Después que parecía consolidarse una democracia regida por el respeto a los derechos humanos, mi país ha tomado un significativo paso en retroceso tras otorgarle al ex-mandatario Alberto Fujimori un indulto y derecho de gracia.

Varios organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, al igual que legisladores de EEUU como el Congresista Eliot Engel han proclamado su fuerte oposición a esta reciente decisión.

No cabe duda que esta no es más que una movida política del actual presidente Pedro Pablo Kuczynski tras negociaciones con fujimoristas, quienes lo salvaron durante el proceso de voto de vacancia.

Como peruana, abogada y activista de derechos humanos me siento indignada por este nuevo capítulo oscuro que se ha abierto en mi país.

Fujimori fue condenado por un tribunal peruano a 25 años de prisión por graves violaciones de derechos humanos. Esto ocurrió después de que otras entidades internacionales también concluyeran que Fujimori fuese responsable de crímenes de lesa humanidad, como lo demuestran los casos de la Corte Interamericana de La Cantuta y Barrios Altos.

En esos casos emblemáticos, que solo representan un par de la serie de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante su presidencia, se responsabiliza a Fujimori de los delitos de homicidio calificado y asesinato con alevosía, lesiones graves y secuestro.  Para los familiares de las víctimas, por ello, el cumplimiento de la condena era la única manera de reconciliar la injusticia de haber perdido a sus seres queridos de una manera tan violenta y en manos del Estado.

Además, el informe médico sobre el cual se basa el indulto carece de independencia ya que el doctor de Fujimori formaba parte de su junta directiva; dichas pruebas serían imposibles de admitir en otro organismo judicial. Tampoco existe prueba de que la cárcel agravaba la salud del ex-mandatario.  Y de ser así, la medida apropiada hubiese involucrado la transferencia de Fujimori a dependencias hospitalarias adecuadas.  Como lo manifiesta la Comisión Interamericana, esta medida no es proporcional al perdón de la pena y la gravedad de los delitos cometidos.

También es preocupante que Fujimori haya sido puesto inmediatamente en libertad después de la aprobación del indulto, dado a que este tipo de amnistías se resuelven tras procesos que toman tiempo. Sin ninguna oportunidad de revisión o apelación, ni tampoco transparencia, esta medida no cumple con los elementos de debido proceso, los cuales son garantizados tanto en la ley peruana como en la normativa internacional.

Si bien el presidente Kuczynski tiene la potestad de otorgar un indulto, dicha medida, como lo indica la Comisión Interamericana, “debe estar regida por principios constitucionales y normas internacionales de derechos humanos”. El derecho internacional ya ha declarado en varias ocasiones que amnistías e indultos no pueden ser otorgadas a culpables de crímenes de lesa humanidad, como es en este caso Fujimori.

Al otorgar este indulto, el Estado peruano incumple con las sentencias nacionales y desconoce sus obligaciones internacionales. El indulto es insulto. El indulto es crueldad. El indulto es ilegal. El indulto es una vergüenza internacional.