Ending Clergy Abuse (ECA), organización internacional de activistas de derechos humanos y sobrevivientes, exhortó a las autoridades eclesiásticas peruanas a pronunciarse sobre la persecución y criminalización de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, quienes investigan al Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), grupo religioso investigado por una serie de abusos físicos, psicológicos y sexuales contra sus miembros. Incluso a se está exigiendo a un juez siete años de prisión efectiva para el autor del libro «Mitad Monjes, Mitad Soldados».
«Luego de haber revelado una serie de abusos de todo tipo, así como ilícitos penales además de perversiones, en la sociedad de vida apostólica Sodalicio de Vida Cristiana, de origen peruana, ambos periodistas vienen padeciendo un hostigamiento constante y virulento, como parte de una campaña de asedio e intento de amedrentamiento inaceptable, la que se ha agudizado en momentos en que dicha institución católica se encuentra en su momento más crítico y es escrutada por el propio Vaticano», señaló dicha organización que viene siguiendo el caso de los periodistas desde el 2018.
Ending Clergy Abuse (ECA) indicó que la cacería contra Salinas y Ugaz se inició oficialmente con el obispo sodálite José Antonio Eguren, y luego ha sido continuada por personajes supuestamente ajenos a dicha organización pero que, en el tiempo, se han repartido funciones con el propósito de desprestigiarlos y demonizarlos, y, a partir de las narrativas fabricadas por estos, los mismos han presentado querellas y demandas calumniosas,
Asimismo, la organización internacional también nombró una serie de maniobras del Sodalicio para intentar silenciar a Salinas y Ugaz: El hackeo de sus comunicaciones, amenazas de muerte, allanamientos a sus viviendas, el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, operativos de marcaje y reglaje en sus domicilios, y el desvelamiento de operadores a sueldo a través de la denominada ‘Operación Valkiria’, entre otros.
Ending Clergy Abuse (ECA) también exhortó a las autoridades del Estado peruano, particularmente al Sistema de Administración de Justicia, para que se respete el debido proceso y «no se instrumentalice la justicia para perpetrar venganzas y represalias institucionales que solo aspiran a aplastar las libertades de los periodistas, las cuales están protegidas por las convenciones internacionales de los derechos humanos.
