La periodista Jacqueline Fowks alertó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), elaboró una propuesta de modificación del Reglamento de Organización y Funciones eliminando funciones clave de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
La preocupación se acrecienta por la reciente información difundida sobre las posibles modificaciones del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), que busca que la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) sea incluída dentro de la Dirección General de Derechos Humanos, lo que disminuiría su rango y responsabilidades y limitaría mucho más su presupuesto.
Cabe señalar que la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, es la principal encargada de impulsar la búsqueda de los desaparecidos durante el periodo de violencia vivido en los años del conflicto armado interno en el país.
Según lo publicado por la periodista Jacqueline Fowks, la propuesta de la modificación del ROF incluiría la desaparición de sus dos unidades orgánicas: las direcciones de Registro e Investigación Forense y de Atención y Acompañamiento para familiares, lo que significa que los familiares quedarían sin apoyo y las actividades de búsqueda ya no se impulsarían.
“Se estarían centrando en aspectos administrativos de registro pero se estaría sacando del reglamento las obligaciones de impulsar las búsquedas y de apoyar a las víctimas. Si eso se termina sacando del reglamento luego no habrá base normativa para que puedan operar. Hay que acordarse que en el Estado todo gasto parte de que tengas una base legal que te permita gastar, si esa base la sacan, la respuesta va a ser clara: no tenemos autorización para mover un solo centavo en acciones de búsqueda o en apoyo a la víctima”, explicó Percy Castillo, ex Adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.
Pese a la gravedad de la información, hasta el momento no hay un proceso transparente que aclare la presunta modificación del ROF y el futuro de la DGBPD. Según manifiesta Doris Caqui, presidenta de la Coordinadora Nacional de Familiares de Víctimas de Desapariciones Forzadas del Perú, han envíado oficios al director actual de la DGBPD, Javier Pacheco Palacios, solicitando se aclare la información, sin embargo hasta el momento no han tenido respuesta.
Por su parte, una delegación de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) confirmó para Wayka que viajaría a la ciudad de Lima para entrevistarse con el viceministro de Justicia, Juan Enrique Alcántara Medrano, para solicitar que continúe como siempre la búsqueda de personas desaparecidas.
Según el diario La República, fuentes relacionadas con la DGBPD no han sido capaces de negar la información, sin embargo alegaron que hasta ese momento no se había ejecutado ninguna modificación.
Familiares perdieron espacios de participación
Caqui además alertó que los familiares consiguieron un espacio de participación en la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas dado por Resolución Ministerial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero que esta dejó de ser convocada desde el ingreso del director Pacheco Palacios.
“Este espacio se llamaba Grupo de Trabajo que estaba conformado por los representantes de los familiares de los desaparecidos y por la sociedad civil (…) Desde la fecha que ha tomado el cargo el señor Javier Pacheco Palacios este espacio se ha perdido. Casi quincenalmente nos reuníamos antes de ello (…) esto es sumamente preocupante pero la verdad es que todo puede pasar en nuestro país”.
Además, Caqui extendió su preocupación por la falta de garantías de que la búsqueda de sus familiares desaparecidos continúe. Cabe señalar que según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (RENADE) se estiman más de 20 mil personas desaparecidas producto de los años de violencia.
“Nuestra preocupación central era lograr un presupuesto con nombre propio, es decir, un presupuesto para la búsqueda de personas desaparecidas. (…) Habíamos presentado una carta a Palacio de Gobierno. Estábamos viendo la manera de cómo tener reuniones con los congresistas para hacerles ver que urge la necesidad de contar con un presupuesto propio (…) Dentro de ello aparece un escenario cambiado y la verdad es que no dejamos de entender hacia dónde quieren llevarnos las autoridades”, contó.
Propuesta estaría ignorando Ley 30470
En 2016 se publicó la Ley 30470, Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el periodo de Violencia 1980-2000, cuya finalidad es priorizar el enfoque humanitario durante la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada en los años del conflicto armado interno. Es decir, otorgaba legitimidad al proceso de búsqueda y colocaba a los familiares en el centro del proceso, buscando aliviar su incertidumbre con la búsqueda, recuperación, identificación, restitución y entierro digno de sus seres queridos.
Al respecto Caqui señaló que los familiares se encuentran profundamente afectados, y reiteró la preocupación que genera esta modificación y la falta de información de esta propuesta, que revictimiza a los familiares, y no toma en cuenta el dolor de los mismos.
“Quizá lo que quieren establecer es el negacionismo. El negacionismo de todo lo que ha ocurrido, decir aquí no pasó nada, los que han muerto son los senderistas. No señores, los que han muerto eran nuestros familiares con nombre y apellido que eran padres de familia, que eran defensores de su comunidad, que eran líderes de su comunidad, no estamos hablando de terroristas, estamos hablando de 22 mil peruanos y peruanas quechuahablantes que han vivido toda su vida excluidos de la atención del Estado, y lo que hace el Estado en vez de reivindicarse con este pueblo dolido, es terruquear permanentemente”, sentenció Caqui.
Por su parte, Castillo explicó que esta propuesta iría en contra de lo establecido según Ley, y por lo tanto sería ilegal: “La Ley establece que esta (búsqueda de personas y apoyo a familiares) es una obligación, o sea estaríamos a nivel de un ámbito reglamentario, de menor jerarquía, estaría alterando el sentido de la Ley, y eso sería una reforma ilegal”.
Se conoce que después de la publicación de esta Ley, la recuperación de algunos cuerpos de víctimas de masacres de esos años están en proceso. Uno de los informes ha sido el de Socos (Ayacucho), presentado en noviembre de 2022. Tras este informe, se realizó una exhumación en 2023 y la restitución está programada para noviembre de este año en el que se entregarán 21 cuerpos.
Otro de los informes es el del Valle del Tsiriari (Junín), presentado el 2023 y que señala a 20 víctimas de la comunidad nativa Tahuantinsuyo. Según información de las organizaciones afines, los cuerpos han sido ya recuperados y ahora está pendiente la restitución.
Castillo reiteró que si bien los esfuerzos en la búsqueda de desaparecidos han sido lentos, y las limitaciones económicas han persistido, los informes han existido y con esta modificación este trabajo quedaría de lado.