Redacción wayka

El fiscal Wilson Salazar, especializado en lavado de activos, ha imputado como presuntos autores de lavado de activos a Keiko Fujimori, Joaquín Ramírez Gamarra y Pier Figari Mendoza por el presunto traslado de dinero de la Universidad Alas Peruanas para financiar la campaña política de Fuerza Popular en 2016.

El proceso se inició a raíz de una denuncia presentada por accionistas y exdirectivos de la Cooperativa Alas Peruanas, dueña de la mencionada universidad y que fue dirigida por el fallecido Fidel Ramírez Prado. Según los denunciantes, la institución derivó indebidamente dinero a las cuentas de las empresas y del propio Joaquín Ramírez, quien, a su vez, entregó aproximadamente 8 millones a la campaña presidencial de Keiko Fujimori.

Según la investigación publicada en Diario La República, la universidad transfirió dinero a tres empresas de Joaquín Ramírez: Lima Ingeniería, Capricornio Import y Construcción e Integral Tecnologías. La primera entidad entregó a Fuerza Popular el inmueble de la calle Bucaré en Chararilla que sirvió como local para campaña presidencial de 2016.

Dentro del caso también está implicado el congresista fujimorista Osias Ramírez Gamarra, hermano de Joaquín Ramirez, por lo que el fiscal ha pedido que se le levante la inmunidad parlamentaria.

El fiscal Salazar también ha incluido en el caso a la viuda de Fidel Ramírez, Nancy Gallegos Vela, a sus hijas Nancy y Maribel Ramírez Gallegos y a su madre, Maribel Ramírez Gallegos. Además, están imputadas la esposa de Joaquín Ramírez, Rosa Castañeda; su socio de la Inmobiliaria Primavera, Edmond Jordán Montes; el esposo de Maribel Ramírez, Marco Urteaga Cabrera; el cónyuge de Nancy Ramírez, Yohny Ramírez Nuñez.

En paralelo, se ha dispuesto recopilar el testimonio de 31 personas, entre los que figuran Alberto Fujimori; Vladimiro Montesinos y el exsecretario general del partido fujimorista Jaime Yoshiyama, por sus vínculos con la universidad Alas Peruanos y por estar involucrados en procesos que favorecieron a la institución durante el régimen fujimorista.

El expediente del caso ha sido trasladado por completo a la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado para que inicie una investigación contra la Universidad Alas Peruanas.