Redacción Wayka

La semana pasada se dio a conocer mediante una denuncia en redes sociales, la realización de charlas que promueven el odio contra la comunidad LGBTIQ dentro de instituciones educativas públicas como el colegio emblemático Bartolomé Herrera. Este tipo de discursos se contraponen a lo anunciado por el ministro de Educación, Daniel Alfaro, para el Currículo de Educación Básica Escolar. A pesar de que la inclusión del enfoque de género continúa en un proceso judicial, como consecuencia de la demanda impuesta por el colectivo Padres en Acción.

El colegio Bartolomé Herrera no ha sido el único caso reportado, en las redes sociales de Juan Carlos Mizuaray, representante de la ONG Ex LGTB Perú (según su perfil de Facebook) y responsable de estos eventos, se muestran fotos de charlas sobre “educación sexual con valores” a escolares niños y adolescentes. Sin embargo, según videos colgados en la misma página del señor Mizuaray, se puede evidenciar su discurso homofóbico. De hecho, en uno de ellos se le puede escuchar diciendo, “nadie nace homosexual, nadie nace pervertido”, vinculando así la homosexualidad con una forma de “perversión”, algo descartado por organismos internacionales de salud hace décadas. Cabe mencionar también, que la discriminación por orientación sexual, según el Decreto Legislativo 1323 publicado en 2017, se sanciona hasta con 3 años de pena privativa de la libertad.

Wayka llamó en reiteradas oportunidades a la oficina de prensa del Ministerio de Educación, pero no obtuvimos una respuesta. Hasta el cierre de esta nota, la única información que recibimos al respecto es que “no existe un pronunciamiento oficial”. 

Por su parte, la directora ejecutiva de Promsex, Susana Chávez, comentó a Wayka que sorprende que algunos directoras y directoras de centros educativos no comprendan la lucha del gobierno en su defensa por un currículo que incluya igualdad de género, al permitir la entrada de grupos que “representan a quienes han interpuesto una demanda judicial”. Agregó además que “Permitir la introducción de un proselitismo político y más aún cuando este atenta contra los principios de la política educativa, debería ser enfáticamente rechazado, dado que atenta contra las funciones que les corresponde a los y las directoras, por lo tanto, también debería ser sujeto de sanción. Este no es un asunto que solo debe competir a las escuelas públicas, sino también a las privadas”.