Por: Redacción Wayka

La presidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), Sylvia Mesa; la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Šimonović; y la presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica de las Naciones Unidas, Ivana Radačić, expresan su profunda preocupación por la posible eliminación del enfoque de género del Currículo Nacional de Educación, así como los supuestos casos de corrupción que buscarían la impunidad de delitos relacionados a violencia contra niñas y adolescentes en Perú.

“Ambos casos ameritan nuestra profunda consideración, dado que la eliminación parcial o total de la guía curricular constituiría un retroceso en las obligaciones internacionales del Estado en cuanto a eliminar la violencia contra las mujeres y promover educación en derechos humanos e igualdad de género. Además, de confirmarse los casos de corrupción en el sistema judicial, se dejaría en evidencia la vulnerabilidad y los riesgos que deben enfrentar las niñas y las mujeres al momento de acceder a la justicia”, señalan.

La demanda del colectivo religioso fundamentalista Padres en Acción se encuentra por resolver en la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema del Poder Judicial (PJ). El juez Pedro Cartolín, aún no ha emitido voto dirimente.

Sylvia Mesa, presidenta del Comité de Expertas del MESECVI, afirma que a través del Tercer Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará, «el Comité ha señalado que el sistema educativo requiere de un conjunto de normas que aseguren que las mujeres y las niñas reciban una educación libre de violencia, de estereotipos de género y sin discriminación”.

“El Estado debe actuar con diligencia debida para investigar y sancionar todo tipo de violencia contra las mujeres, garantizar la reparación de las víctimas y promover la educación y capacitación del personal de la administración de justicia, la policía y otros funcionarios responsables de la aplicación de la ley, así como a todo el personal vinculado  en la implementación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres”, declaran las expertas.

Por todo lo anterior, instan a las autoridades peruanas a tomar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso efectivo de las mujeres y las niñas a la justicia y a la educación, tal como lo establecen las obligaciones y compromisos internacionales en la materia, especialmente los emanados de la Convención de Belém do Pará y la Convención CEDAW de las Naciones Unidas, ambos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado peruano.

En particular, se insta al Estado a garantizar que la aplicación del Currículo Escolar se resuelva conforme a las normas nacionales vigentes. En consecuencia, confiamos que la Corte Suprema se pronuncie a favor de mantener el enfoque de género en las políticas públicas educativas.