Por Graciela Tiburcio Loayza

En su rostro no hay ninguna expresión. Ni de tristeza, ni de rabia o angustia. Los pensamientos de N.G.R.H. parecen sumergidos en un limbo impenetrable. La mirada perdida, el silencio. Tiene apenas 13 años, fue violada repetidas veces por un vecino y ha sido forzada a llevar un embarazo que no desea.

Ahora tiene 23 semanas, según indican los médicos. El tiempo pasó rápido, pero sus recuerdos siguen anclados al día en que fue violada sexualmente y, luego, a la indeseable crecida de su vientre. Con un 1.50 de estatura, es evidente el cambio de su cuerpo. El cuerpo de niña sufre una modificación que colapsa con su deseo de seguir siéndolo. Su normal desarrollo fue abruptamente interrumpido.

Todo en aquel hospital la obliga a recordar las tres violaciones de las que fue víctima.

La incubadora frente a su cama le recuerda que en cuatro meses será madre. Su vida está en peligro por complicaciones.

La historia de N se conoció públicamente hace unos días, cuando también se supo que otra adolescente, M.F.A.M. de 13 años, murió en Ica por un embarazo de alto riesgo que la dejó en coma. La madre de N teme que su hija tenga el mismo destino.

“Mi hijita ha ingresado tres veces de emergencia. Está mal de sus riñones y el vientre se le pone duro cada vez que camina”, cuenta Virginia, la madre de N.

“Los médicos en lugar de preocuparse por mi hija solo dicen que el bebé está sano, que la placenta está bien (…) No quiero que le pase nada a mi niña, su cuerpo no está preparado para esto”, relata la madre mientras la vigilante de la habitación se acerca de modo hostil para pedir al equipo de Wayka que nos identifiquemos.

Curiosamente, el cuarto de N es el único de cuidados intermedios que está custodiado por una vigilante. El caso de N es mediático y los encargados del hospital Edgardo Rebagliati se abstienen de dar declaraciones.

“Mañana le darán de alta otra vez”, adelanta Virginia.

Con esta última orden de alta, será la tercera ocasión que la hacen regresar a casa con el mismo diagnóstico: reposo absoluto por las complicaciones del embarazo.

Una opción que se oculta

El pasado martes 12 de marzo, N debió ser dada de alta por la mañana, pero recién llegó a su casa rozando las 4 de la tarde, sin desayuno ni almuerzo.

Luego de casi tres horas de viaje desde el hospital hasta su residencia en Pachacamac, al lado de su puerta de lata y cartón, nos aguardan dos funcionarias de la Defensoría del Pueblo. Querían información sobre lo sucedido en el hospital Rebagliati. Antes de retirarse, le entregaron a Virginia una copia impresa del protocolo de aborto terapéutico.

“Para que no le digan que aún se puede hacer”, le precisa una de ellas.

Desde 1924, el aborto terapéutico es legal en Perú cuando la vida de la gestante peligra, pero el protocolo que establece los criterios para realizar la intervención recién se aprobó en 2014.

El documento solo contempla la interrupción de embarazos menores a las 22 semanas. N tiene 23. Su caso se conoció públicamente cuando estaba en la última semana permitida por la norma.

“¿Sabía sobre el aborto terapéutico?”, le preguntamos a Virginia.

“No, el hospital nunca me informó. Yo me he enterado por los periódicos”, responde con impotencia. “Si yo hubiese sabido, exigía que se lo hagan a mi hijita. Si a mi niña le pasa algo, será culpa de los doctores”, nos comenta.

La primera vez que N ingresó al Rebagliati fue el 30 de enero, con 17 semanas de embarazo. En ese entonces, hubiese podido acceder a la intervención, pero los doctores obviaron esa información, y ahora peligra su vida.

“Nunca dijeron nada, solo tenían a mi hijita en reposo. Le dieron de alta el 6 de febrero. El 24 volvió a ingresar de emergencia y al día siguiente la hicieron salir aún con dolores”, recuerda Virginia.

