Redacción Wayka
Un estudio realizado en el establecimiento penitenciario de Lurigancho por el proyecto Unicxs de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) revela que las mujeres trans son constantemente violentadas física, psicológica y hasta sexualmente por el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El INPE clasifica a las mujeres trans como “homosexuales” y envía a la mayoría de ellas al pabellón 3, donde también están los internos por delitos sexuales como el abuso contra menores y violación sexual. Además de reclusos que se reconocen abiertamente como hombres gay. Sin embargo, las mujeres trans son trasladadas a este pabellón sin importar si cometieron delitos de caracter sexual.
El estudio también revela que el 52% de las participantes del estudio reportan haber recibido algún tipo de maltrato del personal penitenciario.
“Que las mujeres trans privadas de libertad reporten casos de violencia sexual por parte de quienes las tienen que cuidar es grave. Hay que tener en cuenta que todos los internos se encuentran en un medio hostil, pero debido a su identidad de género, ellas pasan por una situación de soledad y desamparo mucho más fuerte”, señala Ximena Salazar, coordinadora del campo de la investigación.
Para evitar más maltratos, Salazar recomienda que dentro del Pabellón 3 se destine un bloque de los pabellones para las mujeres trans, con el fin de que puedan protegerse entre ellas y utilizar el mismo baño o ducha debido a que hoy se encuentran en distintos bloques y expuestas a constantes situaciones de vulneración.
Identidad de género
Aunque no existe en el Perú un marco legal que reconozca la identidad de género de las personas trans, estas son parte de los grupos de protección especial del Plan Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (MINJUS) , donde se reconoce su vulnerabilidad social.
El INPE es un organismo público adscrito al Ministerio de Justicia (MINJUS), por lo que la identidad de las personas trans debe ser respetada y disponer de intervenciones y políticas públicas que garanticen sus derechos, según comenta Salazar.
El estudio menciona que no existe un conteo oficial que reconozca la identidad de género de la población trans y esto impide identificar las vulnerabilidades específicas que agrava el maltrato en el penal.
Foto: Juan Zapata / Wayka
