Mientras las exportaciones en el sector agroindustrial se triplicaron en los últimos 11 años (2012-2023) y las utilidades empresariales crecieron 74%, las remuneraciones reales de los trabajadores agrarios cayeron un 29% desde el 2019, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Las agroexportaciones no tradicionales en el 2012 eran de 3.059 millones de dólares y en el 2023 fueron de 9.180 millones de dólares.

Esta información en se da en un contexto en que las agroexportadoras en alianza con el Congreso pretenden resucitar el antiguo régimen agrario, popularmente conocida como Ley Chlimper que concedía exoneraciones tributarias y recortes de derechos laborales.

Recientemente la Comisión Agraria aprobó un dictamen que brinda un paquete tributario a las empresas agroexportadoras que le costará al Estado S/1.850 millones anuales.

El exviceministro de Empleo Fernando Cuadros alertó sobre estas cifras a través de su cuenta de X/Twitter en el que recordó que el sector agroexportador se ha beneficiado durante 24 años con tasas de impuesto a la renta recortadas, depreciación acelerada, reducción anticipada de IGV, entre otros.

Es importante recordar que la Ley Chlimper —aprobada en los últimos días de la dictadura fujimorista— fue derogada por el Congreso en el 2020 luego del Paro Agrario acatado por los obreros de la agroindustria, en donde la represión policial del gobierno de Francisco Sagasti terminó con la vida de tres trabajadores que exigían mejoras salariales y la eliminación de un régimen que institucionalizaba la precariedad laboral.

La nueva Ley Agraria o Ley 3110 fue aprobada en reemplazo de la otra y esta reconoce el ingreso económico y otros beneficios de los trabajadores, pero que aun así ha tenido críticas ya que no resulta suficiente para los frentes y sindicatos agrarios y, por ende, se exigen mejoras. Asimismo establecía un esquema para que gradualmente se reduzcan los beneficios tributarios a agroexportadoras.

De igual modo, Cuadros señaló que en el dictamen que aprobó la Comisión Agraria se pretende limitar la fiscalización laboral de las agroexportadoras ya que en un punto del documento se indica que el ente del Ministerio de Trabajo concentre sus acciones en empresas informales.

La Ley Chlimper 2.0, como está siendo llamada, está a la espera de ser debatida en el Pleno del Congreso en donde podría ser aprobada, devuelta a comisión o archivada.