La actriz y realizadora Mayra Couto anunció el sábado pasado que su proyecto de serie Mi cuerpa, mis reglas obtuvo el otorgamiento del estímulo 2020 para pilotos de serie, por parte del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO). Este fallo fue dado el 14 de setiembre de 2020, junto a otros siete proyectos más.
El anuncio en redes sociales despertó la ira de machistas y antiderechos, ya que el estímulo fue brindado a una activista feminista, y también de cibernautas que consideran que brindar recursos públicos a la cultura, es decir al cine, al teatro, las artes visuales o los libros, es un despilfarro. “Falta oxígeno, pero se da plata para una serie de feminazi”, “Plata para ollas comunes, no para gastar en adefesios”, “Reparen huacas antes que dar mis impuestos a series sobre cuerpas”, son frases extraídas de este sentir que desprecia el apoyo a la cultura y a las mujeres.
Por un lado, estas afirmaciones, en su mayoría misóginas, confirman la necesidad de que más mujeres que participan, postulan, preparan proyectos y son evaluadas, puedan recibir un impulso del Estado, ya que debido al machismo y estructuras de poder patriarcales es mucho más difícil que proyectos de este tipo sean apoyados. Y por otro lado, revelan el escaso conocimiento de la labor en la gestión de la política cultural del país, sobre el desarrollo de las artes e industrias culturales como derecho, y demuestra que en pleno siglo XXI se sigue mirando a la cultura como si fuera solo terreno de huacas y museos, es decir, como pasado histórico o como un ámbito estático.
La pandemia que vivimos ha mostrado que la cultura es el sector más golpeado, que hay cientos de gestores y trabajadores del sector en desempleo y sobreviviendo en otros rubros, también afectados por el virus. Y a la vez, ha mostrado que es un sector resistente, vivo, que ha sabido salir adelante frente a los retos del distanciamiento social y la suspensión de eventos presenciales. Y también ha confirmado que las medidas dadas por el estado han sido insuficientes.
Desde lo político, es síntoma que en gobiernos de ultraderecha, como el de Jair Bolsonaro en Brasil o el que tuvo brevemente Jeanine Áñez en Bolivia, la cultura sea vista como un gasto innecesario, como un despilfarro que no aporta casi nada a la vida del país y que debe ser reducido a su mínima expresión. Se retiraron fondos al cine, a las artes, se cerraron cinematecas, e incluso se cerraron ministerios. Y estas decisiones retrógradas de políticos ‘anti todo’ nos ponen en alerta, más aún en un contexto electoral.
La cuestión de fondo no es si se debe dar apoyo, subsidiar o dar estímulos o no a las artes y al cine, ya que como un estado diverso y pluricultural, estas expresiones son parte fundamental del desarrollo humano. Como leí por allí, necesitamos las artes para humanizarnos. Lo que se debería poner en debate es la manera en que se viene gestionado la cultura, incluso con recursos mínimos. ¿Cuánto es el presupuesto anual en relación a otros sectores y programas? ¿No es acaso vergonzoso en comparación a otros países de la región?
Desde hace algún tiempo, el Ministerio de Cultura gestiona anualmente más de 20 millones de soles para la entrega de estímulos para el cine y audiovisual, para propiciar el desarrollo de proyectos de largometrajes y cortometrajes, de ficción, animación y documental, de gestión cultural (festivales y muestras), de preservación de filmes o de distribución o promoción internacional de películas, entre otros.
El problema no es que exista esta estrategia, que se debería expandir y fortalecer, que debería gestionarse mejor y desde un enfoque más inclusivo, sino que desde la misma nueva ley de cine y su reglamento (aprobado en diciembre de 2020) pareciera que fuera la medida más importante para promocionar al cine peruano: según estimaciones el 82% del presupuesto anual de estímulos va para producción de películas, 17% se utiliza para la divulgación de la cinematografía y 1% para la formación de los cineastas y trabajadores en general del cine.
¿Cuánto para la preservación? Por ello, considero que el tema formativo, más allá de lo concursables, es indispensable, para democratizar el acceso al cine y para poner en valor el papel del audiovisual y las artes en la ciudadanía. Concursos de estímulos sí, pero acompañando una política nacional del cine organizada, con más recursos y mejor gestionados. Sino seguiremos siendo un país sin cinemateca, sin escuelas públicas del cine, sin espacios de formación audiovisual en la educación básica.

Ayer domingo, precisamente el presidente de la República, Francisco Sagasti, anunció que este 2021 se reanudará el programa de estímulos económicos destinado a los artistas y grupos culturales afectados por la pandemia de la COVID-19. Una medida necesaria para atender al sector. Más allá de las ayudas COVID, si se dan estímulos o subvenciones al audiovisual o artes, no debería ser argumento para despotricar aludiendo que se deben dar recursos a otros temas de urgencia inmediata, como las que vivimos en pandemia, ya que existen partidas especiales para ello y que deben ser, también, mejor gestionadas. Quizás sería mejor opción hablar de impuestos a riquezas o pago de deudas tributarias de empresas millonarias, en medio de una crisis sanitaria y económica.
Suena mezquino que en tiempos de crisis no se valore el lugar mismo de la cultura, la labor de los artistas y trabajadores culturales, desde una perspectiva empática y solidaria, ya que por muchos años han sido la última rueda del coche de gestiones y gobiernos. Y más bien en tiempos electorales, esta situación nos interpele sobre de qué manera podemos lograr que la cultura ocupe una mejor posición en la asignación de recursos, en la ejecución de políticas públicas pensadas con y para la ciudadanía, donde los sectores de educación y cultura vayan de la mano.