JNJ busca sancionar a exmagistrados que destituyeron a Benavides
El intento de restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, dispuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), esta desatando una crisis institucional en el Ministerio Público. También abre la puerta para que el Congreso de la República reactive su ofensiva contra los exconsejeros que participaron en su destitución.
En la resolución emitida por la JNJ para restituir como fiscal de la Nación a Benavides, se incluye lo siguiente: «Se oficie al Congreso de la República con copia de la presente resolución respecto a la actuación de los miembros anteriores de la JNJ que conocieron de este procedimiento disciplinario, por los fundamentos expuestos en el presente informe a fin que procedan conforme a sus atribuciones”.
Es decir, que el Congreso pueda iniciar un proceso de acusación constitucional contra los siete exconsejeros (Aldo Vásquez, Inés Tello, Antonio de la Haza, Imelda Tumialán, Guillermo Thornberry, María Zavala y Marco Falconí), según señaló el Colegio de Abogados
Historial de persecución
El escenario no es nuevo. Entre 2023 y 2024, el Congreso intentó sin éxito destituir a Aldo Vasquez e Inés Tello. Hoy, con un Congreso alineado con Benavides y la actual JNJ, el camino para una nueva persecución está despejado.
“Nos defenderemos, como hemos hecho siempre, también por un tema personal y porque defendemos la democracia(…). Hay acciones que evidencian, no de ahora, sino desde hace dos años, un intento de control del sistema de justicia”, declaró a La República el exconsejero Aldo Vásquez.
Vásquez también cuestionó que la actual JNJ haya resuelto restituir a Benavides no solo como fiscal suprema, sino directamente como titular del Ministerio Público, función que solo puede ser otorgada por la Junta de Fiscales Supremos.
“El artículo 158 de la Constitución es claro. Incluso, la Ley de Procedimiento Administrativo señala que, aun en caso de nulidad, no se puede afectar derechos adquiridos de buena fe. Ese es el caso de la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza”, explicó.
Tampoco se ha aclarado si la resolución fue adoptada con unanimidad de los siete miembros del Pleno, como exige la normativa para anular un acto administrativo.
“En la parte introductoria dice ‘visto el acuerdo’, pero no se especifica si fue por mayoría o por unanimidad. Eso es un vicio más”, advirtió Vásquez.
Por su parte, la exmagistrada Inés Tello también expresó su indignación: “No pueden imputarme que me he parcializado. A mí me indigna. Están destruyendo la seguridad jurídica. ¿A qué país vamos?”, cuestionó en el programa Sin Guión.
Ofensiva política con respaldo jurídico
En el Congreso, las reacciones indicarían que la persecución contra los exmagistrados de la JNJ que destituyeron a Benavides, de prosperar, no se hará esperar.
Se observa que el ala política de congresistas aliados a Benavides celebran su retorno y lanzan duros ataques contra Delia Espinoza, quien se mantiene firme como fiscal de la Nación.
“Señora Espinoza: el Golpe a la Democracia es de quien no respeta las instituciones y las resoluciones válidamente emitidas por la Junta Nacional de Justicia. Usted está cometiendo un gravísimo delito de usurpación de funciones. Deje el show y la victimización.”, dijo Alejandro Cavero de Avanza País.
Otros congresistas como Jorge Montoya, Alejandro Muñante y Patricia Juárez también se han mostrado en contra de la permanencia de Espinoza e incluso han saludado la reincorporación de Benavides. Asimismo, la congresista Maria Aguero, investigada por el caso Mochasueldos, calificó al Ministerio Público como una “casta judicial” y que desde Perú Libre se iba a proponer la elección popular de fiscales.
En paralelo, el actual Jefe legal del Congreso, Ángel Delgado sostuvo que la resolución de la JNJ es “plenamente válida” y tiene carácter restitutivo. En entrevista con Canal N, afirmó que desconocerla podría derivar en consecuencias penales por desobediencia y rebeldía. También sugirió que los fiscales que respalden a Espinoza podrían quedar comprometidos.
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