“La maternidad forzada es tortura”, resaltaron los comisionados. Los Estados demandados deberán adoptar medidas de no repetición para que ninguna otra niña sea obligada a ser madre.
Este lunes 20 de enero, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) emitió una sentencia histórica para la niñez. Condenó a los Estados de Ecuador y Nicaragua por violar los derechos de Norma, Lucia y Susana*, tres menores de edad que fueron víctimas de abuso sexual. Como resultado de la violación quedaron embarazadas y se les negó la interrupción del embarazo pese a que tenían entre 12 y 13 años. En Nicaragua, el aborto está penalizado en el código penal, mientras que en Ecuador recién en 2021 se despenalizó el aborto por violación sexual.
“Obligar a las niñas víctimas de violación a sufrir embarazos no deseados es más que negarles el derecho a decidir; es una violación del derecho a la vida digna, un acto que equivale a tortura y una falta de protección de unas de las más vulnerables”, señaló Hélène Tigroudja, miembro del Comité de la ONU.
Estos casos fueron presentados ante la ONU en 2019 por el ‘Movimiento Son Niñas, No Madres’**, conformado por organizaciones defensoras de los derechos de niñas y mujeres de Guatemala, Ecuador y Perú. Cinco años después, se logra ver un atisbo de justicia.
Las tres niñas se negaron explícitamente a ser madres, pero fueron forzadas a serlo, además de ser revictimizadas en constantes ocasiones.
Norma fue abusada sexualmente por su padre, tuvo que abandonar la escuela cuando se enteró del embarazo y, tras negársele la opción de aborto terapéutico, intentó dar en adopción al bebé al que dio a luz. Sin embargo, ninguna autoridad ecuatoriana le dio la información necesaria para hacerlo, por lo que fue obligada a maternar al hijo de su padre.
Lucía fue víctima de violación sexual por parte de un sacerdote cuando participaba del coro de una iglesia en Nicaragua. Las personas de su comunidad la estigmatizaron por denunciar a un ‘hombre de Dios’, la aislaron y fue forzada a continuar con el embarazo y posterior maternidad.
A Susana la violentó su abuelo materno. Acudió a la comisaría a denunciar los hechos, pero le negaron la acusación penal más de 5 veces en Nicaragua.
“Los casos continúan impunes. Ninguno de los agresores han sido judicializados aunque las tres denunciaron”, revela Catalina Martínez Coral, abogada del Centro de Derechos Reproductivos.
Este fallo de la ONU marca un hito en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos a nivel global. El fallo de la Comisión obliga a los Estados de Ecuador y Nicaragua a modificar su legislación para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo y que niñas no sean forzadas a continuar con este proceso por las consecuencias físicas y psicológicas que conlleva.
“Las decisiones son históricas porque, por primera vez, el Comité reconoce que la maternidad forzada interrumpe y obstaculiza los objetivos personales, familiares, educativos y profesionales; restringe gravemente el proyecto de vida de las niñas y afecta su derecho a una vida digna. Además, la ONU señaló expresamente que negar el acceso a servicios de salud reproductiva refuerza los estereotipos de género basados en la función reproductiva de la mujer y constituye una forma de discriminación interseccional basada en el género y la edad”, afirman desde el ‘Movimiento Son Niñas, No Madres’.
Estas son las medidas más importantes que la ONU ha ordenado a Ecuador y Nicaragua, pero que también es vinculante con otros 170 Estados, entre ellos el Perú:
- Modificar la legislación para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura, legal y efectiva, especialmente en casos de embarazos que son producto de violación sexual.
- Emprender acciones para combatir la violencia sexual en todos los sectores y ofrecer reparaciones integrales para las sobrevivientes.
- Capacitar a profesionales de salud y operadores de justicia sobre atención integral en casos de violencia sexual.
- Aplicar medidas de reparación individual, como la indemnización a las sobrevivientes, apoyo para retomar sus estudios, contar con acompañamiento psicológico y otras medidas que les permitan retomar sus proyectos de vida y lograr sus metas educativas, profesionales y familiares, interrumpidos previamente por las maternidades forzadas.
“Lamentablemente las historias de Norma, Lucía y Susana no son aisladas. En América Latina y el Caribe esto es un fenómeno estructural. De hecho, nuestra región ocupa el segundo lugar en el mundo de embarazos en niñas menores de 14 años y es la única región en el mundo en donde esta tasa continúa en aumento”, señaló Carmen Cecilia Martínez, abogada del Centro de Derechos Reproductivos y estratega legal del ‘Movimiento Son Niñas, No Madres’ que llevó los casos de Normal Lucía y Susana a la ONU.
*Seudónimos para proteger su identidad.
** El ‘Movimiento Son Niñas, No Madres’, está conformado por las organizaciones colitigantes: Centro de Derechos Reproductivos (Global), Planned Parenthood Global (Global), Mujeres Transformando el Mundo (Guatemala), El Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Guatemala), Surkuna (Ecuador) y Promsex (Perú)