La religión como ley: el avance del ultraconservadurismo religioso en el Congreso peruano

Por Rocío Quispitupa

En el actual escenario político peruano, resulta evidente el avance sostenido de sectores ultraconservadores religiosos cuya influencia se ha consolidado, particularmente en el Congreso de la República. A través de discursos públicos, la presentación de proyectos de ley y la aprobación de normativas, estos grupos promueven una agenda que responde a una visión confesional del Estado arcaica e incompatible con un régimen democrático moderno, desdibujando el principio de laicidad. 

Estas propuestas  —que van desde la restricción de derechos sexuales y reproductivos hasta intentos de censura en educación y cultura— transforman creencias religiosas en políticas públicas, afectando a millones de peruanos. El Estado, cuya función es regular en favor de todos sin distinción, se ve así instrumentalizado para imponer una doctrina religiosa a toda la población.

Como señala Betzabé Marciani, abogada especializada en libertad de expresión y laicidad del Estado: “El principio de laicidad, que no necesita estar escrito, deriva de un Estado constitucional de derecho. Supone que debes tratar a los individuos de diferentes colores, razas, orientaciones y religiones de manera igualitaria. Si favoreces una religión determinada, lo que estás diciendo es que hay ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría”. 

La Constitución Política del Perú de 1993, establece al país como un Estado laico. De un lado, el artículo 2, inciso 3, establece la libertad religiosa y la prohibición de discriminación por motivos de religión, reafirmando el carácter no confesional del Estado. Mientras el artículo 50 reconoce la separación entre Estado e Iglesia, aunque con una controversial mención de colaboración preferencial con la Iglesia Católica.

“La laicidad tiene que entenderse (de esta manera): siempre ha implicado e implica que haya una separación entre lo que decide el Estado y lo que quiera cualquier institución religiosa”, afirma Ruth Luque, congresista de la Bancada Bloque Democrático Popular, en diálogo con Wayka.

“El Estado tiene que mantener un cierto nivel de neutralidad, lo cual no significa, como dicen algunos, ni que se oponga a la religión ni que la ataque —por supuesto que no. Eso tiene que ver con el derecho de libertad religiosa, que es individual y colectivo, de asociación, etcétera. El Estado está ahí para facilitar eso, pero no para promoverlo”, explica Marciani.

RELIGIÓN EN EL CONGRESO: LEYES CON SELLO EVANGELISTA

Pese a las garantías constitucionales, desde el Parlamento se vienen impulsando políticas públicas claramente orientadas por las creencias religiosas de legisladores, en su mayoría evangélicos. Su agenda apunta a restringir derechos fundamentales, principalmente en temas como derechos sexuales y reproductivos, identidad de género, educación sexual integral y lucha contra la violencia de género.

Milagros Jaúregui y sus creencias religiosas como políticas públicas

Un caso emblemático es el de la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular), pastora evangélica de La Casa del Padre, quien justificó así la presentación del Proyecto de Ley n.° 785-2021-CR: «Yo pongo mis manos juntas y le digo: ‘Señor, ayúdame’. Y en ese momento, el Espíritu Santo me dice: ‘Preséntala'».

Esta propuesta se convirtió en la Ley n.º 31935 en noviembre de 2023, al ser aprobada por insistencia, pese a la observación del Ejecutivo. La norma busca reconocer al embrión como sujeto de derechos constitucionales. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos sexuales y reproductivos alertaron que su objetivo real es limitar el acceso al aborto terapéutico a niñas, adolescentes y mujeres en situación de riesgo.

La congresista Ruth Luque señaló claramente: “Todas estas leyes —como la llamada ‘Ley del Concebido’, que lo dijimos de manera pública en su momento en el pleno del Congreso — va a tener un efecto directo para que se bajen (la ley del ) el aborto terapéutico”

Advertencias de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo fue enfática al advertir que la ley no se ajusta a los estándares internacionales: “La aprobación de dicha ley, por insistencia del Congreso de la República, no se encuentra acorde con los estándares internacionales a los que el Estado peruano se encuentra obligado a cumplir para garantizar el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva a mujeres en todo su ciclo de vida cuando lo requieran”, advirtió. 

