Una niña de 12 años es víctima de violación en una comunidad campesina de Ayacucho. Tras no recibir a tiempo el kit de emergencia, quedó embarazada y se le negó el aborto terapéutico; legal desde hace más de un siglo en el Perú. Sus agresores tienen comparecencia restringida mientras que ella está en un refugio estatal.
Roxana Loarte
El NO de las niñas. A la protagonista de esta historia le pondremos de nombre ‘Rosa’. Sus iniciales las dejaremos para el expediente judicial que está en proceso de investigación. ‘Rosa’ es una niña quechuahablante de 12 años del centro poblado Añaycancha de la provincia de Vilcashuamán en Ayacucho. Ella es una de las casi 400 niñas víctimas de violencia sexual que se registraron durante los 105 días del estado de emergencia en el país. Pero también es afectada por todas las violencias del sistema.
La noche del 27 de mayo, ‘Rosa’ regresaba a la casa de su tía. Había quedado a cargo de sus otros familiares desde que su madre murió cuando ella tenía cerca de 4 años. Su padre rehízo su vida y tuvo otra familia con la que vive en Arequipa.
‘Rosa’ caminaba en la oscuridad y dos sujetos se acercaron hacia ella. Cleymer Máximo Ayala Prado (19 años) y Cesario Ayala Cisneros (25 años) habían prendido las linternas de sus celulares para ver a la niña y la tomaron por la fuerza. La agarraron de ambos brazos, le taparon la boca y la llevaron a una vivienda deshabitada cerca del lugar.
Cesario sujetó los brazos de ‘Rosa’ con una bufanda y la dejó con Cleymer hasta que le tocara su turno. Los gritos de la niña habían sido casi silenciados por la mano de uno de sus agresores. Cleymer entonces perpetró la violación.
Cuando Cesario también iba a violar a la niña, al igual que su primo, escucharon los pasos de un poblador que se acercaba con su linterna. Cleymer y Cesario huyeron del lugar, dejando a la niña amarrada y semidesnuda.
La noche más larga para ‘Rosa’ no culminaría en ese momento. Le esperaba toda una odisea por delante. Todas las violencias contra una niña que ahora vive en un refugio estatal para menores en abandono.
Estigmatizada
Un día después que ocurrió la violación, ‘Rosa’ le contó todo a su tío. Al día siguiente su familia decidió hacer la denuncia en la comisaría de Vilcashuamán. Tanto el acta de la declaración verbal del tío y la única entrevista que le hacen a la niña se realizaron el 29 de mayo. Ese mismo día también fueron al lugar de los hechos en la comunidad campesina, mientras que a la niña le practican los exámenes en medicina legal.
El resultado de la prueba de ‘Rosa’ arrojó: “signos de lesiones traumáticas recientes a nivel genital y superficie corporal”; es decir, que la niña había sido ultrajada y su cuerpo presentaba golpes, probablemente, producto del forcejeo y el lugar rústico donde la habían maniatado.
El 3 de junio Cleymer es llevado a la dependencia policial por presión de los comuneros. En su testimonio reconoce el acto sexual, pero declara que él y la niña son pareja desde febrero, y que además había sido una relación consentida. Sin embargo, en su examen médico legal se detalla que Cleymer presentaba una contusión producida por rasguño de uña. Y ‘Rosa’ nunca ha afirmado que tenían una relación sentimental. Cesario también es llevado a la comisaría un día después que su primo.
Los días posteriores tres personas cercanas a Cleymer –al parecer familiares del presunto agresor- testificaron a favor de él y mencionaron que ‘Rosa’ era su pareja o que ese día los habían visto abrazados. La tía de Cesario en cambio dice que su sobrino había estado en la plaza de Añaycancha hasta la medianoche ‘chateando’, cuando la violación a ‘Rosa’ se produjo al promediar las ocho.
A Cleymer le dictan la prisión preventiva por 9 meses como solicita el Ministerio Público y a Cesario lo dejan en libertad, pero con restricciones, a pesar que el pedido se hizo para ambos.
El Código Penal peruano sanciona la violación a menores de 14 años con la pena máxima de cadena perpetua. Cleymer Máximo Ayala Prado y Cesario Ayala Cisneros son investigados por los delitos contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual a menor de edad; en el primero, mientras que a Cesario en grado de tentativa.
El caso habría pasado desapercibido si no fuera porque dos hechos ocurrieron en el transcurso de la investigación que alertaron sobre su magnitud. ‘Rosa’ quedó embarazada a causa de la violación, y extrañamente apareció una autoridad local que desvirtuó el testimonio de la niña y otros elementos de convicción –es decir supuestas pruebas- que terminaron por poner a la niña como la culpable.
“Es un caso emblemático. No se ha aplicado el interés superior de la niña. No se ha tomado en cuenta el derecho de las mujeres a vivir libres sin violencia. Se la ha discriminado y estigmatizado. En el auto [resolución de cesación] parece que la niña fuera la investigada y no el agresor”, comenta Maritza Aparicio, representante de la organización Manuela Ramos en Ayacucho.
Inicialmente a Cleymer se le había dictado la prisión preventiva, pero luego el juez Efraín Ayala Tupia del Juzgado de Investigación Preparatoria de Vilcashuamán, deja sin efecto la medida y la cambia por comparecencia restringida. ¿Por qué?
El ex teniente gobernador de Añaycancha, Jhon Kenny Gamonal Salvatierra, acudió el 16 de junio al Ministerio Público para asegurar que Cleymer y ‘Rosa’ eran pareja. Dijo además que la niña tendría más de 15 años por la apariencia de su cuerpo o porque trabajaba en la chacra, y era vista como una mujer adulta. Con esto se pone en tela de juicio la palabra de la niña, y se refuerza la declaración de Cleymer; quien dijo que ‘Rosa’ lo había engañado sobre su edad.
