Estudios jurídicos más exclusivos del país intervienen a favor de Keiko Fujimori

Redacción Wayka

Desde el lunes 7 de junio, una larga fila de letrados de los bufetes de abogados más conocidos del Perú iniciaron coordinaciones para hacerle seguimiento a los votos a favor de Keiko Fujimori que fueron impugnados en las regiones en las que Pedro Castillo obtuvo mayor votación. A la par, el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se ha acercado cada vez más al conteo rápido al 100% que emitió Ipsos el mismo domingo 6 de junio a las 10:00.p.m.

Los más de 80 abogados y practicantes que se sumaron al análisis legal de los votos contre el supuesto «fraude en mesa» anunciado por Keiko Fujimori, pertenecen a los bufetes Rodrigo, Elías & Medrano; Rubio Leguía Normand; Echecopar; Rebaza, Alcázar & De las Casas; Garrigues; Payet, Rey, Cauvi, Pérez; Miranda & Amado; Ghersi Abogados. Estos apuntan a revertir los votos impugnados en las regiones donde Pedro Castillo ganó, como Cusco, Puno, Cajamarca, Moquegua, Amazonas, San Martín, Arequipa, Madre de Dios, Apurímac, Huancavelica, Tacna, Ayacucho y Ancash. 

Frente a la intervención de estos abogados a favor de la candidata de Fuerza Popular, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 anunció que las 20 audiencias de hoy sobre los votos impugnados serán públicas. Fuentes del despacho de Jorge Salas Arenas, presidente del JNE, comentan a Wayka que la medida adoptada se dio para evitar que cualquier irregularidad o presión quede en cuatro paredes. 

CONTRA LA LEY

De acuerdo a la normativa vigente y apuntes de especialistas en temas electorales, los servicios ya iniciados por la larga fila de abogados sobre los votos impugnados serían delito.

Desde la Asociación Civil Transparencia, su secretario general Ivan Lanegra advirtió que “las personas jurídicas están prohibidas de realizar aportes al financiamiento partidario, aunque sean en especie, por ejemplo, servicios legales” y que “el financiamiento partidario de fuente prohibida es delito”. Un aporte en especie se refiere a toda entrega no dineraria, como servicios, bienes o derechos. Dichos aportes deben quedar consignados en recibos que expresen su valorización en soles. 

El marco legal vigente permite que el aporte de una persona natural a un partido político sea de hasta 120 UIT al año, lo que equivale a cerca de S/52 mil. En el caso de campañas a candidatos al Congreso o Parlamento Andino, estos aportes no pueden superar las 50 UIT, es decir, no deben superar los S/220 mil. Además, todos los aportes privados en efectivo que superen el 25% de una UIT (S/1,100), deben ser bancarizados. 

Por su lado, la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra Zegarra, también se refirió a los servicios de los bufetes de abogados a favor de la candidatura de Keiko Fujimori. “Desde el 2017, las empresas no pueden aportar a partidos políticos, tampoco en campañas. Y ya hay precedentes de ONPE y JNE de que no hay aportes gratuitos, todo bien o servicio puede ser objeto de valoración económica”, sostuvo Neyra al respecto. 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones, el escrutinio realizado en las mesas de sufragio es irrevisable. “Lo único que el JEE puede revisar son las actas con votos impugnados en mesa y las actas observadas por la ONPE por problemas formales”, apunta Lanegra, de Transparencia.

Al cierre de esta nota, el 50.206% de votos fueron para Pedro Castillo y el 49.794% hacia Keiko Fujimori; y el portal de la ONPE muestra que solo 452 votos se encuentran impugnados. 

ABOGADOS EN LA MIRA

Más de un bufete de abogados que actualmente interviene a favor de Keiko Fujimori, estuvo también vinculado e investigado por alguna presunta relación con el caso Lava Jato y los aportes a las campañas del fujimorismo. 

Uno de ellos fue el abogado José Zaragozá Amiel, socio del estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas. En 2017, Zagarogozá fue detenido porque habría actuado como intermediario en el pago de US$ 3 millones que realizó Odebrecht al exgobernador del Cusco, Jorge Acurio Tito, quien actualmente cumple una condena de cuatro años de pena suspendida de la libertad y una reparación civil de 30 mil soles por el delito de peculado. 

En ese contexto, la oficina del mismo bufete también fue allanado por el Ministerio Público por ser uno de los 27 estudios involucrados en los sobornos que Odebrecht habría pagado a distintos funcionarios del país del 2005 al 2014. 

Posteriormente, en julio de 2019, el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía allanó 26 inmuebles, entre los que se encontraban las oficinas de los estudios de abogados Muñiz, Philippi Prietocarroza Ferrero Du & Uria, y Echecopar. Miembros de esta última firma participan actualmente en el análisis de los votos impugnados. La hipótesis de la Fiscalía sostuvo que dichos bufetes habrían actuado a favor de Odebrecht en el marco del proyecto del Gasoducto Peruano del Sur.

Otro abogado que estuvo envuelto en el caso Lava Jato fue Jean Paul Chabaneix Cunza, del bufete Rodrigo, Elias & Medrano. En su caso, Chabaneix fue citado en 2018 a la Comisión Lava Jato del Congreso para que detalle sobre su participación como apoderado de la empresa Kuntur Transportadora de Gas en la adjudicación de la concesión de transporte por ductos del gas de Camisea.