Familiares piden comisión multipartidaria que investigue responsabilidades por represión en las protestas de 2022 y 2023

A casi cuatro años de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, los familiares de las personas fallecidas y heridas durante la represión estatal de la Organización Nacional de Familiares y Víctimas de las Masacres 2022-2023 (ONAFAVIC) volvieron a pronunciarse. Milagros Samillán, hermana de Marco Antonio Samillán, médico que fue asesinado el 9 de enero de 2023 durante las protestas en Juliaca, junto a otros deudos, insistió en que su demanda de verdad, justicia y reparación continúa pendiente.

Justicia que no llega

La exigencia llega en un contexto de preocupación por la lentitud de varios procesos judiciales. En enero de este año, el Ministerio Público informó a los familiares que mantiene abiertas 54 carpetas fiscales relacionadas con las víctimas en las protestas de 2022 y 2023 y aseguró que las investigaciones continuarían bajo el subsistema especializado en derechos humanos.

Foto: Organización Nacional de Familiares de las Víctimas de las Protestas 2022-2023

Sin embargo, los avances son desiguales. En junio, la Fiscalía acusó al general PNP Víctor Zanabria y al coronel Frank Chang por lesiones contra dos civiles ocurridas durante las movilizaciones del 12 de diciembre de 2022 y solicitó ocho años de prisión. Zanabria, además, afronta otro pedido fiscal de 35 años de prisión por el caso de Víctor Santisteban Yacsavilca, fallecido en Lima. Se trata de acusaciones fiscales y los investigados mantienen el derecho a la presunción de inocencia mientras los procesos no concluyan.

Otros expedientes siguen esperando avanzar. En Pichanaqui, por ejemplo, la investigación preparatoria contra tres mandos policiales concluyó en diciembre de 2025, pero hasta junio de 2026 aún no se había presentado una acusación fiscal, según reportó El Objetivo. En Ayacucho, una pericia difundida este año estableció que el disparo que causó la muerte de José Luis Aguilar Yucra habría provenido de una posición militar ubicada a unos 70 metros, un elemento incorporado a las investigaciones.

La magnitud del caso sigue marcando la demanda de los familiares. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos registran 50 personas fallecidas, incluidos ocho menores de edad, durante la represión estatal ocurrida entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Para los deudos, el paso del tiempo no puede convertirse en una nueva forma de impunidad: los nombres de Marco Antonio Samillán, Víctor Santisteban, José Luis Aguilar Yucra y decenas de otras víctimas siguen esperando respuestas del sistema de justicia.

Piden una comisión multipartidaria que investigue

Al respecto, los familiares informaron que se reunieron durante los días 17 y 18 de agosto en Lima con cuatro bancadas del Congreso para exigir la conformación de una comisión de investigación multipartidaria que indague los hechos y determine responsabilidades. Según señalaron en un video difundido en redes sociales, también solicitaron la derogación de las leyes que, consideran, están obstaculizando su búsqueda de justicia. Los familiares demandaron que las fuerzas políticas alcancen un acuerdo para abrir esta comisión y reiteraron que los hechos ocurridos durante las movilizaciones no pueden quedar impunes. “La sangre derramada jamás será olvidada”, expresaron al cierre de su pronunciamiento, mientras esperan una respuesta de las bancadas a las demandas que les fueron presentadas.

Como se recuerda, la bancada parlamentaria Ahora Nación presentó una moción para que se instale una comisión investigadora por las muertes ocurridas en las protestas entre 2022 y 2026. La moción busca investigar las vulneraciones a los derechos humanos y las responsabilidades políticas y materiales.

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