Informe de HRW: Trump alienta vulneraciones a los derechos humanos en Latinoamérica

La política exterior de la administración del presidente estadounidense Donald Trump está teniendo un impacto negativo y profundo en los derechos humanos de América Latina y el Caribe, alentando abusos, retrocesos democráticos y el uso de políticas de seguridad que vulneran libertades fundamentales en múltiples países de la región, según advirtió el nuevo informe de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).

La organización internacional, en su Informe Mundial 2026, plantea que durante el primer año del segundo mandato de Trump, varios gobiernos latinoamericanos han utilizado la retórica y las políticas impulsadas desde Washington como justificación para restringir derechos y reforzar prácticas represivas que afectan tanto a migrantes como a ciudadanos de sus propios países.

Washington como catalizador de abusos

En el documento, HRW subraya que las políticas de la administración Trump —centradas en una agenda de mano dura contra la migración, seguridad y crimen organizado— han creado un marco en el que varios gobiernos latinoamericanos han ido más allá, adoptando medidas que generan violaciones a derechos humanos bajo la excusa de combatir amenazas internas o externas.

“Durante su primer año en el cargo, la administración Trump ha tenido una influencia indudablemente negativa en América Latina y el Caribe,” señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, durante la presentación del informe. “Pero en última instancia, los gobiernos latinoamericanos tienen la responsabilidad de defender la democracia y garantizar que esta beneficie a sus ciudadanos, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca.”

Violaciones avaladas o ampliadas en varios países

El informe documenta cómo algunos estados de la región han adoptado medidas que violan estándares básicos de derechos humanos, entre ellas:

Detenciones arbitrarias y abusos contra migrantes deportados por políticas de EEUU: En países como Costa Rica y Panamá, migrantes han sido detenidos arbitrariamente tras ser deportados desde Estados Unidos, lo que representa una vulneración al derecho internacional de los derechos humanos.
Uso excesivo de fuerza y violaciones en operaciones de seguridad: En Brasil, una redada policial en Río de Janeiro terminó con más de 120 personas muertas, lo que forma parte del patrón de abusos de autoridad y uso de fuerza desproporcionada.
Suspensión de derechos fundamentales en nombre de la lucha contra el crimen: Países como Honduras, Perú, Ecuador y El Salvador han restringido garantías básicas durante sus estrategias de seguridad.
Represión política y criminalización de disidencia: En Venezuela, Cuba y Nicaragua, el reporte destaca la represión sistemática de críticos, opositores y voces disidentes.

Además, HRW alerta que muchas autoridades han limitado la labor de periodistas y organizaciones de derechos humanos, al aprobar leyes que facilitan el cierre arbitrario de medios o asociaciones defensoras de derechos civiles, una tendencia que se ha observado en países como El Salvador, Perú y Ecuador.

Abusos en contexto de migración y políticas de seguridad

El informe también describe que la administración Trump ha instado a gobiernos de la región a implementar políticas de seguridad influenciadas por sus propias prioridades, particularmente en relación con la migración y el combate al crimen organizado. Estas políticas han servido para justificar detenciones masivas, militarización de la seguridad interna y restricciones de libertad de movimiento y de expresión en varios estados latinoamericanos.

Organismos de derechos humanos en la región han expresado preocupación por este fenómeno, alertando que la retórica de “mano dura” no solo no resuelve los problemas de violencia o criminalidad, sino que también amplía la vulneración de derechos civiles básicos, especialmente contra poblaciones vulnerables como inmigrantes, migrantes deportados y minorías, advierte en su informe el organismos defensor de los derechos humanos.

Retrocesos democráticos y responsabilidad local

HRW no atribuye únicamente los abusos a la influencia externa de Trump, sino que también responsabiliza a los gobiernos de la región por sus propias decisiones. Por ejemplo, el informe sitúa a México entre los países con mayor retroceso democrático y abusos graves en 2025, debido a la eliminación de contrapesos institucionales, altos niveles de violencia criminal y acciones de seguridad que han resultado en violaciones de derechos humanos.

La organización subrayó que las crisis en México incluyen cifras alarmantes de desapariciones forzadas, violencia persistente y una fuerte impunidad que contrasta con las declaraciones oficiales que aseguran avances en materia de seguridad y derechos civiles.

En Argentina, algunas preocupaciones sobre derechos humanos y democracia han sido señaladas por organizaciones como el Center for Legal and Social Studies (CELS). Tras la llegada del presidente Javier Milei, este informe independiente indicó que el país ha tomado posiciones más alineadas con agendas de ultraderecha a nivel internacional, lo que ha generado debates sobre el respeto al Estado de derecho y la tradición argentina de liderazgo en derechos humanos —en particular en foros internacionales— tras décadas de participación activa en la defensa de estas normas.

El informe de HRW concluye con un llamado claro a los gobiernos latinoamericanos: no utilizar políticas o discursos externos como pretexto para restringir derechos fundamentales. La responsabilidad de proteger la democracia, los derechos humanos y la justicia social radica en cada Estado, independientemente del contexto global o de quién ocupe el poder en Washington.

La organización también insta a la sociedad civil y a organismos regionales a fortalecer los mecanismos de defensa de derechos humanos, y a que se respete el rol de periodistas, organizaciones sociales y defensores civiles como pilares esenciales para mantener sociedades abiertas y democráticas.

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