Después de dos años, se archivó la denuncia de difamación interpuesta por el exministro Luis Jaime Castillo en contra de la antropóloga Marcela Poirier, una de sus exalumnas que lo denunció por hostigamiento.

Marcela Poirier puso la voz, puso el rostro. A pesar de haberse identificado como una víctima de hostigamiento por parte de su exdocente Luis Jaime Castillo, este la denunció por difamación. Era el 2020 y la investigación del periodista Michael Balter salió a la luz. El artículo contenía siete denuncias de acoso sexual e insultos homofóbicos realizados por el exministro de Cultura y arqueólogo Luis Jaime Castillo a estudiantes.

A nivel internacional, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (NAS) expulsó a Jaime Castillo. Sin embargo, en el Perú, la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP -centro laboral de Jaime Castillo- no realizó alguna medida más que convocar a una comisión investigadora que, a pesar de las pruebas, no separó al docente.

Según la misma universidad esto se debió a que en el momento en el que surgieron los presuntos actos de acoso sexual, la casa de estudios no contaba con un reglamento contra el acoso. A pesar de ello, una docente de antropología se atrevió a denunciar con su voz y su rostro: Marcela Poirier.

Se acercó a la comisión y quiso testificar en agosto del 2020. Había leído la denuncia contra su exdocente Jaime Castillo y recordó lo que vivió: desde verse obligada a observar contenidos pornográficos hasta actos de hostigamiento contra su persona, ambos durante las horas de clase. A pesar de la intención de evidenciar lo que vivió, la comisión encargada de la PUCP no accedió a tomar su declaración.

Marcela empezó a compartir su indignación en redes sociales, mas esta se agudizó cuando se enteró que la comisión no iba a tomar acción alguna. Por el contrario, Jaime Castillo siguió enseñando en cursos obligatorios. Fueron 17 post los que ella realizó en sus redes. La defensa del exministro capturó cada una de ellas y la querelló.

El arqueólogo Jaime Castillo consideró que lo mencionado por Marcela era un acto de difamación contra su persona. Mas Marcela no era la única que lo acusaba de hostigarla, había otras siete víctimas más pero por miedo de salir a la luz y a las represalias de Luis Jaime Castillo no denunciaron formalmente, pero Marcela decidió poner el nombre y el apellido. La primera sentencia emitida por la jueza Gabriela Torrejón intentó socavar las voces de las víctimas de violencia de género:  había sentenciado a Marcela por el delito de difamación a 20 meses de cárcel suspendida y el pago de S/. 180 000.

A nivel internacional, las Naciones Unidas expresó su preocupación por el caso de Marcela debido a que podría causar “un efecto disuasorio en las personas que denuncian la violencia sexual y de género”. Además, la sentencia de la jueza Torrejón «no integró un enfoque centrado en las víctimas y sensible a las cuestiones de género», señalaron.

Este año la justicia escuchó a Marcela debido a que habían considerado que el juicio mantuvo graves irregularidades. El 7 de agosto, la Corte Superior de Lima archivó el caso de difamación. Según una de las cuatro abogadas del caso, Lucía Santos, “no existe información pública sobre cuántas víctimas de violencia han sido sometidas a los tribunales de esta manera [ser denunciadas por su presunto agresor por el delito de difamación] o cuántas las han obligado a pedir disculpas a su agresor”.

El caso de Marcela ha generado que las víctimas de agresión se acerquen al colectivo Justicia Sin Miedo tras ser denunciadas por difamación por sus agresores. Estos casos han generado que se lance, en los próximos días, un observatorio de violencia que permita a las víctimas de violencia de género y a sus abogadas/os capacitarse para responder articuladamente ante denuncias por difamación de los denunciados como agresores.