Escribe Julio Arbizú

El contrato social, teoría de Jean-Jacques Rousseau, que es la premisa que sostiene todos los Estados de Derecho modernos, supone, entre otras cosas la delegación del poder, en función de la voluntad popular, para que éste sea ejercido por personas que representen los intereses de todos los integrantes de una determinada comunidad.

Sobre esto, el profesor argentino Roberto Gargarella señaló, en alusión al derecho a la protesta de los ciudadanos, que si hemos delegado todo: el uso de la fuerza, la distribución de los recursos públicos, el ius puniendi, etc., lo mínimo que deberíamos reservarnos es nuestro derecho a disentir cuando las cosas van por el camino inverso al del interés colectivo. Por eso, dice Gargarella, el derecho a la protesta es el primer derecho, porque nos permite vigilar el correcto ejercicio de todos los demás derechos.

La lucha contra la corrupción tiene, a mi juicio, el mismo valor o uno superior. Cuando se comete un acto de corrupción en predios públicos, no sólo se pone en juego el patrimonio del Estado (los economistas han sido muy solventes en demostrar la cantidad de obras que se hubiese podido emprender con el dinero birlado de las arcas públicas), sino algo probablemente superior: derechos fundamentales de los ciudadanos.

Cuando el director de una escuela pública solicita una coima por inscribir a un alumno ¿no se vulnera el derecho a la educación? Cuando esto pasa en un hospital público ¿no se afecta el derecho a la salud? Cuando alguien trafica con influencias ¿no se vulnera el derecho el acceso a la justicia en términos igualitarios?

Por esa razón es tan importante la vigilancia, el empoderamiento del ciudadano para poder ejercerla y las herramientas con las que cuente. Una de ellas es el derecho de acceso a la información pública (recortada en recientes decisiones de la administración). En el contexto hagamos un análisis: ¿tiene el ciudadano realmente el poder suficiente para ejercer vigilancia y reforzar su ciudadanía? A ver, espero las respuestas.

 

*Julio Arbizu fue Procurador Anticorrupción de la República del Perú entre el 04 de octubre 2011 hasta el 10 de enero de 2014. Tuvo una labor reconocida.  Esta columna fue publicada en la edición impresa de Wayka N°6.