«No querían asustarnos, tampoco querían dispersar la manifestación, querían asesinarnos», fueron las palabras de Nelson Oré Espinoza, estudiante universitario herido por la salvaje represión policial y militar del régimen de Dina Boluarte. Durante la audiencia pública también participaron los familiares de víctimas de Juliaca y Andahuaylas.

Por Jair Sarmiento

«Soy uno de los sobrevivientes de la masacre de Ayacucho del 15 de diciembre del año pasado. Y digo sobreviviente porque se debe tener presente que a mayoría de las lesiones fueron por arma de fuego, fueron a la cabeza, pecho y abdomen, sin duda, no querían asustarnos, tampoco querían dispersar la manifestación, querían asesinarnos», fueron las palabras de Nelson Oré Espinoza, estudiante universitario herido por la salvaje represión policial y militar del régimen de Dina Boluarte.

Su testimonio se dio ante la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se dio seguimiento a las recomendaciones del informe final sobre las muertes en las últimas protestas en Perú y en donde también estuvieron presentes representantes del Estado.

Seguido de ello, Oré Espinoza mencionó que, según reportes oficiales, en Ayacucho existen por lo menos 72 heridos, en Andahuaylas hay 56 heridos y en Juliaca 250 heridos. Sin embargo, señaló que «son muchos más».

Asimismo, mencionó que muchos afectados no han recibido el apoyo económico que dio el Estado luego de las represiones que dejaron heridos de levedad y gravedad.

Dany Quispe, padre del joven deportista Beckham Romario de 18 años que falleció producto de la represión, manifestó que a pesar de dar estos montos de dinero, eso no repara las vidas que se han perdido.

También puntualizó en que las víctimas del régimen no han recibido apoyo psicológico. «Nadie se ocupa de nuestra salud mental, queremos que nos escuchen, han matado con ensañamiento, sin considerar que muchos eran niños y adolescentes», añadió.

Por su parte, Raúl Samillán Sanga, hermano del médico Marco Samillán asesinado por la represión cuando ayudaba a los heridos, declaró que «el proceso de justicia se ve muy lejos de las víctimas», debido a que los afectados viven en zonas muy lejanas a las ciudades de las regiones que poseen víctimas. «Lamentablemente tienen que venir a Juliaca o viajar a Lima para dar su testimonio», comentó.

Samillán también recalcó que las represiones y detenciones continuaron en julio de este año cuando la delegación de Juliaca viajó a la capital del país para exigir justicia y celeridad en las investigaciones. «Nos han gaseado, acorralado e incluso detuvieron hermanos dirigentes. El Estado sigue siendo el primer actor de discriminación», agregó.

Ketty Marcelo, mujer asháninka y presidenta de Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), sostuvo que los pueblos originarios siguen siendo los más afectados cuando se desarrollan las movilizaciones en el país y que siguen ocurriendo a través de los años.

«Está probado que este modelo económico nos somete intencionalmente a condiciones que acarrean nuestra destrucción física, cultural y espiritual. Los hechos ocurridos entre diciembre del 2022 y enero del 2023 no se va a poder comprender en su real dimensión si tales hechos no la contextualizamos como parte de esta política genocida donde una élite política y corrupta busca perpetuar este modelo genocida lo cual está coludida con el poder empresarial, militar y los medios de comunicación de señal abierta, quienes son los encargados de estigmatizarnos», sostuvo.

Gloria Cano, abogada y responsable del área legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), detalló que en «la actual coyuntura del país donde los jueces y fiscales son sometidos a procesos disciplinarios o se pretenden criminalizarlos por sus decisiones, no contribuye a crear un clima de confianza, por lo que insistimos en la creación de un grupo especial de investigación o en su defecto en un mecanismo de seguimiento».

Asimismo, se señaló el acoso y persecución a la institucionalidad democrática de entidades como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En la audiencia representaron al Estado, Luigino Pilotto Carreño, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, y Gustavo Adrianzén, embajador de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), los funcionarios solo atinaron a decir que no ha existido una política sistemática tendiente a vulnerar derechos humanos. Más aún, calificaron los asesinatos y muertes como «afectaciones» y este último culpó a las víctimas de las muertes en protestas. «Ellos son los violentos, ellos son los que ocasionaron las muertes», dijo Adrianzén.