El 7 de marzo, un día antes del Día Internacional de la Mujer, N volvió a ingresar de emergencia al hospital. Ya tenía 22 semanas de embarazo. Paradójicamente, en esa misma semana, el Estado ofrecía disculpas públicas a la ciudadana K.L., por haberle negado el aborto terapéutico en 2001, cuando tenía 17 años. A K.L. la obligaron a dar a luz a un feto que tal como estaba pronosticado murió al nacer.

“Si le pasa algo a mi niña yo denuncio al hospital. Ellos son los únicos responsables”, repite la madre entre llantos pero con la voz firme. Es la tercera vez que hacen retornar a su hija a casa.

Un fuerte sollozo quiebra el silencio. Es N desde su habitación.

“Así le dan sus ataques de angustia. A veces está más tranquila, otras veces llora y llora”, relata su madre.

A pesar de ese estado, los médicos le han dicho a Virginia que psicológicamente su niña está bien.

“Pero ellos no viven con mi hijita, no ven como está en el día a día. Cómo va a estar bien si ya ni come. Mi hija era alegre. Ahora todo el tiempo está amargada, rechaza hasta a su hermanito”, refuta ella.

La personalidad de N, según cuenta la madre, comenzó a cambiar desde octubre del año pasado, cuando se rehusaba a asistir al colegio. A inicios de 2019, N comienza a tener desmayos. “La llevé de emergencia a un policlínico, me dijeron que estaba embarazada. Recién ahí, mi hijita me confiesa que habían abusado tres veces de ella”, recuerda su mamá.

Cuando el Estado también viola

El presunto violador de N se llama Javier Enriquez Aguirre de 23 años. Vive cerca a la casa de Virginia. Su familia es dueña de una avícola. Fue en su local comercial que abusó por primera vez de ella. En otra ocasión, la secuestró cuando salía del colegio.

“Él le decía a mi hija que si hablaba me iba a hacer daño a mí y a su hermanito. Cuando me enteré de lo que le había hecho, fui a poner la denuncia pero no me recibieron”, relata indignada.

Cuando Virginia fue al Centro de Emergencia Mujer de Villa el Salvador, le dijeron que allí no aceptaban denuncias.

Tras reiteradas idas y venidas, la comisaría de Villa el Salvador aceptó su denuncia.

“Tuve que ir hasta el Ministerio de la Mujer pero tampoco me hicieron caso. Recién me atendieron cuando fui a denunciar a la televisión”, reclama.

Desde entonces, Virginia y su familia han recibido constantes amenazas de muerte.

“Dejan papeles en mi puerta diciendo que nos van a matar. Recibo llamadas amenazándome con dañar a mis hijos. Tengo miedo incluso de que vayan al parque solos”, denuncia.

La Fiscalía Especializada en violencia contra la mujer de Villa EL Salvador, a cargo de la fiscal provincial Helga Ortega Toledo, ha pedido prisión preventiva para Javier Enriquez. El próximo 19 de marzo será la audiencia para determinar si se otorgan las medidas preventivas o no. Mientras tanto, Virginia y su hija continúan viviendo con miedo.

“Si mi niña fuese hija de algún congresista o juez, el tipo ya estaría preso. Si mi niña fuese hija de un doctor, ya la hubiesen salvado de este embarazo”, sentencia.

Derecho a vivir

N ya perdió el año escolar, su embarazo la tiene postrada en la cama. Una breve caminata basta para provocar dolores en su vientre.

“Solo somos mis hijos y yo”, cuenta su mamá. “He dejado de trabajar para poder cuidarla. Cuando ella se interna, también lo hago yo”.

El único sustento económico de la familia ahora es la voluntad de las personas que quieran apoyarlas.

“¿Qué es lo que desea para su hija?”, preguntamos.

Quiero que mi niña se salve. Si le pasa algo quién me la va a devolver. Nadie. Ninguno de esos doctores me podrá devolver a mi hijita si no resiste el embarazo”, exclama Virginia quien junto a N y su otro pequeño viven en una angustia constante, acosadas por el presunto violador, desconfiadas del personal médico y añorando la vida anterior de su hija, cuando ella era feliz, pero sobre todo; dispuesta a obtener justicia.