Redacción Wayka
Por casi una hora, los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escucharon a los dirigentes indígenas de Loreto afectados por metales pesados por las operaciones petroleras que han contaminado sus ríos y bosques, quienes denunciaron la falta de voluntad política del Estado peruano para atenderlos.
Además de la presencia de los dirigentes indígenas Igler y Carlos Sandi, también estuvieron en la audiencia representantes del Ministerio de Salud, el Fondo Nacional de Ambiente y otras organizaciones no gubernamentales como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Perú Equidad, Oxfam, el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAA).
«La gente se está muriendo ahí, cuántas personas se están muriendo por falta de medicamentos. Lo que queremos es que se instale un programa de atención a metales pesados. Pedimos que la CIDH haga seguimiento y supervise al Estado”, dijo Igler Sandi, vicepresidente de la Organización de los Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos de la Frontera Perú Ecuador (OPIKAFPE).
Las declaraciones del dirigente indígena Igler Sandi se basan en el Estudio Toxicológico y Epidemiológico realizado por el Ministerio de Salud y que corroboró los altos grados de arsénico y plomo con los que viven las comunidades indígenas que habitan cerca a las cuencas de los ríos Pastaza, Marañón, Tigre y Corrientes de Loreto, las cuales han sido contaminadas por los derrames y la actividad petrolera.
Por su parte, el presidente de la Federación de Comunidades de la cuenca del Corrientes (FECONACOR), Carlos Sandi, hizo saber a la CIDH la poca voluntad del Estado para atender a los afectados. “El Estado nos vulnera desde hace cinco décadas. En pleno siglo XXI, nos siguen contaminando, nos siguen matando. Los acuerdos que se están materializando son por exigencia de las federaciones y de los pueblos. No hay voluntad política del Estado para atender, esperan que las poblaciones se movilicen para que recién las escuchen”, declaró.
La relatora de la CIDH, sobre los derechos de la niñez, Esmeralda Arosemena, preguntó a los representantes del Estado peruano sobre las estrategias para dar efectividad a los acuerdos entre los afectados. Los funcionarios del Ministerio de Salud, según algunos asistentes en la audiencia, no supieron responder.
