Familiares de 17 víctimas de desaparición forzada esperan extradición de capitán del Ejército condenado a 20 años de cárcel
Por Rubi Andrade
¿JUSTICIA? El capitán del Ejército en retiro Julio Farfán Araujo, quien reside en EE.UU., es sentenciado a 20 años de cárcel por el delito de desaparición forzada en Ayacucho. Tras 38 años de búsqueda, familiares de los desaparecidos aún no conocen dónde estarían los restos de las víctimas ni qué pasó con ellos.
Tras 14 años de juicio, Julio Farfán Araujo finalmente fue sentenciado a 20 años de pena privativa de la libertad por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado y, como parte de la reparación civil a favor de cada uno de los herederos de los agraviados, se estableció que debe pagar la suma de veinte mil soles.
Sobre el fallo, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Sigfredo Florian Vicente señaló que: “La sentencia es en primera instancia y la defensa del condenado ha señalado que interpondrá un recurso de nulidad. De esta manera, la sentencia será enviada a una instancia superior, en este caso, a la Corte Suprema”.
Este procedimiento es sin perjuicio de que se inicien los trámites de ubicación, captura y extradición. Un proceso que es bastante complejo. Además, ya no habría otra instancia superior, y eso es lo que buscan las familias. Es decir, que la Corte Suprema pueda definir lo más pronto posible la sentencia final del caso, porque son 38 años de ocurridos los hechos, explica el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).
¿PELIGRO DE FUGA?
En 2015, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho ordenó la detención y prisión preventiva de 9 meses para Julio Farfán Araujo. No obstante, según el abogado Sigfredo Floria, variaron esta condición porque vivía en Estados Unidos y toda restricción fue levantada.
El peligro de huida es latente. Para proceder con el proceso de extradición, este debe ser aprobado por la Corte Suprema, armar los cuadernillos de extradición, pasar por el Poder Judicial, la embajada, y luego a Estados Unidos, un trámite que demora bastante tiempo, describe el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).
La batalla judicial inició en 2008, cuando los familiares de los desaparecidos interpusieron una denuncia y lograron que la Fiscalía de Ayacucho aperture la investigación. Entre las principales dificultades que ha tenido este proceso, Sigfredo Florian Vicente señala que: “Tener al acusado en Estados Unidos fue complicado porque se frustró el inicio del juicio oral de 3 a 4 veces, en un periodo de 3 años”.
A 38 AÑOS DE LAS DESAPARICIONES EN AYACUCHO
Según la sentencia, se le atribuye a Julio Farfán Araujo, en su condición de capitán y jefe de la base militar de San Pedro de Hualla – Ayacucho, de haber ordenado diversos operativos militares en Cayara, Chincheros y San Pedro de Hualla. Entre ellos, haber detenido a 17 personas que fueron trasladadas a la base militar en donde fueron desaparecidas.
Los hechos que vinculan a Julio Farfán a las desapariciones, figuran entre el 26 de septiembre y 22 de diciembre de 1984. Los desaparecidos son Marino Cuya Villagaray, Zozimo Villagaray Tinco, Elario Noa Villagaray, Fernando Jerónimo Villagaray, Fortunato Méndez Huamancusi, Ernesto Allaccaco Ucharima, Alejandro Sacatoma Allccaco, Emiliano Huamani Huamán, Julián Inca Huamán, Luciano Maldonado Tinco, Bernardo Ipurre Tacsi, Marcos Díaz Bautista, Alejandro Oncebay Cuba, Antonio Apari García, Placido Rosalio Torres Díaz, Renación García Palomino, Lázaro Palomino Apari.
El Conflicto Armado Interno que vivió Perú entre el Estado peruano y la organización guerrillera Sendero Luminoso dejó más de 69.000 muertos entre 1980 y 2000, según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). Además, señala que en el departamento andino de Ayacucho se concentra más del 40% de muertos y desaparecidos reportados a la CVR.
Según la ley Nº 30470, de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el período de Violencia 1980-2000, el Estado debe garantizar que se realice una investigación eficaz, exhaustiva e imparcial de las circunstancias de la desaparición. A 38 años del hecho, los familiares exigen que se les brinde información sobre el paradero de sus familiares.