En un informe previo, la Defensoría del Pueblo – consultada respecto al proyecto de ley en cuestión – emitió un extenso pronunciamiento en el que desaconsejaba su aprobación por parte del Congreso. En el documento, advirtió que equiparar los términos “concebido” y “persona humana” como sujetos de derecho de manera generalizada tendría implicancias jurídicas que afectarían los derechos fundamentales de las mujeres. Además, calificó la propuesta como una medida “regresiva y contradictoria” con los estándares internacionales, y advirtió que no garantiza los derechos sexuales y reproductivos.

Las advertencias de la Defensoría parecieron materializarse al poco tiempo. Tras la aprobación, se comprobó el verdadero alcance de la ley: la misma Jáuregui, en coordinación con colectivos evangélicos como Padres Peruanos, presionó al Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) para modificar el protocolo del aborto terapéutico y alinearlo con la llamada ley del concebido.

La congresista Luque advirtió en Wayka sobre las consecuencias: “En el caso de las mujeres y las niñas, si se elimina la guía del protocolo de aborto terapéutico o se relativiza su aplicación, y no hay un Ejecutivo que lo defienda con las garantías correspondientes, significa que no tendríamos ciudadanía plena. Perderíamos la capacidad de decisión sobre temas en los que el Estado perpetúa un tipo de violencia”.

Alejandro Muñante y el Día del Niño por Nacer

Otro impulsor de iniciativas legislativas con enfoque religioso es el congresista Alejandro Muñante. Él promovió la ley que estableció el Día del Niño por Nacer cada 25 de marzo, fecha que coincide con la festividad cristiana de la Anunciación. Esta medida, aunque simbólica, refuerza la agenda antiaborto en espacios estatales, como hospitales públicos que ya han adoptado esta fecha en sus actividades institucionales. Por ejemplo, según la oficina de comunicaciones del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz de Puente Piedra, este utilizó la disposición para convocar a gestantes a realizarse controles, destacando que la fecha refuerza «la valoración de la vida desde su concepción».

Rosángela Barbarán y su proyecto contra el aborto terapéutico

Rosángela Barbarán, del partido fujimorista, también propuso anular el aborto terapéutico con el PL n.° 1520/2021-CR, denominado “Ley que promueve la protección del embarazo de la madre gestante, del niño por nacer y de su entorno familiar”. La Defensoría del Pueblo emitió un informe señalando la inviabilidad de la Ley y pidiendo que no sea aprobada:

“(PL n° 1520/2021-CR) No debe ser aprobada por el Congreso de la República, pues se deben adoptar medidas legislativas adecuadas y que garanticen el ejercicio pleno y efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres, en cualquier contexto”, concluyó en su informe N°001-2022-DP/ANA de la Defensoría del Pueblo.

Barbarán tuvo que modificar su propuesta, aclarando que «las disposiciones no se contraponen con lo establecido en el artículo 119 del Código Penal (Decreto Legislativo 635) sobre el aborto terapéutico». Con estas modificaciones, la norma fue finalmente aprobada y publicada bajo la ley N° 32000. Sin embargo, su intención original se mantuvo: precarizar los derechos ya reconocidos, como el aborto terapéutico, legal en el Perú desde 1924.

Óscar Amat y León, director del Centro de Investigación en Religión y Política (CIERP), resumió el panorama con contundencia: “No es casual. No es ‘¿cómo se les ocurren las cosas más malvadas’? No se les ocurre; responden a un plan orquestado que se ejecuta progresivamente y que se articula con el copamiento de instituciones democráticas por parte de funcionarios públicos que, aunque no sean evangélicos ni católicos son afines a la propuesta», afirmó Amat y León en diálogo con Wayka

Eliminación de la Educación Sexual Integral (ESI)

La ofensiva ultraconservadora no se limita a la salud sexual y reproductiva. En abril de 2024, Milagros Jáuregui presentó el PL N° 7579/2023-CR, “Ley que reconoce el derecho de los padres de familia a elegir la educación sexual que reciben sus hijos”, con el respaldo de la plataforma Padres Peruanos.

