Informe alerta posibles crímenes de lesa humanidad en El Salvador

Un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte que el régimen de excepción aplicado en El Salvador desde marzo de 2022 por el gobierno del presidente Nayib Bukele y el Congreso podría haber dado lugar a crímenes de lesa humanidad, debido a la magnitud y sistematicidad de las violaciones de derechos humanos cometidas y documentadas durante esta política de seguridad.

La investigación fue realizada por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción (GIPES) y presentada durante la última audiencia pública realizada por el organismo regional. Según el informe, existen “bases razonables” para considerar que en el país se han cometido delitos contemplados en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

El régimen de excepción fue aprobado por el Congreso salvadoreño con el respaldo del partido oficialista Nuevas Ideas para enfrentar la violencia de las pandillas. Desde entonces ha sido renovado de manera periódica y ha permitido suspender varias garantías constitucionales, entre ellas algunas vinculadas al debido proceso.

Violaciones sistemáticas y toleradas por las autoridades

De acuerdo con los expertos, la aplicación de esta medida ha derivado en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y asesinatos bajo custodia estatal. Estas prácticas, según el informe, no serían hechos aislados sino parte de un patrón de actuación de fuerzas policiales y militares que contaría con conocimiento de altos mandos del gobierno.

Entre los datos recopilados por la investigación se documentan 403 muertes bajo custodia estatal, incluidos al menos cuatro menores de edad, así como 540 casos de desaparición forzada registrados hasta febrero de 2025. El reporte también señala que las detenciones masivas han incluido a niñas, niños y adolescentes.

Durante la audiencia ante la CIDH, la jurista Susana SáCouto, integrante del grupo investigador, explicó que los hechos documentados apuntan a posibles delitos internacionales cometidos contra la población civil, como encarcelamiento en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, persecución y otros actos inhumanos, incluso contra menores de edad.

Leonor Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), advirtió que aunque el gobierno salvadoreño ha presentado su estrategia de seguridad como un éxito en la reducción de la criminalidad, el costo para los derechos humanos ha sido elevado. “Muchos salvadoreños han dejado de temer a las pandillas para empezar a temer al propio Estado”, señaló durante la audiencia.

El informe recomienda que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas establezca una misión internacional independiente para investigar los hechos, garantizar la rendición de cuentas y determinar responsabilidades tanto de autores materiales como de quienes habrían ordenado o permitido estas prácticas.

Asimismo, las organizaciones que respaldan el reporte —entre ellas la Fundación para el Debido Proceso, la Comisión Internacional de Juristas y la Federación Internacional de Derechos Humanos— sostienen que la comunidad internacional debe seguir de cerca la situación en El Salvador para asegurar que las políticas de seguridad se implementen respetando el derecho internacional y las garantías fundamentales.

El debate sobre el régimen de excepción continúa siendo uno de los temas más controvertidos en el país: mientras el gobierno de Bukele lo defiende como una herramienta clave para reducir la violencia de las pandillas, organizaciones de derechos humanos advierten que su prolongación podría consolidar un modelo de seguridad basado en la suspensión permanente de derechos.

En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele viene implementando un régimen de excepción para combatir el problema de la inseguridad ciudadana. Sin embargo, en ese contexto, los organismos de derechos humanos no solo han denunciado graves violaciones a los derechos humanos, sino también persecusión a los críticos del gobierno.

Por: Silvia Bardales

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