Grave retroceso: congresista Jáuregui busca eliminar el delito de feminicidio
Milagros Jáuregui, congresista de Renovación Popular y pastora evangélica, insiste en promover iniciativas legislativas que buscan desmantelar políticas públicas a favor de las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta vez, mediante el Proyecto de Ley N º 10342/2024-CR, que propone reemplazar el delito de feminicidio por el de asesinato de la pareja en el Código Penal. Con esta iniciativa, busca retroceder más de 10 años de avances en legislación contra el feminicidio
La iniciativa, que lleva por nombre «Ley que modifica el artículo 108-B del Código Penal, reemplazando el delito de feminicidio por el delito de asesinato de pareja, en concordancia con el principio constitucional de igualdad ante la ley de mujeres y hombres, evitando la discriminación por sexo», fue presentada el 26 de febrero y actualmente se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República.
De aprobarse, supondría un retroceso normativo, equiparable a la legislación vigente antes de 2013, advierte Beatriz Ramírez, abogada constitucionalista consultada por Wayka.
“El proyecto de la congresista quiere regresarnos a los años 2011- 2013. Del 2011 al 2013 no se sancionaba la discriminación, se sancioba matar a tu pareja. En un montón de feminicidios no te mata tu pareja”, afirmó.
INICIATIVA BUSCA RETROCEDER A UNA LEGISLACIÓN ANTERIOR A 2013
Según los registros del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en 2024 se han reportado 162 feminicidios, de los cuales el 53,09% fueron cometidos por la pareja actual de la víctima, el 18,52% por exparejas, el 8,64% por conocidos, el 4,94% por familiares y el 14,81% por desconocidos. Estos datos revelan que cerca del 30% de los casos corresponden a agresores sin vínculo de pareja o expareja con las víctimas.
El feminicidio ―asesinato de una mujer por su condición de género―fue incorporado al ordenamiento jurídico peruano en diciembre de 2011 mediante la Ley N° 29819, que modificó el artículo 107 del Código Penal. Sin embargo, Ramírez, señala que, en un inicio, el cambio fue meramente normativo.
“Lo primero que se hizo en el periodo del 2011- 2013, fue colocarle la palabra feminicidio a aquellos homicidios en los que tú sabías que había una relación cercana entre las partes. Por ejemplo, eran cónyuges o convivientes”, explicó Ramírez.
Esto quiere decir que solo aquellos casos de personas muy cercanas ―únicamente con una relación de pareja―se les llamaba feminicidio hasta el 2013, fecha en el que se estableció la Ley N.º 30068. Esta norma es la que finalmente define el feminicidio como una forma agravada de homicidio y toma en cuenta la discriminación; es decir, el motivo por el que se mata a la mujer. Desde el 2018, el delito de feminicidio puede ser castigado hasta con penas de cadena perpetua.
La iniciativa legislativa que busca reemplazar el delito de feminicidio por el de asesinato de la pareja dejaría en un vacío legal aquellos crímenes contra mujeres cometidos por razones de género —motivos vinculados a la desigualdad y la discriminación— cuando no exista una relación de pareja.
«El feminicidio contempla supuestos que van más allá de la relación de pareja o expareja, abarcando situaciones de discriminación en distintos ámbitos, no solo en el ámbito afectivo», explicó Clea Guerra, abogada del Centro Flora Tristán.
Casos como el de Eyvi Ágreda, quemada viva en un bus de transporte público en 2018, o el de Juana Mendoza, asesinada por el exnovio de su hermana, dan cuenta de este problema. Bajo la normativa anterior a 2013, a la que este proyecto pretende retroceder, estos casos no habrían sido condenados como feminicidio, ya que las víctimas no tenían un vínculo afectivo directo con sus agresores, señaló Ramírez.
FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO RECHAZAN EL PROYECTO
El colectivo Familias por Justicia, integrado por familiares de víctimas de feminicidio, manifestó su rechazo al proyecto. Además de emitir un pronunciamiento, el pasado 5 de junio, realizaron un plantón frente al Congreso y presentaron un petitorio en el que advirtieron sobre los graves retrocesos que esta iniciativa podría suponer en materia de derechos humanos y en la lucha contra la violencia de género.
«Para nosotros esto significa un paso atrás en la lucha contra el feminicidio: menos protección para mujeres y niñas, y más impunidad para los agresores. Exigimos a los legisladores que prioricen los derechos de las mujeres y la erradicación de este delito», declaró Katherine Flores, presidenta del colectivo.
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