El Coordinador Nacional de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada, Jorge Chávez Cotrina, criticó al régimen de Dina Boluarte por flexibilizar las normas en la lucha contra la criminalidad en complicidad con el Congreso de la República.

Por Jair Sarmiento

«El Ejecutivo y el Congreso nos dan normas para no meterlos a la cárcel», manifestó el Coordinador Nacional de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada, Jorge Chávez Cotrina, durante el evento «Comprometidos por la seguridad ciudadana: enfrentando juntos los retos y desafíos» que se desarrolló en la Cámara de Comercio de Lima con presencia de policías, congresistas y funcionarios del Ministerio del Interior.

Frente a los cuestionamientos a la Fiscalía por «liberar» a criminales, Chávez Cotrina mencionó el Decreto Legislativo 1585, el cual fue promulgado por el gobierno de Dina Boluarte en noviembre de 2023 y que flexibiliza las penas para diversos crímenes como por ejemplo, la minería ilegal.

«Es justo que la población tenga un sinsabor con los fiscales», señaló el fiscal Chávez Cotrina, sin embargo, acotó que tal decreto modifica el Código Penal de tal manera que los jueces ahora puedan variar las condenas efectivas a suspendidas si la condena es menor de 5 años y esto permite que los sentenciados ya no vayan a la cárcel. Antes, el juez podía enviar a la cárcel a quienes tengan una condena mayor a 4 años.

Asimismo, Chávez Cotrina resaltó otra modificatoria que indica que si la Policía detiene a un joven de entre 18 y 25 años sin antecedentes penales, y es condenado a 8 años de cárcel, no podrá ser encarcelado, pues con los cambios legales la pena será suspendida. Al respecto, el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (Renadespple) señala que el 35% de detenidos están en ese rango de edad.

Además del Decreto Legislativo 1585, el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana mencionó en septiembre que hay acuerdos plenarios de la Corte Suprema de Justicia que flexibilizan las normas en la lucha contra la criminalidad, en relación a la tentativa de delitos.

«En el acuerdo plenario N°01-2023/CIJ-112 hay un tema muy importante que es la aplicación de la pena en casos de tentativa de delitos con circunstancias agravantes específicas. ¿Qué sucede? Cuando se da un delito, por ejemplo, el delito de robo agravado, que es uno de los más comunes, y que lleva una pena de 12 años a 20 años, este acuerdo dice que si el delito es en grado de tentativa, es decir cuando lo atrapa la policía y no se consume el delito, la pena se debe reducir en la mitad del límite mínimo y del máximo, es decir, a 6 y 10 años, y ya no de 12 a 20», mencionó Villena Campana.

Chávez Cotrina también habló de la escasez de peritos en el Ministerio Público y cómo esto afecta en la lucha contra el crimen organizado.

«En un crimen organizado detenemos de 20 a 30 (delincuentes) y normalmente incautamos 40 a 50 celulares en donde están los mensajes extorsivos, pero no tenemos tecnología para poder leer los celulares. Cuando los enviamos a los peritos del Ministerio Público, nos dicen que los resultados se tendrán en 6 meses porque no hay personal y no hay tecnología. ¿Cómo luchamos contra el crimen organizado si no hay instrumentos?», mencionó el fiscal.

Estas normas que favorecen al crimen organizado se suman a las ya conocidas como la Ley 32108, que ha sido rechazada por la sociedad civil, sindicatos, gremios de transportistas, organizaciones, expertos, etc.

Las extorsiones y el sicariato continúan en el Perú mientras el régimen de Dina Boluarte y el Congreso aprueban normas que debilitan la lucha contra la criminalidad organizada y tirando el balón a otras instituciones.