Redacción Wayka

Marino Costa Bauer, el exministro de Salud de Alberto Fujimori y a quien se le señala como uno de los responsables de las esterilizaciones forzadas de más de 200 mil mujeres en los años noventa, presentó un recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional que actualmente espera ser evaluado.

Luego de ser denunciado penalmente por cometer delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en el 2016 Costa Bauer interpuso una demanda de amparo en el Poder Judicial. El exministro argumentó que se incumplió el plazo estimado en el que debía llevarse a cabo el proceso y, además, que se vulneró su derecho a la paz, la tranquilidad y la salud. Por esto, demandaba que la investigación de la que era objeto se archive definitivamente.

No obstante, el Poder Judicial declaró improcedente en primera y luego en segunda instancia la demanda presentada por Costa Bauer. De acuerdo al PJ, que no se lograra identificar a todos los perjudicados y que sea difícil individualizar el actuar de los implicados, complejizaba el proceso. 

Asimismo, la Fiscalía ya había emitido la Resolución N° 16 en relación a la investigación el 27 de julio de 2016, por lo que ya existía pronunciamiento final. Por otro lado, el PJ determinó que el derecho a la libertad individual del demandado se habían respetado y no se pudo demostrar que su salud se vió afectada.

CARTA BAJO LA MANGA

Pese a todas las decisiones judiciales en su contra, Costa Bauer, como carta bajo la manga, presentó este año un recurso de agravio constitucional ante el TC, en el que pide que se anule el proceso de investigación. Ante esta situación, la Procuraduría del Ministerio Público, Claudia Valdivia Piscoya, solicitó que se desestime por tercera vez la demanda, y recordó que se trata de un caso de violaciones a los derechos humanos.

“Estos delitos de lesa humanidad deben investigarse (…) de acuerdo al Estatuto de Roma,  teniendo en cuenta su imprescriptibilidad, y con una investigación adecuada, que es lo que no había sucedido en las investigaciones anteriores”, sostuvo la procuradora Valdivia Piscoya. 

En la audiencia pública del pasado 17 de julio, el magistrado José Luis Sardón, uno de los miembros del TC, puso en tela de juicio las recomendaciones de la CIDH y el Acuerdo de Solución Amistosa, que buscan comprometer al Estado peruano a brindar una solución a las víctimas de los casos de violaciones de derechos humanos. Sardón, quien en el pasado ha manifestado su simpatía al régimen de Alberto Fujimori, preguntó en esa audiencia: “¿por qué el Perú tendría que acatar a pie juntillas, no una sentencia de la Corte, sino una recomendación de la comisión?”. 

¿Qué podría pasar si el TC declara procedente el recurso presentado por Costa Bauer? De acuerdo a María Ysabel Cedano, abogada y directora de DEMUS, una organización no gubernamental que acompaña a mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas durante el régimen fujimorista, implicaría la nulidad de todo lo actuado y por actuar. Además, manifestó que estamos ante un megacaso con 2 mil 166 denunciantes que viene desarrollándose en el Poder Judicial. “Las víctimas también tiene derecho a la verdad y a la justicia”, declaró. 

Actualmente, la decisión podría ser evaluada tanto por los miembros actuales del TC como por los próximos electos por el congreso. En este sentido, lo que se ha denominado como «elecciones express» de los candidatos para nuevos miembros ha generado sospechas por la inusualidad del proceso. Más preocupante aún es la posibilidad que la demanda de Costa Bauer sea evaluada por un TC que responda ante los intereses de la mayoría parlamentaria.