La iniciativa de Fuerza Popular pretende aprobar una prórroga para que durante dos años más se siga fabricando y comercializando el tecnopor pese a ser nocivo para la salud y el medio ambiente
El Proyecto de Ley 399/2021-CR, presentado por la bancada de Fuerza Popular, a iniciativa del congresista Jorge Alberto Morante Figari, propone la prórrogra del plazo para la prohibición del uso y comercialización del tecnopor, publicada en el año 2021 con la Ley 30884, que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables.
Esta propuesta pretende que se amplíe el plazo previo a la entrada en vigor de la prohibición del uso de tecnopor por 24 meses adicionales, pese a que ya hay un tiempo de transición establecido. Además, es importante señalar que dicha propuesta ya habría sido rechazada por la Comisión de Economía el 15 de diciembre de 2021.
Ante esto, más de 30 organizaciones ambientales firmaron un pronunciamiento en el que expresan su rechazo por el impacto negativo que genera el empleo de este tipo de productos en la salud humana y ambiental. De la misma forma, afectaría a las empresas que acataron la normativa y apostaron por el uso de otros productos.
“Si se llegase a aprobar esta nueva prórroga generaría un grave impacto en la salud pública a mediano y largo plazo (…) Estudios recientes señalan que las personas ya están consumiendo aproximadamente 5 gramos de plástico cada semana, el equivalente al peso de una tarjeta de crédito: asimismo se han encontrado partículas de plástico en la placenta de mujeres embarazadas y se sugiere como uno de los defectos, que se limite la habilidad de transportar oxígeno de los glóbulos rojo. Además de la salud,se perjudicaría a las empresas que en el marco de la ley han apostado por productos de reemplazo sostenible y, sobre todo, implicaría la vulneración del derecho fundamental e irrenunciable de las personas a vivir en un ambiente sano”, se lee en el pronunciamiento.
Al respecto, Paloma Roldán Ruiz, directora ejecutiva de ONG Ciudad Saludable, comentó para Wayka que la prórroga de la Ley traería como consecuencia: (1) el retroceso de todos los avances que se han dado para contribuir con la cultura ambiental de los empresarios y de la población. (2) se sentaría un mal precedente al dar un mensaje contrario a la priorización del cuidado del medio ambiente y la salud de las personas.
Además, acotó: “El principal argumento que hay es el tema de la reactivación económica y el contexto pandémico, si embargo esto no es tan real porque el costo del embase de tecnopor, normalmente los negocios que es a quien se busca apoyar, que todavía no han hecho el cambio a otras alternativas que reemplacen el tecnopor, es trasladado al consumidor, entonces no es realista. Lo lógico sería pensar en tener una propuesta a través del Estado de apoyar y dar soporte a aquellos negocios que empleen este tipo de empaques biodegradables Si se diera un impulso mayor los precios bajaran mucho más y sería más accesible para todos”.
Con respecto a la labor del congreso también mencionó: “El Congreso sí puede apoyar y sacar adelante procesos para tener herramientas y normativas de fiscalización, pero pensar en retroceder únicamente en el uso del tecnopor no tiene mucho sentido (…) Deben entender que el costo del tecnopor no es solamente un costo económico, es un costo ambiental y el costo ambiental lo pagamos todos, todas y todas las especies . ”
Transgrede normativas
Según la Constitución Política del Perú, existen legislaciones que protegen el medio ambiente y, sobre todo, el derecho de los ciudadanos a gozar de un ambiente adecuado. Estos son el Artículo 2°, que menciona que “toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”.
También el artículo 67º “el Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales”. Y el artículo 68º, que menciona que “el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas”.
Así mismo, la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, artículo 1, “toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida; y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país”.
Según lo conversado con Roldán, por estas razones, esta prórroga se contrapone a la normativa vigente, “estas leyes no solo buscan proteger los distintos ecosistemas, sino actividades relacionadas. Por ejemplo, la Ley 2909 que regula el trabajo de los recicladores. Hay que entender que el tecnopor, o los plásticos de un solo uso, que no tienen justamente opción de reciclabilidad, es en realidad como bulto para los recicladores porque la gente los coloca porque también hay mucha desinformación y confusión con respecto a que todos los plásticos son reciclables”.
Además, acotó, “se desvirtúa todo. En la lógica de la circularidad también, porque estamos buscando cambios a gran escala en la matriz energética y la forma en que producimos. Lo que es muy importante para que no se saque al mercado productos que no son insumos para nuevos productos, entonces el tecnopor no tiene otra salida. Y la normativa en términos ambientales es proteger a las otras especies, y podemos ver que ya hay una serie de afectaciones a las especies. En términos de normativa, se debe tener una mirada panorámica que en realidad ese costo ambiental lo pagamos todos”