Inicia paro de 48 horas por el retraso de la nueva Carretera Central que conectaría a Lima y Huancayo en menos de 5 horas

Lo que comenzó como una alerta técnica en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha escalado hasta la selva central. La Central Asháninka del Río Ene (CARE), organización que representa a 45 comunidades nativas, se ha sumado al paro de 48 horas este 18 y 19 de febrero, contra la posible paralización para la nueva carretera central.

El detonante de esta movilización masiva fue la decisión del Gobierno de resolver el contrato con PMO Vías, el gestor técnico francés bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G). Esta medida fue rechazada tajantemente por la Mesa Técnica Macrorregional, que agrupa a las regiones de Junín, Pasco, Huancavelica y Huánuco.

La ministra de Economía, Denisse Miralles, ha defendido la postura oficial argumentando que financiar una obra de S/ 24,000 millones únicamente con recursos públicos «condenaría el proyecto al fracaso». El Ejecutivo busca girar hacia una Asociación Público-Privada (APP) que incluya estaciones de peaje para aseguraría la viabilidad financiera. Sin embargo, esta propuesta es vista por un sector de las regiones como una traición al cronograma establecido, especialmente tras revelarse que el presupuesto para 2026 sufrió un recorte drástico: de los S/ 1,250 millones solicitados originalmente, el Congreso solo aprobó S/ 190 millones.

La urgencia de los pueblos indígenas

En este escenario de confrontación política, la asociación indígena CARE ha emitido un pronunciamiento donde declaran ser usuarios directos de la vía, denunciando que la actual infraestructura está colapsada y pone en riesgo permanente la vida de quienes la transitan.

Para los pueblos indígenas de la selva central, la carretera no es solo una ruta comercial, sino el único nexo para acceder a servicios básicos de salud, educación y trámites administrativos. CARE ha manifestado su rechazo categórico a cualquier intento de renegociación que genere dilaciones o la paralización del proyecto, sumando su respaldo al paro nacional de 48 horas como una medida legítima frente a la falta de transparencia del Estado.

Exigencias políticas

La protesta no solo busca la continuidad del proyecto, sino también responsabilidades políticas. Los representantes regionales y frentes de defensa han solicitado formalmente la renuncia del ministro de Transportes y de la ministra de Economía, Denisse Miralles. Según el gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, el proyecto ya cuenta con más de S/ 600 millones ejecutados en estudios y liberación de predios, por lo que desarmar el acuerdo con Francia ahora pondría en riesgo una obra estratégica que debería entregarse en 2031.

El paro, articulado a través de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), es considerado por la población local como un hito en la defensa de la conectividad territorial. Mientras el Gobierno intenta calmar las aguas, en el centro del país la consigna es clara: no aceptarán más indiferencia frente a una obra que afecta la seguridad y la economía de millones de ciudadanos, incluidos los pueblos originarios que hoy alzan su voz desde el río Ene.

La Nueva Carretera Central, proyectada para unir Lima y Huancayo en apenas cinco horas para el año 2031, es hoy un campo de batalla político. Por el lado de los pueblos indígenas, la urgencia del proyecto que parecía ya en marcha es grande y los costos i que el Estado peruano podría enfrentar tras resolver el contrato pasarían por juicios y arbitrajes internacionales, y finalmente, el costo más alto -el de la desconexión- sería asumido por los ciudadanos y por los pueblos indígenas del centro del país, es decir, pagan más los más vulnerables.

Por: Silvia Bardales

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