Familias de víctimas de feminicidio exigen justicia y protección para quienes denuncian
Por: Silvia Bardales Q.
Familiares agrupados en “Familias Unidas por Justicia” volvieron a poner rostro y memoria a las mujeres víctimas de feminicidio. Con objetos personales, fotografías y testimonios, cuestionaron las fallas del sistema de justicia y recordaron que denunciar la violencia debería activar protección, no aumentar el riesgo.
En una conferencia de prensa, familiares de mujeres víctimas de feminicidio llegaron con algo más que documentos para reclamar justicia: llevaron los objetos que todavía conservan de sus hijas, madres y hermanas. Un DNI, una cadena, unas llaves, fotografías y un pequeño cofre de recuerdos se convirtieron en la evidencia de vidas que quedaron truncadas y de familias que, años después, continúan esperando respuestas.
“Este es el DNI de Stephany cuando tenía 17 años. Ella tenía sueños. Quería vivir. Pero cuando pidió ayuda, no fue protegida. Hoy alzo mi voz”, dice uno de los testimonios difundidos por Familias Unidas por Justicia: Familiares de Víctimas de Feminicidio.
La frase se repite en cada historia: hoy alzo mi voz. No como una consigna abstracta, sino como una denuncia frente a un sistema que, para estas familias, todavía no garantiza que pedir ayuda signifique estar a salvo.
Objetos que quedaron cuando ellas ya no están
Una madre muestra la cadena que le regaló a Erika. “La violencia dejó a dos niños sin su mamá”, relata. Otra familiar enseña las llaves que pertenecían a Ruth y recuerda que su nieta creció sin el abrazo de su madre.
Son objetos cotidianos, pero también funcionan como memoria. Cada uno permite reconstruir una vida más allá del expediente fiscal o judicial: mujeres que tenían proyectos, familias y personas que dependían de ellas.
“Este cofre guarda los recuerdos de mi hija. Su vida tenía sueños, proyectos y un futuro. Hoy sigo esperando justicia”, señala otro de los testimonios.
El reclamo de las familias no es nuevo. El colectivo se ha reunido durante años con instituciones del Estado para exigir avances en investigaciones y sanciones. En 2021, el Ministerio de la Mujer informó que mantenía reuniones periódicas con sus integrantes para hacer seguimiento a los casos y que su equipo de litigio estratégico atendía procesos de feminicidio.
La Defensoría del Pueblo ha recogido las preocupaciones de esta asociación. En 2023, sus integrantes señalaron demoras y deficiencias en las investigaciones y sanciones, además de la necesidad de garantizar atención integral para los familiares.
Denunciar no puede convertirse en otra forma de violencia
Uno de los testimonios resume el reclamo: “Estas fotos me recuerdan por quién sigo luchando. Yo denuncié. Denunciar debería significar protección, no seguir viviendo con miedo”.
Esta exigencia toca uno de los problemas centrales de la respuesta estatal frente a la violencia contra las mujeres: una denuncia no debería ser el final de la protección, sino el punto de partida para activar medidas oportunas, investigación diligente y acompañamiento a la víctima y su entorno.
La Defensoría ha advertido precisamente sobre obstáculos que pueden afectar las investigaciones de feminicidio: demoras, cambios de fiscales, deficiencias en la cadena de custodia, retrasos en diligencias y ausencia de enfoques de género, interculturalidad e interseccionalidad. También ha planteado la necesidad de una debida diligencia reforzada en estos casos.
El impacto tampoco termina con el asesinato. Quedan hijos e hijas, madres, padres y hermanos que deben afrontar el duelo mientras esperan que el Estado determine responsabilidades. El MIMP ha reconocido que el feminicidio afecta profundamente a las familias y que las víctimas indirectas requieren asistencia legal, psicológica, protección y apoyo para continuar con sus proyectos de vida.
Por eso, el mensaje de las familias termina siendo también una advertencia: “Porque denunciar no es delito. El feminicidio sí existe”.
Detrás de cada expediente hay una mujer que tuvo un nombre, una familia y una vida que no puede reducirse a una cifra. Y detrás de cada familia que sigue esperando justicia hay una pregunta que el Estado todavía tiene que responder: ¿qué falló para que ellas no fueran protegidas a tiempo y qué se está haciendo para que no vuelva a ocurrir?
Resaltaron la necesidad de promover una educación basada en la igualdad y la prevención desde todos los espacios donde se forman y desarrollan las personas, como las escuelas, universidades, hogares y centros de trabajo.
La campaña “Alzo mi voz” también hace un llamado a la ciudadanía a no permanecer indiferente frente a situaciones de violencia. Escuchar, creer y acompañar a una mujer que denuncia o atraviesa una situación de violencia puede ser determinante para su protección.
“Si ves a una mujer sufrir violencia, no ignores. Escucha, cree y acompaña. Si está en peligro, busca ayuda”, señalaron los familiares durante la presentación.
“Porque nuestras voces no se apagan. Porque prevenir también es una forma de hacer justicia”, manifestaron.
Las familias de víctimas de feminicidio reiteraron su compromiso de continuar exigiendo justicia, prevención y protección para todas las mujeres.
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