Inicia juicio oral por el asesinato de defensor ambiental indígena Quinto Inuma y Amazonía exige justicia
Más de dos años después del asesinato del líder indígena líder de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu y defensor ambiental Apu Quinto Inuma Alvarado, el caso ha llegado finalmente a la etapa de juicio oral, un hito que familiares, comunidades indígenas y organizaciones de derechos humanos consideran clave para enfrentar la impunidad que rodea los crímenes contra defensores ambientales en la Amazonía peruana. Al respecto, la Fiscalía está solicitando cadena perpetua para los responsables.
El juicio oral se inició el 20 de enero de 2026, con una acusación fiscal amplia que incluye pruebas testimoniales, documentales y periciales presentadas por el Ministerio Público. Para la abogada de la familia, Linda Carol Vigo Escalante, se trata de un proceso emblemático no solo por la gravedad del crimen, sino por el contexto estructural de violencia que enfrentan quienes defienden el territorio.
“Este es un caso emblemático de un líder indígena asesinado, con una acusación muy extensa y con un trabajo minucioso del Ministerio Público. Estamos en una etapa crucial donde se van a actuar todas las pruebas ofrecidas”, señaló Vigo Escalante en entrevista.
La Fiscalía ha identificado a Limber Ríos Ruiz, Génix Saboya Saboya y Jerrly Saboya Saboya como presuntos autores materiales del crimen, mientras que Segundo Villalobos Guevara es señalado como autor intelectual, acusado de haber planificado y financiado el ataque. Todos ellos afrontan el juicio oral bajo la imputación de homicidio calificado, en un caso que la Fiscalía también considera emblemático por el contexto de violencia contra defensores del territorio en la Amazonía peruana.
En esa línea, el Ministerio Público ha solicitado cadena perpetua para los principales acusados por el asesinato del defensor ambiental indígena Quinto Inuma Alvarado, al considerar que se trata de un crimen agravado, cometido con extrema violencia y en represalia directa por su labor de defensa del territorio amazónico. La acusación fiscal señala que el homicidio fue planificado y ejecutado por un grupo vinculado a actividades ilícitas en la zona, como la tala ilegal y el narcotráfico, delitos que el propio Apu Inuma había denunciado de manera reiterada ante las autoridades.
De acuerdo con la Fiscalía, los imputados enfrentan cargos por homicidio calificado, sicariato y otros delitos conexos, y se ha solicitado además una reparación civil superior al millón de soles a favor de los familiares de la víctima. El requerimiento fiscal sostiene que existen pruebas suficientes —entre testimonios, peritajes y documentación— para demostrar que el asesinato no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón de violencia sistemática contra líderes indígenas que ejercen control territorial en zonas abandonadas por el Estado, una problemática que sigue cobrando vidas en la Amazonía peruana, tal como recoge RPP en su cobertura del caso.
Un asesinato anunciado
Quinto Inuma Alvarado fue asesinado en noviembre de 2023, cuando regresaba a su comunidad tras participar en un encuentro de líderes indígenas en Pucallpa. Según el relato de la abogada, el ataque ocurrió durante un trayecto fluvial, en una zona de difícil acceso, a aproximadamente una hora de su comunidad.
El defensor ambiental viajaba junto a su esposa, uno de sus hijos y Axelina, otra comunera que también resultó herida durante el ataque. En un tramo angosto del río, el bote en el que se desplazaban fue detenido por un árbol recientemente talado que bloqueaba el paso. Cuando Inuma descendió para intentar moverlo, se produjeron los primeros disparos.
“Escucharon disparos al aire, pensaron que eran cohetes, pero luego vieron una mano con un arma de fuego y después el disparo de una escopeta. El Apu dijo ‘me han herido’ y todos intentaron refugiarse en el río”, relató la abogada.
El líder indígena fue finalmente ejecutado a quemarropa, frente a su hijo, quien fue testigo directo del crimen. Axelina también fue atacada mientras intentaba huir. El hijo menor de Inuma tuvo que correr cerca de una hora hasta llegar a la comunidad para dar aviso de lo ocurrido.
Denuncias previas y amenazas ignoradas
El asesinato no fue un hecho aislado. De acuerdo con la defensa legal, Quinto Inuma había presentado denuncias por tala ilegal, deforestación, siembra ilegal de hoja de coca e incluso la existencia de una pista de aterrizaje clandestina en su territorio. Estas denuncias involucraban a personas que hoy se encuentran acusadas dentro del proceso penal.
Además, el líder indígena había recibido amenazas directas y contaba con medidas de protección otorgadas por la subprefectura y el Ministerio de Justicia. Sin embargo, estas nunca se materializaron de manera efectiva.
“Las garantías quedan en el papel. Se manda un oficio a la Policía, pero dicen que no hay presupuesto. Hacen una visita y se retiran. No hay presencia permanente del Estado”, advirtió Vigo Escalante.
Un precedente necesario
Para la abogada, el avance del proceso judicial ya marca una diferencia frente a otros casos de defensores ambientales asesinados que permanecen impunes.
“La Fiscalía de Crimen Organizado ha hecho un trabajo impecable. Esto ya sienta un precedente, porque antes estos casos no se investigaban con la seriedad que merecen”, afirmó.
Sin embargo, subrayó que la justicia penal no será suficiente si no se abordan las causas estructurales del problema: el abandono estatal, la falta de descentralización, la ausencia de puestos policiales y la expansión de economías ilegales en territorios indígenas.
“Estamos hablando de comunidades a las que se llega tras 10 o 12 horas de viaje, sin carretera, sin internet, sin comunicación. ¿Cómo se responde ante una emergencia? ¿Cómo se protege a un líder amenazado?”, cuestionó.
Justicia para la familia y para la Amazonía
La familia de Quinto Inuma enfrenta el juicio con profundo dolor, pero también con la esperanza de que el crimen no quede impune. La esposa del líder y uno de sus hijos presenciaron el asesinato, una experiencia que —según la defensa— sigue afectándolos gravemente.
“La familia lo que quiere es justicia, una condena justa. Ni un millón de soles de reparación civil va a llenar el vacío que deja un padre, un esposo, un líder”, sostuvo la abogada.
El caso de Quinto Inuma se suma a una larga lista de defensores ambientales asesinados en el Perú, muchos de ellos sin sentencia ni responsables identificados. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo, solo entre 2020 y 2024 se han registrado 21 asesinatos de defensores de derechos humanos. De este total, el 63 % corresponden a los departamentos de la Amazonía. El inicio del juicio oral representa una oportunidad histórica para demostrar que la defensa del territorio no puede seguir pagándose con la vida.
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