Por Álvaro Meneses / Amanda Meza
El juez del Segundo Juzgado Civil de Bagua que acaba de salvar del cierre a la universidad Privada Telesup, Alberto Cohen Vela, tiene un pasado vinculado a presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y otros en agravio del Estado.
Desde la Corte Superior de Justicia de Amazonas, el magistrado Alberto Cohen Vela, a cargo del Segundo Juzgado Civil de Bagua, admitió una medida cautelar presentada por Telesup para suspender la decisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) de denegarle la licencia y obligarla al cese de su funcionamiento.
La medida cautelar fue presentada por Jhonatan Jesús Hernández Martíntez, estudiante de esa universidad. Telesup, por su parte, insiste en que la Sunedu no les dio el tiempo suficiente para adaptar su situación de acuerdo a las condiciones fijadas por la Ley Universitaria, y que continuará funcionando con la medida cautelar aprobada por el juez de Bagua.
Pero, ¿quién es el juez de tan polémico fallo que obstaculiza la Reforma Universitaria y abre la puerta a que otras universidades a las que se les negó la licencia también puedan salir favorecidas y recuperar sus actividades?
Según un documento del 2017 de la Sala Penal de Apelaciones Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el magistrado Alberto Cohen Vela presentó un recurso para no pagar la caución económica que era parte de las reglas de conducta impuestas como consecuencia de una comparecencia restringida que se le impuso a él y a otros tres funcionarios como parte de la investigación por la presunta comisión de delitos de asociación ilícita para delinquir y otros en agravio del Estado.
Para el Cuarto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el juez Cohen Vela y los funcionarios Nanci Zamora Santillán (exalcaldesa distrital de Pólvora en San Martín), Roddy Vela Rodríguez y Meylin Valverde Aguilar habrían integrado una presunta organización criminal dirigida por Rafael Siguas Donaire y los hermanos Luis y Gerardo León Siguas para apropiarse de los fondos del Estado mediante procedimientos coactivos en diferentes partes del país.
Esta agrupación también era conocida como el ‘Clan Siguas’, que, desde el 2002, se dedicaba a generar multas contra municipios, gobiernos regionales, la Policía Nacional del Perú, el Instituto Nacional Penitenciario del Perú y empresas privadas. En 2017, se supo que el clan Siguas robó 500 millones de soles al Estado en cobranzas coactivas. Según la hipótesis fiscal, el caso en el que el juez Alberto Cohen Vela se vio involucrado se ubica en el distrito de Pólvora de San Martín, donde se inició un proceso de cobranza coactiva para apropiarse de 1 millón 480 mil soles.
Desde la jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial, el magistrado Vicente Walde Jáuregui ordenó al jefe de la ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, José Guerrero Céspedes, dirigirse a la sala de Bagua a cargo del juez Alberto Cohen Vela para «recabar elementos de convicción» con los que otorgó una medida cautelar a favor de Telesup «aparentemente de manera indebida».
