Falta de personal, recursos y refugio pone en mayor riesgo a víctimas de trata en Piura

Especialistas denuncian que la lucha contra la trata en la región no avanza por la falta de personal y recursos logísticos. Hace más de 14 años se hizo un primer pedido para la construcción de una casa de acogida exclusiva para las sobrevivientes, sin embargo hasta el momento la región no cuenta con espacios aptos de atención.

Por Malú Ramahí

«Daniela» es una adolescente venezolana que fue rescatada en un operativo policial y fiscal contra la trata de personasen Piura. Ella fue trasladada a un albergue de la Unidad de Protección Especial que dirige el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), pero a los pocos días apareció un hombre que se presentó como su «tío» y se la llevó alegando que era su tutor. El fiscal Ricardo Martínez recuerda el caso. Apenas se enteró que “Daniela” había dejado el refugio, visitó la dirección proporcionada por el supuesto familiar y descubrió que la casa estaba vacía y había sido puesta en alquiler. La Fiscalía notificó al MIMP por esta negligencia, y hasta hoy, pese a que uno de los tratantes fue sentenciado, el paradero de la joven es desconocido.

Este caso es una muestra de la precaria atención estatal a las sobrevivientes del delito de trata de personas. El abogado José Luis Velásquez, de la Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos (UDAVIT), reconoce las limitaciones que enfrentan en Piura. Él explica que solo cuentan con una sala de acogida temporal, que es un espacio con capacidad para apenas cuatro personas, donde las víctimas permanecen un máximo de 48 horas, según el protocolo establecido. Esta restricción las expone a una situación de vulnerabilidad, dificultando su protección y su reinserción social efectiva.

Velásquez señaló que en Piura existe una casa de acogida, pero su uso es exclusivo para víctimas de violencia, no para sobrevivientes de trata que requieren atenciones específicas. Según el abogado, la Comisión Regional contra la Trata de Personas está trabajando en la transferencia de un terreno para la construcción de un albergue especializado, una gestión que dependerá de las coordinaciones entre el Gobierno Regional y eL MIMP. Sin embargo, ese es un proyecto de medianos a largo plazo que no resuelve el desamparo y riesgo inmediato que sufren las víctimas de trata.

Mientras tanto, se están activando otras soluciones a más corto plazo. Socorro Nonajulca, miembro de la mencionada comisión, confirmó que han solicitado el traspaso de un inmueble donde se ubicará el Centro de Acogida Residencial (CAR) para víctimas de Trata de Personas, y están a la espera de los procesos administrativos de la Municipalidad de Talara.

“Su creación es una necesidad. Se llama especializado porque las víctimas deben tener un tratamiento especial por la magnitud del problema. No se trata de un CAR común. Detrás de esta niña u adolescente existe un pasado de maltrato externo, no es solo una violencia doméstica. Tienes que devolverle la confianza a la víctima”, señala Nonajulca. Las sobrevivientes, por ejemplo, necesitan servicios de psicología, asesoría legal y talleres de reintegración a la sociedad. “Si no tenemos un CAR especializado, no vamos a tener una reintegración efectiva”. 

Velásquez considera que la reintegración y recuperación de las víctimas es fundamental para que el Ministerio Público pueda diseñar lineamientos efectivos para protegerlas en el proceso judicial.

Piura: zona de tránsito y destino

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, publicado en 2020, Piura es considerada por la Policía Nacional del Perú y por el Ministerio Público como una de las zonas con mayor índice de casos de trata de personas, debido a su ubicación  fronteriza y la presencia de actividades como la minería informal, el narcotráfico y la pesca informal. Las provincias de Ayabaca, Huancabamba y Morropón son identificadas como áreas de alto riesgo de captación de víctimas. 

Actualmente la región es considerada como zona de tránsito y destino de explotación sobre todo de mujeres, niñas, niños, adolescentes y migrantes. En agosto pasado, la policía peruana y la ecuatoriana desarticularon una red de explotación sexual en el distrito de Suyo, en Ayabaca, y rescataron a seis personas, entre ellas, una menor de edad extranjera que había sido reportada como desaparecida desde marzo.

En 2023, la Fiscalía Especializada en Delito de Trata de Personas (FISTRAP) solicitó 77 medidas de protección para sobrevivientes de este delito en Piura, y en lo que va de2024 se han abierto 42 carpetas fiscales. El  60% de estos casos son por explotación laboral y un 40% por explotación sexual. 

Pese a este escenario de riesgo, la región solo cuenta con un reducido equipo de investigadores conformado por tres fiscales especializados y tres asistentes para toda la jurisdicción.

Sin recursos ni equipamiento 

El Fiscal Ricardo Martínez, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Piura, explicó que hasta febero de 2024 su equipo cubría el distrito fiscal de Piura, el cual abarca las provincias de Piura, Paita, Huancabamba, Morropón y Sechura, sin embargo, a partir de esa fecha les han asignado también las provincias del distrito fiscal de Sullana, asumiendo así la cobertura de toda la región.

Martínez cuenta que están desbordados por la cantidad de casos que debe investigar su despacho, y no cuentan siquiera con una movilidad propia para desplazarse a los operativos y citaciones. La falta de vehículos y recursos logísticos necesarios limita la capacidad de respuesta de esta entidad, especialmente en zonas rurales o fronterizas donde se registran más casos, sobre todo con víctimas venezolanas que son captadas al ingresar al país.

Las carencias en el ámbito policial son similares, pues apenas cuentan con 9 a 15 agentes dedicados a combatir este crimen. Ortelia Valladolid, especialista en prevención de trata de personas, sostiene que esta insuficiencia de recursos, vehículos y equipamiento les impide realizar intervenciones efectivas, ralentiza las operaciones y pone en peligro la vida y seguridad de las víctimas.

Valladolid subrayó que aunque el delito de trata de personas está en la agenda política desde el 2011, los avances han sido lentos y descoordinados. Por ello, considera urgente que el Gobierno refuerce las capacidades institucionales y logísticas en la región para frenar el avance del crimen organizado que lucra a costa del cuerpo de otros seres humanos.

La trata de personas es un fenómeno complejo que afecta los derechos y dignidad del ser humano. Este delito consiste en la captación, traslado, retención y explotación de otra persona, y aunque puede ser sancionado en cualquiera de los eslabones de esta cadena, se configura, además, como trabajo forzoso cuando el abuso se concreta. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las agencias de Naciones Unidas apoyan acciones conjuntas con el Gobierno peruano para luchar contra esta modalidad de crimen y, desde marzo de este año, se ha puesto a prueba un mecanismo interinstitucional para referenciar los casos de trata con fines de explotación laboral en el ámbito penal.

_______________

Esta historia incorpora las herramientas brindadas en el Taller sobre trabajo forzoso y otras formas de esclavitud moderna (2da edición), realizado por el Proyecto Bridge Perú de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)