“En la resolución judicial [del cese de prisión preventiva] se cita la declaración de un ex teniente gobernador, a quien luego de su intervención se ha cesado de su cargo. Dice que es costumbre que los adolescentes a temprana edad formen sus familias. Entonces esa declaración ha sido valorada por el juzgado sin ser contrastada”, afirma David Pacheco Villar, jefe de la oficina de la Defensoría en Ayacucho.
La resolución que señala David Pacheco tiene una serie de vicios porque se plantean estereotipos de género para deslegitimar a la víctima. Uno de ellos es considerar las relaciones con menores de edad como una «costumbre», y el otro tiene que ver con los cuestionamientos que se hacen al cuerpo de la niña. “Desde la Defensoría del Pueblo consideramos que son estereotipos típicos supuestos en los que la conducta, el patrón machista pretende justificar un acto sexual no consentido”, agrega.
A parte de la declaración del ex teniente gobernador, el juez considera dos elementos de convicción más. El 8 de julio a ‘Rosa’ se le realizan dos exámenes que se incluyen en el expediente. Una pericia [prueba] antropológica y otra de estomatología forense. Ambas con el fin de determinar su edad, a pesar que ya se contaba con la partida de nacimiento de la niña.
“Cómo se ha permitido a nivel de la fiscalía que se le practique el examen antropológico a la niña. Ella ya tenía una partida de nacimiento, ¿por qué vas a cuestionar su edad? Todos sabemos que en el campo las niñas trabajan como los hombres. Son cuestiones subjetivas que no vienen al caso. Ese auto [resolución] está lleno de estereotipos”, menciona Maritza Aparicio.
La lenta actuación de justicia para ‘Rosa’ es una piedra más en el camino. La semana pasada se vencía el plazo para que la fiscalía apele la resolución del juez. Y a pesar que se hizo la apelación y se presentó un recurso de queja a cargo del Ministerio Público, ambos documentos fueron declarados inadmisibles. Habían sido presentados el último día y fuera del horario de atención.
“Hemos pedido un informe por escrito. Eso también nos ha desconcertado. Es un caso preocupante, emblemático y la fiscalía ha tenido que esperar el último momento para apelar. La fiscal puso como excusa problemas de electricidad”, afirma el jefe de la oficina de la Defensoría de la región.
La salud de ‘Rosa’ en riesgo
Alrededor de la quincena de junio, la tía de ‘Rosa’ se comunicó con la Defensoría, preocupada por la salud de su sobrina. A partir de allí se dan cuenta que la niña no había recibido el kit de emergencia para los casos de violencia sexual, y ya habían pasado más de 72 horas. Tiempo sugerido para asistir a la víctima con el kit que previene el embarazo y otras infecciones de transmisión sexual, según una directiva del Ministerio de Salud.
En el centro de salud de Rodeapampa –otro centro poblado cercano-, ni el personal de salud y la fiscalía garantizaron que la niña reciba el kit a tiempo. Al ser trasladada a Huamanga, la prueba de embarazo da positivo. Entonces la familia decide solicitar la aplicación del protocolo para aborto terapéutico, tras recibir información sobre este derecho.
De acuerdo a una fuente cercana, en una reunión multisectorial que se llevó a cabo en Huamanga, se supo que el Ministerio de la Mujer recién habría intervenido casi dos semanas después de conocerse el caso de ‘Rosa’. La niña estuvo desprotegida y a su suerte.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través del Programa Nacional Aurora informó a Wayka que la menor se encuentra recibiendo atención social, psicológica y legal. Además, ha confirmado que la niña permanece en un Centro de Acogida Residencial (CAR) y lleva un tratamiento psicológico; pese a que en la resolución del juez Efraín Ayala, se dice que la niña no tiene ningún daño psicológico, como también lo sostiene la defensa de Cleymer.
A ‘Rosa’ nunca se le pudo aplicar el protocolo del aborto terapéutico, pese al pedido de la familia. En el proceso de la solicitud, la niña tuvo problemas de salud que pusieron en riesgo su vida y provocaron que tenga un aborto espontáneo. Según una declaración anónima, habría existido resistencia para que la niña accediera al protocolo; incluso, la presión de un sacerdote y una monja, quienes habrían asistido al mismo Hospital Regional de Ayacucho.
“Un médico ahí certificó que estaba en riesgo. Lo que sí tengo claro es que no se llegó a dar una respuesta a esa solicitud, y en el camino tuvo una emergencia”, asegura el Defensor.
La historia de ‘Rosa’ ha puesto en alerta a las organizaciones civiles en Ayacucho. Desde la Asociación Kallpa, el Movimiento Manuela Ramos, el Instituto Regional de la Mujer Ayacuchana, y otros, se ha solicitado la carpeta fiscal del caso de la niña, pero hasta ahora no hay respuesta.
Todas las violencias de la sociedad y el Estado han puesto en ‘Rosa’ una carga pesada por el resto de su vida. Desde sus agresores puestos en libertad, la negación al aborto terapéutico, la discriminación por ser mujer y la orfandad en la que ahora vive. ¿Cuántas niñas peruanas tendrán que ser violentadas y revictimizadas para lograr la justicia?
*Esta historia ha sido reconstruida a partir de la documentación a la que se tuvo acceso, la colaboración de Elmer Flores del medio digital Contraste Ayacucho, las declaraciones de personas cercanas al caso y de instituciones del Estado.
