A un mes de la disolución del Congreso, los excongresistas que no integran la Comisión Permanente pierden hoy su inmunidad parlamentaria en casos de delitos comunes. En ese grupo están los fujimoristas Moisés Mamani y Joaquín Dipas, con investigaciones y procesos pendientes
Redacción Wayka
Se venció el plazo. Luego de 30 días desde la disolución del Congreso, los exparlamentarios pierden automáticamente su inmunidad de proceso y de arresto.
Sin embargo, esto solo aplica para aquellos investigados por delitos comunes. Es el caso de dos excongresistas de Fuerza Popular:
Moisés Mamani, quien es investigado por el Ministerio Público por tocamientos indebidos en agravio a una tripulante de la aerolínea Latam. Y Joaquín Dipas, sentenciado por la Corte Superior de Justicia de Ayacucho a cinco años de prisión por el delito de colusión cuando ejercía el cargo de alcalde distrital de Pichari (2007-2010).
A partir del 31 de octubre, ambos podrían ser sujetos a investigación preparatoria, condena o prisión preventiva.
Otros congresistas como Richard Acuña (Alianza por el Progreso), Lizbeth Robles (Cambio 21), Clemente Flores (Peruanos por el Kambio), Marita Herrera (Alianza Republicana), Gilbert Violeta (Contigo) y Luciana León (Apra) también enfrentan investigaciones.
Sin embargo, son parte de los 28 parlamentarios que integran la Comisión Permanente del Congreso y perderán su inmunidad un mes después de las elecciones de enero de 2020.
Mayor plazo
Tampoco podrán ser procesados los congresistas con investigaciones por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, la aprista Luciana León, investigada por presunto tráfico de influencias y cohecho pasivo. Aun cuando pierda la inmunidad parlamentaria en febrero de 2020, tendría derecho al antejuicio político por cinco años.
Según informó el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi a El Comercio, existe un procedimiento a seguir en esos casos. El próximo Congreso tendría que autorizar al Ministerio Público para que pueda solicitar, por ejemplo, prisión preventiva, para un excongresista acusado por un delito de función. Así, serán los futuros parlamentarios quienes decidirán si las acusaciones se aprueban o se archivan.
