Histórico: el caso ‘Celia Ramos’ sobre esterilizaciones forzadas será escuchado en instancia internacional
Este 22 de mayo será un día histórico para las mujeres peruanas: por primera vez, un caso de esterilizaciones forzadas ocurridas durante el régimen fujimorista llegará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el máximo tribunal en la materia en las Américas.
Más de 25 años después de una larga batalla legal y a casi 30 de su muerte, el caso de esterilización forzada de Celia Ramos Durand, natural de Piura, por fin estaría camino a la justicia. Celia falleció en 1997 como consecuencia de la política estatal discriminatoria implementada durante el régimen de Alberto Fujimori. Su caso será el primero en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este jueves 22 de mayo.
“El caso representa la esperanza de justicia para las miles de víctimas. La corte al sentenciar no solo se va a pronunciar sobre el caso concreto de Celia Ramos, sino que va a establecer, por ejemplo, si esta política fue un crimen de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible, por lo tanto la lucha por justicia seguirá”, declaró María Ysabel Cedano, abogada del Estudio Para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) a Wayka.
La audiencia tendrá lugar el jueves 22 de mayo a las 10:00 a. m. (hora Perú) en la sede de la CIDH, en Guatemala, y será transmitida en el canal de YouTube de la Corte. Estarán presentes los familiares de Celia Ramos y su equipo legal, conformado por la organización feminista del Estudio Para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos Reproductivos.
Celia Ramos fue una de las 18 mujeres que murieron como consecuencia de las esterilizaciones forzadas y una de las 346,000 a quienes se les ligaron las trompas sin su consentimiento informado. También forma parte de las cerca de 7,000 mujeres registradas oficialmente como víctimas, que hoy continúan buscando justicia y reparación. Su caso podría sentar un precedente favorable para las demás afectadas y para la región, según precisó Cedano.
¿QUÉ FUERON LAS ESTERILIZACIONES FORZADAS Y QUÉ FUJIMORISTAS FUERON DENUNCIADOS?
El régimen de Fujimori impuso una política de control reproductivo que sometió a la ligadura de trompas a mujeres en situación de pobreza de zonas rurales e indígenas, proporcionando información incompleta e imprecisa, y vulnerando su derecho al consentimiento libre, informado y previo. Esta política se enmarcó en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.
El fallecido dictador Alberto Fujimori y tres de sus exministros de Salud —Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga Recuenco (actual congresista de la bancada Fujimorista)—, así como otros funcionarios de ese ministerio, fueron acusados como autores mediatos por la Fiscalía por el caso de esterilizaciones forzadas. En mayo de 2023, Fujimori negó los cargos. Durante las más de dos décadas de investigación del caso, los expedientes fueron archivados parcialmente en repetidas ocasiones.
EL LARGO CAMINO POR ALCANZAR JUSTICIA
El caso llega a la Corte tras agotar las vías de justicia en Perú. Fue presentado por Demus ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2010 y, en 2019, el organismo admitió el expediente. En 2021, declaró la responsabilidad del Estado peruano por la violación de derechos y le recomendó adoptar medidas de reparación y no repetición.
Sin embargo, al no registrarse avances en el cumplimiento de las recomendaciones, la Comisión remitió el caso a la Corte Interamericana en junio de 2023. Es así como el caso de Celia será presentado en audiencia de la Corte este jueves. Se presentarán las pruebas, declaraciones y alegatos de las partes.
“Esperamos que la Corte coincida con la defensa y encuentre responsable (al Estado peruano) por este crimen de lesa humanidad, entre otras violaciones a los derechos humanos. Esperamos que, cuando sentencie, pueda emitir reparaciones para la familia y también medidas de no repetición que ayuden a encontrar justicia y reparación integral para las miles de víctimas”, manifestó Cedano.
OTRO RÉGIMEN, EL MISMO ACCIONAR CONTRA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
El pasado 2 de mayo de 2025, la CIDH emitió un pronunciamiento en el que instó al Estado peruano a garantizar que la organización Demus pueda continuar representando a las víctimas del caso Celia Ramos Durant y otros vs. Perú sin enfrentar represalias. Ello debido a la promulgación de la Ley APCI —denominada por organizaciones de derechos humanos como «Ley Anti Justicia»— por obstaculizar la defensa legal en casos contra el Estado y favorecer la impunidad.
«La Corte nos dio minutos adicionales para referirnos al tema (Ley APCI) en la audiencia. Para nosotras, que la ‘Ley APCI’ siga vigente representa un riesgo para Demus y todas las organizaciones que se dedican a la defensa de derechos humanos», declaró De León a Wayka.
Tanto María Ysabel Cedano como Gisela De León, representantes legales del caso de Celia Ramos ante la CIDH, instaron a la ciudadanía a seguir la audiencia a través del canal de YouTube de la Corte.
Aunque la Corte no tiene un plazo exacto para emitir sentencia, se espera que se resuelva en alrededor de ocho meses.
