Escribe Marité Bustamante, colectivo Habla Castañeda
En menos de un mes hemos visto morir en Lima a once personas que se encontraban expuestas a situaciones en las que no se cumplían con las condiciones mínimas de seguridad. Sin embargo, esto no pareció tan evidente para la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), quien emitió las licencias de funcionamiento tanto de la galería Nicolini, inmueble siniestrado en La Malvinas; como de la empresa Green Bus, dueña del bus que se descarriló en el Cerro San Cristóbal.
En el comercio como en el transporte, la ciudad no solo carece de una política de fiscalización y control del cumplimiento de las normas de seguridad, sino que las normas que regulan el desarrollo de la actividad económica o servicio público generan un sistema perverso que fomenta condiciones de riesgo para trabajadores y usuarios de los sectores en cuestión.
En el caso del transporte urbano, el sistema comisionista afiliador[1] fomenta condiciones precarias de trabajo (jornadas de 12 horas, sin seguro, ni descansos), exceso de velocidad en las pistas (principal causa de los accidentes de tránsito en la ciudad[2]) y un sistema ineficaz para reclamar la responsabilidad de las empresas de transporte ante los accidentes de tránsito, pues al ser empresas cascarón (al 2013, el 80% de las unidades de transporte público no eran propiedad de los accionistas de las empresas titulares de las rutas[3]) no hay forma de hacer efectiva la indemnización correspondiente para la víctima de un accidente de tránsito.
La situación descrita ha cobrado la dimensión de una situación sistemática y generalizada de vulneración de derechos fundamentales: derecho a la vida (alta mortalidad), derecho a la integridad (alta tasa de accidentes de tránsito no fatales), derecho a un medio ambiente saludable (alta emisión de gases de efecto invernadero), y derecho a gozar de un servicio de calidad (falta de flota, imprevisibilidad del tiempo del servicio, malos tratos, entre otros), que ha perdurado más de dos décadas y que fue constatada en el 2007 por la Defensoría del Pueblo en un informe que tituló: “El transporte Urbano en Lima Metropolitana: un desafío en defensa de la vida”.
Diez años después, el desafío y las amenazas para la vida son los mismos, pues desde el retorno de Castañeda al sillón municipal hemos visto fenecer la reforma y modernización del transporte en Lima emprendidas durante el gobierno de la Confluencia por Lima: adiós al tránsito del sistema de licencias al sistema de concesión, a la exigencia de que las empresas sean propietarias de las unidades de transporte, a la necesidad de garantizar derechos laborales para sus trabajadores, adiós a las unidades modernas, al número mínimo de flota, a las frecuencias y al sistema de pago único. Adiós, por tanto, a condiciones dignas de movilidad en la ciudad.
Si a lo descrito le sumamos las denuncias de corrupción en otorgamiento de licencias por parte de funcionarios de la MML y los vínculos políticos entre las empresas que se resisten a la reforma del transporte y el Alcalde, tendremos todas las causas que explican la falta de voluntad política de Castañeda por acabar con esta situación que nos pone en riesgo a diario. Solo en el 2015, 418 personas murieron en Lima Metropolitana a causa de un accidente de tránsito y ocurrieron 48,534 accidentes de tránsito sin fatalidad (Lima Cómo Vamos). El desgobierno de Castañeda nos está matando. Es hora de que se vaya.
