Por Paul E. Maquet
Salimos a la calle y vemos rostros sonrientes que nos invitan a votar. “El cambio”, “lo nuevo”, “seguridad”, “honestidad”, prometen desde grandes cartelones, pantallas o banners colocados por todas las calles. Lo que nadie sabe responder es, ¿de dónde sale la plata para tanta “fiesta electoral”?
Y es que estas elecciones no se dan en un momento cualquiera, pero parecen una burbuja ajena a todo lo que viene ocurriendo en el país. Casi toda la “clase política” está embarrada en un conjunto complejo de casos de corrupción que han desnudado cómo se hace política en nuestro país. Desde campañas financiadas por el narcotráfico, la corrupción o el lobby empresarial, hasta la manipulación de los organismos de justicia por parte de redes mafiosas, pasando por las coimas para la adjudicación de obras y por la danza de los votos en el Congreso.
Casi todos están investigados por delitos que van desde lavado de activos hasta crimen organizado. Lava Jato, los cuellos blancos del puerto, la Señora K, los audios Manani-Giuffra, los Panama Papers… Después de esta avalancha, ¿cómo confiar?
Esta mega-crisis por corrupción es probablemente la responsable de la apatía actual por las elecciones municipales. El candidato favorito es “no quiero votar por ninguno de los actuales candidatos”, seguido de cerca por “no sabe / no opina”. Los candidatos se disfuerzan para generar algún tipo de antagonismo que los ayude a despuntar, pero parece que el público los mira con escepticismo y percibe estas elecciones como una gran feria farsesca.
Lo cierto de que estas elecciones se producen bajo las mismas reglas de juego que han estado vigentes en los últimos años, y que han permitido todo lo que ahora conocemos. De hecho, entre los candidatos hay más de uno vinculado a gestiones que aún están bajo investigación por el rol de las empresas brasileras, otros que han comprado algún cascarón electoral para tener su inscripción, y no falta quien tiene su empresa “off shore”.
Más aún: las reglas de juego son incluso peores que antes, porque el Fuji-Congreso redujo la capacidad fiscalizadora de la ONPE con respecto al financiamiento de campaña. Con las nuevas normas dictadas por el legislativo, la ONPE ya no puede pedir reportes de contabilidad durante las campañas, y se exime de responsabilidad a los candidatos y partidos cuando se comentan infracciones en este tema.
En medio de la incertidumbre sobre qué tipo de gobiernos municipales surgirán de una feria electoral como esta, una sola cosa es clara: si no emprendemos una reforma política a fondo, el poder político y la justicia seguirán en manos de mafias y lobbies de todo calibre.