Zintia Fernández
¿Violaciones a los derechos humanos? Cinco ciudadanos de la comunidad urbana de Huaycán en Lima, denuncian que fueron golpeados y vejados por parte del personal del Ejército del Perú, efectivos de la Policía Nacional y del Serenazgo del distrito de Ate Vitarte.
Los hechos -según los demandantes- ocurrieron en un descampado, tras ser detenidos durante el horario de toque de queda, en el marco de la emergencia nacional por el COVID-19. A causa de las severas lesiones, algunas de las víctimas han quedado postradas. Vecinos y familiares reclaman sanción a los responsables.
Una noche larga
El jueves 9 de julio, Jorge Joel Sanjorge (25 años) salió de su casa a las 10:30 de la noche para buscar medicamentos y disminuir la fiebre que aquejaba a su pareja, pero en el camino fue rodeado por militares y serenos de la municipalidad de Ate Vitarte. “Él pensó que le iban a entender, pero ni siquiera lo dejaron hablar y lo subieron al vehículo. Recuerda que estuvo aplastado con otros jóvenes hasta que llegaron a un descampado. Les obligaron a quitarse la ropa para golpearle. Me dice que tuvo que apoyarse con “Coco” [otra de las víctimas] para salir de allí y llegar a sus viviendas, porque no podían caminar bien. Llegó en la madrugada del viernes. Sus S/ 20 se lo quedaron”, contó a Wayka, Janira Sanjorge, hermana de Jorge Joel.
Con el pasar de las horas, Joel no podía moverse y quedó postrado en cama hasta ahora. El joven es el único sustento de su familia, pareja y sus hijas de 2 y 4 años. Por su trabajo en llanterías ganaba entre 30 a 40 soles diarios. Recién el día sábado 11 de julio fue llevado al Instituto de Medicina Legal donde le sugirieron que se realice una evaluación interna en el Hospital de Huaycán. La familia señala que a la fecha no tienen el informe médico completo. “No sabemos qué daños tiene internamente, ni qué medicamentos darle. Solo dice que le duele la columna, las costillas y el abdomen. No camina”. Ayer lunes 13 de julio recién presentaron una solicitud para acceder al informe médico, pero les indicaron que la respuesta saldrá dentro de 7 días.
En el mismo grupo de Joel, también estuvo Miguel Ángel Flores (34 años), quien fue retenido en el sector Horacio Zevallos de Huaycán. Recuerda que vio a un joven vomitar sangre, producto de la golpiza de militares, a la vista de serenos y policías que estaban presentes. “A pesar de eso no dejaban de golpearlo. Nos humillaban, nos obligaron a echarnos boca abajo para tirarnos tierra, desnudos. Todavía tengo restos en el oído. Yo reconozco que estuve fuera durante el toque de queda, pero no justifica la tortura que nos hicieron. Recién ayer [lunes 13 de julio] pude levantarme, pero el dolor es terrible”, narró Flores a Wayka.
Miguel Ángel trabaja junto a su tío Teobaldo Flores en una carpintería familiar, pero estos días tuvieron que detener sus labores para proceder con la denuncia. El resultado del médico legal realizado luego de la denuncia, arrojó 8×3 (días de atención facultativa x días de incapacidad médico legal), según recuerda Miguel Ángel. Una medida que detalla la gravedad de las lesiones. “Si una persona es agredida, basta que arroje un día para que el agresor sea detenido”, indicó una fuente policial consultada por Wayka.
Otra de las denuncias corresponde al DJ Jean Pierre Villegas Torres (20 años), quien declaró a Wayka que fue detenido por los militares dentro de una vivienda mientras trabajaba junto a otras 9 personas. “Nos hicieron subir a la tolva del carro de los serenos. En una camioneta había 5 personas y dos militares, también en el otro vehículo con la misma cantidad de militares”, indicó.
“Primero nos llevaron al ‘hueco’ [descampado] donde estuvimos arrodillados una hora. Uno de los militares recoge una peluca que encontró en el suelo. Me dice que me ponga y vaya a la esquina “a trabajar”, pero había otro militar que le gritó que no debía pasarse o loquearse conmigo. Después de la hora nos llevaron al canchón donde más o menos 10 estuvimos con las manos en la pared. Nos golpearon en la costilla, espalda, pantorrilla y lo glúteos, con todo lo que encontraron en el camino: madera, palos. [Yo] Reclamaba por qué hacían eso, pero me golpeaban más. Al rato ingresó uno que se hacía llamar “Capitán Cueva” y creo que era el más enfermo. Cuando nos dijeron que teníamos un minuto para desaparecer salimos como pudimos, dejando polos, medias, pantalones porque quien volvía era golpeado”. Jean Pierre Villegas considera que ha sido un extremo lo que hicieron con él y el resto de personas. Su trabajo de madrugada “era una forma de llevar un pan para mi hija”, asegura.
Denuncias sin atención
Los tres jóvenes reciben asesoría del abogado Héctor Tripul Nunta, quien reúne cinco casos similares. “Me voy a reunir con uno de los denuncianten para acudir a la comisaría [de Huaycán], porque cuando fue solo, los policías se burlaron de él. Por vergüenza se ha tenido que retirar”, precisó a Wayka.
Tripul señala que recibió los casos desde el sábado 11 de julio e hizo observaciones con dos denuncias que habían sido formuladas. “Hay errores gravísimos en los actuados e incluso en el resultado de Medicina Legal [del instituto]. Por ejemplo, fecha y lugares imprecisos, el resultado legista no arroja la incapacidad que tiene. Una persona común no puede saber ello. Se burlan», agrega.
No descarta que mientras avancen las investigaciones, los casos denunciados por el delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud en modalidad de Lesiones, pueda variar al de secuestro y tortura. “La ley indica que debieron ser llevados a la comisaría para los procesos administrativos y no llevados a sufrir tanto física y psicológicamente”, sostiene el abogado.
Por su parte, los vecinos de Huaycán se organizan para exigir al alcalde de Ate Vitarte, Edde Cuéllar, de Acción Popular, facilitar las investigaciones con las cámaras de seguridad y apoyo a los afectados, quienes no cuentan con medicinas y economía para garantizar su atención de salud y alimentación.
Ejército se pronuncia
En tanto, el Ejército publicó el comunicado oficial N° 026/EP donde da a conocer el inicio de un proceso de investigación a través del Sistema de Inspectoría, con el objetivo de determinar las circunstancias en que se han producido los hechos denunciados y establecer las acciones que corresponden, de acuerdo a la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
Nota de l@s editor@s: Los denunciantes poseen fotografías donde se puede observar las secuelas de la brutal golpiza y que pueden servir a la investigación de las autoridades. Por su fuerte contenido visual, Wayka no publicara la totalidad de las imágenes.
