adjuntada en la resolución judicial, los metales pesados como el cadmio y mercurio afectan el sistema inmunitario y digestivo, así como la piel, los pulmones, riñones y ojos; mientras que el plomo genera disminución del consiente intelectual y afecta el proceso de aprendizaje y alteración de la conducta.

Para Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), esta sentencia es histórica. “Acaban de obtener una histórica sentencia en última instancia. Se trata de una sentencia frente a la cual los demandados, entre ellos el Ministerio de Salud y la Dirección Regional de Salud de Cusco, ya no pueden plantear ningún recurso impugnatorio, por lo que esta debe ser cumplida de inmediato”, comenta el abogado.

A nivel nacional, existen por lo menos doce zonas expuestas de manera crónica a los metales pesados y otras sustancias tóxicas, como el petróleo e hidrocarburos. Varias de ellas están agrupadas en la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas, conformada por comunidades de Amazonas (Imaza, Chiriaco), Áncash (San Marcos), Cajamarca (Bambamarca, Hualgayoc), Cusco (Espinar), Junín (La Oroya, Ondores), La Libertad (Shiracmaca, El Toro, Santa Cruz, Paranshique, Coigobamba), Lambayeque (Mórrope), Lima (Callao, San Mateo), Moquegua (Torata), Pasco (Cerro de Pasco) y Puno (Capachica, Huata, Coata).