Redacción Wayka
Cusco. Tras asistir a la provincia de Chumbivilcas para dialogar con las comunidades que protestaban contra la minera MMG Las Bambas y el Estado, el premier Guido Bellido Ugarte ahora es requerido en la provincia de Espinar, donde la población afectada por metales tóxicos pide ser incluída en el área de influencia socioambiental del proyecto Ampliación Coroccohuayco de la empresa Antapaccay.
En un oficio enviado el martes 17 de agosto, los dirigentes de las comunidades campesinas de los distritos de Pallpata, Ocoruro, Pichigua, Alto Pichigua y Condoroma, todas miembros de la Cultura Nación K’ana y de la provincia de Espinar, solicitan al premier Bellido Ugarte la instalación de una mesa de diálogo con la PCM para poner sobre la mesa sus demandas frente a los proyectos de la minera Antapaccay, la contaminación ambiental y la afectación por metales pesados sobre la población.
Desde 2018, representantes de estos cinco distritos de Espinar le han pedido a la Presidencia de Consejo de Ministros y al Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) que se les incluya en el área de influencia directa del proyecto minero Ampliación Coroccohuayco, de la empresa Antapaccay. El nivel de afectación sobre estos pueblos se determinó a partir de los datos encontrados en la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto.
El MEIA, por ejemplo, muestra que las emisiones de polvo que traerá la explotación minera y que contaminarán suelos y fuentes de agua superficiales y subterráneas. En el caso del río Salado, el cual ya se vio afectado por el proyecto minero Antapaccay, también recibirá el impacto de la Ampliación Coroccohuayco.
La distancia del proyecto Ampliación Coroccohuayco con los distritos de Espinar que piden ser incluidos en el área de influencia directa son del 6.37km con Chorrillo, 6.95km con Huacroyuta, 6.46km con Huarcapata, 8.17km con Pallpata y 11.47km con Canlletera. A esas distancias, se realizarán voladuras subterráneas que emitirán gases, polvos y vibraciones.
“Exigimos al Ministerio de Energía y Minas a no apresurar el proyecto Ampliación Coroccohuayco de la minera Antapaccay por su carácter excluyente de las comunidades que no son consideradas en el área de influencia ambiental”, dice el oficio enviado a la PCM. La carta, a la que Wayka tuvo acceso, también pide llevar a cabo el proceso de consulta previa de manera presencial.
Como se recuerda, en la misma provincia de Espinar, la comunidad campesina de Huisa, la Asociación para la Defensa de Paccpaco Afectada por la Minería (Apedami), el Comité de Usuarios de Agua Qquetara y el Frente de Defensa de Regantes de la Microcuenca Ccañipía demandaron al Ministerio de Salud por no declarar en emergencia ambiental y sanitaria la zona, pese a los estudios toxicológicos que confirmaba la afectación por metales pesados en personas, animales, suelos y fuentes de agua.
En diciembre de 2019 el Juzgado Mixto y Penal Liquidadora de Espinar le dio la razón a las comunidades y organizaciones de Espinar y ordenó al Ministerio de Salud que diseñe e implemente un plan de acción para atender a la población afectada por metales tóxicos. La resolución fue ratificada por la Sala Mixta Descentralizada, Liquidadora y de Apelaciones de Canchis.
“Se espera que el MINSA asuma adecuadamente la responsabilidad de establecer acciones de prevención y de atención integral a los afectados y afectadas. Entre otras cosas, esto pasa por determinar cuáles son las fuentes y rutas de contaminación para remediarlas e impedir que siga contaminando el entorno de los espinarenses y evitar que se dañe su salud”, dice un pronunciamiento de la comunidad campesina de Huisa.
