Redacción Wayka

A 30 años de la Convención sobre los derechos de la niñez y la adolescencia, Perú ha logrado importantes avances respecto a los derechos de las infancias; sin embargo, existe aún un grupo cuyas condiciones de vida no han mejorado: las y los adolescentes. 

En la actualidad, más de 3 millones de adolescentes entre 12 y 17 años viven en el país. Ellos conforman gran parte del bono demográfico; es decir, que con las herramientas necesarias podrán generar recursos y contribuir al desarrollo del país.

A pesar de esto, el Estado no prioriza a los adolescentes, desaprovechando una oportunidad valiosa para mejorar las desigualdades sociales. 

“La inversión en los niños y niñas es importante porque les permite generar herramientas para que se desarrollen conforme van creciendo, pero esas capacidades se pueden perder si no tienen un soporte continuo, si en la adolescencia no encuentran los mecanismos necesarios para garantizar sus derechos y oportunidades”, señaló Daniel Contreras, especialista en Educación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – Unicef.

¿Por qué el Estado sigue dejando de lado a un grupo poblacional tan importante como los adolescentes? El especialista de Unicef indicó a Wayka que se debe a que la figura del adolescente “no siempre es cómoda para el mundo adulto” que es el que toma las decisiones. 

“Nadie duda de lo importante que es cuidar a los niños, pero un adolescente que comienza a cuestionar e indignarse por injusticias es socialmente menos amable, se convierte en una figura menos convocante para los adultos”, alertó.

Según un estudio realizado por Unicef de la Percepción sobre la adolescencia, la sociedad tiene una visión negativa sobre esta etapa de la vida pues consideran que los adolescentes “no tienen las cosas claras” o “no les interesa nada”. Estas percepciones, también influyen para que las políticas públicas no hayan tenido a la adolescencia como foco central.

Derechos pendientes

Si bien el Estado ha implementado políticas y programas para garantizar los derechos de las niñas y niños, estas iniciativas no han incluido como parte del foco principal a la adolescencia. 

Las y los adolescentes continúan enfrentando violencia en sus casas, escuelas, su entorno social y en los diversos espacios donde se involucran. Un ejemplo de ello, es la elevada cantidad de embarazos adolescentes que continúan registrándose año tras año y la violencia que viven a diario.

El 2019 está cerrando con más de 45 mil 300 adolescentes que tuvieron partos, según información del Ministerio de Salud. Muchos de estos embarazos son producto de la violencia sexual.

Otro ejemplo es que, si bien el porcentaje de adolescentes que logró culminar sus estudios secundarios ascendió a de 43% a 74%, para lograrlo varios de ellos tuvieron que afrontar situaciones adversas, como la violencia escolar, violencia sexual, dificultades económicas u otras, que dificultaron sus estudios.

Las y los adolescentes, como sujetos de derechos, no aparecen enfocados en las políticas nacionales de manera integral, esto dificulta un trabajo articulado por parte de los diversos sectores del Estado para atender las problemáticas que afectan el desarrollo de los adolescentes.

En el marco de la conmemoración por los derechos de la niñez, Unicef ha elaborado un informe con los trabajos pendientes que el Estado debe priorizar para garantizar plenamente los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

En el ámbito de la salud:

  • Garantizar el acceso a atención médica libremente sin la compañía de sus padres para las y los adolescentes.  Para esto, Unicef exhorta modificar el Código Civil y la Ley General de Salud que todavía considera a las y los adolescentes como “incapaces”. 
  • Hacer frente al problema del elevado número de embarazos de adolescentes reforzando el acceso a una educación en materia de salud sexual y reproductiva en función de la edad y los derechos de las niñas y los niños en todo el país.

En  el ámbito educativo:

  • Acelerar la implementación de las Política educativas sobre educación inclusiva y bilingüe con enfoque interseccional para que las y los niños de comunidades rurales e indígenas puedan acceder a estudios de calidad.  
  • Generar espacios y promover la participación estudiantil en las decisiones escolares, implementar una estrategia de reducción del atraso escolar e impulsar un plan de mantenimiento e infraestructura sensible al género.

En Protección:

  • Incrementar recursos y fortalecer los sistemas de protección contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes y garantizar un entorno seguro para ellas y ellos en sus propias familias, escuelas y espacios donde se desarrollen.

En reducción de la pobreza, y a favor de la inclusión social:

  • Eliminar las brechas sociales y de género que limitan el libre e igual desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, especialmente a quienes viven en zonas rurales.