Por Álvaro Meneses

El Ministerio Público cesa su persecución judicial contra los líderes indígenas awajún Isaías Mayan y Augostina Mayan, defensores ambientales reconocidos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se dedican a proteger los bosques de la Cordillera del Cóndor de la tala y la minería ilegal. Contra ellos pesaba una denuncia penal por el presunto delito de secuestro extorsivo.

Ante el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Utcubamba en la región Amazonas, la Fiscalía Penal de Condorcanqui retiró la acusación penal contra el vicepresidente de la Federación Indígena Awajún del Alto Comainas y Sawientsa (FIACSA), Isaías Mayan y la expresidenta de la Organización de Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), Augostina Mayan, por el presunto delito de secuestro extorsivo, luego de reconocer la ausencia de pruebas que sustenten los cargos.

A mediados de 2016, cabe recordar, los líderes indígenas awajún y otros miembros de la comunidad nativa de Puerto Mori, del distrito de El Cenepa (Amazonas), retuvieron a los ciudadanos Justo Serna, Edisson Vílchez y Sebastián Núñez, quienes fueron identificados como presuntos mineros ilegales que operaban en la zona.  

Por haber sido retenidos, los presuntos mineros ilegales denunciaron a Isaías y Augostina Mayan, así como a Aldo Mayan Apikai, Zebelio Kayak, Emilio Tincho, Jeconías Nantip, Cristóbal Chumpi, Román Kunchikui, Timoteo Kayak y Pedro Sejekan. Tras la denuncia, la Policía Nacional detuvo a los líderes indígenas en el Aeropuerto David Abensur Rengifo de Pucallpa (Ucayali), cuando retornaban de un encuentro de defensores ambientales.  

Para Segundo Herrera Mejía, abogado de los indígenas awajún denunciados, “la Fiscalía debe ser bastante cuidadosa cuando atribuye este tipo de delitos a los integrantes de las comunidades nativas. La retención de una persona dentro del territorio indígena no constituye un delito de secuestro, sino una manifestación de la autonomía indígena y su derecho a proteger sus tierras frente a intrusiones no autorizadas”.

Por su lado, la abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), Rocío Meza, comunicó que el caso contra los defensores ambientales se ha archivado. “La investigación fue hecha con apresuramiento y la fiscalía ni siquiera pudo recoger el testimonio de los supuestos agraviados. No había manera de que el Ministerio Público sustente la acusación y menos que se condenen a los líderes indígenas. Por eso el caso se ha archivado”, explicó .