Por Álvaro Meneses
Durante la huelga indefinida contra la minera Antapaccay, periodistas locales y organizaciones de la sociedad civil reportaron una serie de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas del orden, como torturas, detenciones arbitrarias y el uso de balas y perdigones contra los manifestantes. Recordemos que dichas manifestaciones iniciaron el pasado 15 de julio bajo el reclamo de un bono solidario de mil soles para cada familia de la provincia de Espinar.
Un reporte elaborado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) documenta a detalle los abusos cometidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) contra la población de Espinar. Además, en el documento se pide al Ministerio Público que inicie una investigación “para identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos”.
Entre los afectados, se reportaron tres heridos de bala, ocho personas con impactos de perdigones o bombas lacrimógenas, ocho dirigentes hostigados judicialmente por la Fiscalía y diversos testimonios de testigos que presenciaron los casos de tortura cometidos contra una veintena de manifestantes. Los testimonios también han sido recogidos por Wayka y dieron cuenta de comuneros que fueron rociados con combustible y amenazados de muerte por las fuerzas del orden la tarde del 22 de julio, cerca de la localidad de Cruzcunca.
Según los testimonios recogidos en una crónica de Wayka, se pudo confirmar que el grupo de policías que detuvo y amenazó con combustible a los comuneros, estuvo a cargo del coronel Pedro Agustín Vargas Chilón, quien, esa tarde, repetía a gritos: “¡Yo soy comando!”. La PNP, por su lado, prefirió no responder sobre sus actos.
Consultado por este medio digital, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, señaló que el haberles rociado gasolina a los comuneros no solo sería tortura, sino también un intento de homicidio, mientras que el defensor legal de DHSF, Ramiro Llatas, cuestionó el papel del Ministerio Público. “No han iniciado ninguna investigación sobre estos casos de tortura (…) pero sí investigan a los dirigentes, a la cirujana del Hospital de Espinar que confirmó comuneros heridos de bala”, criticó Llatas.
Lo documentado por la CNDDHH y DHSF concluye que la PNP vulneró “el derecho a defender los derechos humanos, la libertad de expresión (…) al haber cometido a actos de tortura y tratos inhumanos y degradantes a los protestantes; que el Ministerio Público “muestra una actuación parcializada, ya que criminaliza a los defensores de derechos humanos”; y que la minera Glencore-Antapaccay “no ha cumplido con el deber de actuar (…) para evitar contribuir a que se cometan violaciones de derechos humanos”.
