En los últimos meses se ha desarrollado un intenso debate global en función de qué mecanismos lograrán sacarnos de la crisis en la que estamos sumergidos a raíz de la pandemia del COVID 19. Sin lugar a dudas el punto de encuentro más evidente se halla en la necesidad de dejar la dependencia de nuestras economías de los ingresos generados por la quema de petróleo, carbón y gas natural, es decir, de los combustibles fósiles que perjudican, nuestra salud, territorios, y biodiversidad en aire, agua y suelos. 

En el Perú el escenario no es distinto, además de haber perdido empleos producto del virus, durante el 2020, se han dado numerosos derrames petroleros así como al mismo tiempo las cifras parecen decir hace mucho que ya no existen nuevos yacimientos que permitan pensar en continuar con el ritmo de explotación de hidrocarburos que se da.

La solución es pensar en una transición de fuentes de energía que aproveche el enorme potencial que tiene nuestro país y que genere en el camino, puestos de trabajo para todos y todas. Este proceso debería ser multisectorial e involucrar al menos a entidades estatales como el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego así como a organizaciones de pueblos indígenas, sindicatos y otras organizaciones de los territorios donde se plantee la explotación de fuentes limpias, renovables y en diálogo democrático con su ciudadanía. 

En ese sentido la Transición Energética debería ayudarnos a pensar cómo descontaminar (o descarbonizar) nuestro transporte en las ciudades, cambiar nuestras fuentes de electricidad a aquellas como la Solar, Eólica o Geotérmica de la que tenemos ingentes fuentes, al mismo tiempo que promover la industrialización de sus insumos para generar empleo e ingresos directos en nuestra economía y promover la innovación científica en estas áreas.

Además, rigurosamente debemos pensar en retomar la meta de Deforestación Ilegal Cero para evitar que se repitan catástrofes como la del 2020, año en que hemos perdido más de 190 mil hectáreas de bosques con sus consecuentes emisiones. Finalmente repensar el impulso a una agricultura agroecológica que reemplace los agrotóxicos para mejorar la calidad de los suelos y la salud de los peruanos con productos sanos. Es decir, la transición debe ser profunda e integral.

Hace pocos días se aprobó el Dictamen de la denominada Ley de Transición Ecológica (Ley Número 06935)  en la Comisión de Pueblos del Congreso de la República. La versión original de esta propuesta fue creada bajo el espíritu de integrar sectores, planificar el proceso de transición en diálogo con la ciudadanía, reducir la deforestación y la emisión de gases de efecto invernadero por la degradación de bosques, cambiar la estructura contaminante del transporte y declarar la Emergencia Climática. Hoy el texto aprobado apenas sostiene definiciones conceptuales del proceso, un fondo económico así como la determinación del método que fija el precio del carbono. Es evidente que se queda corto frente a los retos y el potencial de lo que se puede y debe hacer.

El proceso para iniciar una transición energética popular , donde se piense la energía como un derecho y no como mercancía, en nuestro país pasará por la aprobación de leyes como estas, aunque con vallas cada vez más altas, donde para descarbonizar totalmente nuestra economía serán necesarios procesos sociales intensos y normas, planes, estrategias y otros instrumentos de políticas que apunten a ampliar el debate ciudadano para dar a nuestro país un futuro sostenible. Nos toca cumplir el papel imprescindible y ciudadano de levantar las banderas de la transición hacia otra economía y otro sistema de producción democrático, sostenible y solidario.

Antonio Zambrano
Coordinador Nacional del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC). Politólogo y Máster en Desarrollo Territorial en América Latina y El Caribe por la Universidad Paulista de Sao Pablo ( Brasil)