Al igual que en el caso de la “Ley del Concebido”, este proyecto fue presentado como una medida que ampliaba derechos, esta vez de los padres, pero en realidad buscaba eliminar la Educación Sexual Integral (ESI) de las escuelas, vulnerando el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir información científica, laica y adecuada para prevenir violencia sexual, embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual.

“Existe un giro marcado hacia posturas ultraconservadoras. Respeto las convicciones personales sobre sexualidad, el problema surge cuando se pretenden imponer”, señaló Betzabé Marciani, destacando que estas decisiones basadas en creencias religiosas pertenecen al ámbito privado.

En octubre de 2024, la congresista Milagros Jáuregui radicalizó aún más su postura con la presentación del Proyecto de Ley N° 9174/2024-CR, que propone declarar de “interés nacional” la eliminación de la Educación Sexual Integral (ESI) del currículo escolar básico. Su propuesta busca reemplazarla por una supuesta “educación sexual científica, biológica y ética”, bajo una perspectiva conservadora que desconoce enfoques de derechos y género. La iniciativa recibió amplio respaldo del partido Renovación Popular, incluyendo al congresista Alejandro Muñante, otro activo promotor de políticas ultraconservadoras.

Congresistas transfóbicos

Una de las medidas más controversiales en esta línea es la Ley N.° 32331, promulgada el 12 de mayo de 2025, que impide a las personas trans utilizar los servicios higiénicos conforme a su identidad de género. Esta norma fue impulsada por los congresistas Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Jorge Montoya (Honor y Democracia), y ha sido ampliamente criticada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

Como apunta la congresista Ruth Luque, esta iniciativa “fomenta el odio, la estigmatización, contribuye a negar derechos sobre poblaciones que históricamente han exigido respeto de derechos básicos y fundamentales en toda democracia”.

Buscan ampliar su presencia en más instituciones

La estrategia política de estos sectores no se limita al Congreso. La agenda evangélica busca ampliar su presencia en el Estado mediante diversas iniciativas legislativas. El 8 de julio de 2022, Alejandro Muñante (Renovación Popular) presentó el PL Nº 2541/2021-CR, que propone la “Ley de Capellanía Cristiana Militar Policial Evangélica y asistencia religiosa a los cristianos evangélicos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, al amparo de la Ley 29635, Ley de Libertad Religiosa”. En sus disposiciones complementarias, se señala que los ministerios de Defensa (MINDEF) y del Interior (MININTER) serían los encargados de asumir la remuneración del capellán , la prestación de servicios religiosos y espirituales por parte de líderes religiosos, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Si bien este proyecto no prosperó, el 18 de octubre se aprobó una cuestión previa para que el proyecto regrese a la Comisión de Constitución y Reglamento.

En esta misma línea, el 3 de marzo de 2025 la congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas (Renovación Popular) presentó el PL N.º 10392, denominado “ley de Capellanía Cristiana Militar Policial Evangélica y asistencia religiosa a los cristianos evangélicos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, al amparo de la Ley 29635, Ley de Libertad Religiosa”, una vez más, insistiendo en ampliar la presencia de religiosa en instituciones del Estado que deberían mantenerse confesionalmente neutrales. Actualmente, este proyecto se encuentra en las comisiones de Constitución y Reglamento y Justicia y Derechos Humanos.

¿CÓMO LLEGARON LOS GRUPOS EVANGÉLICOS A LA POLÍTICA PERUANA?

Si bien hoy Renovación Popular cuenta con 13 escaños en el Congreso, el vínculo entre los sectores evangélicos y la política no es nuevo. Según el investigador Gerson Julcarima Álvarez, autor del estudio Evangélicos y poder en América Latina, la participación evangélica en la política peruana data de los años noventa, cuando llegaron a tener 19 representantes entre senadores y diputados.
El fenecido dictador, Alberto Fujimori fue quien más aprovechó, políticamente, las creencias religiosas. Supo capitalizar el apoyo evangélico desde su primera campaña presidencial, incluyendo en su fórmula al pastor Carlos García y García como segundo vicepresidente, quien se opuso al autogolpe y renunció. En el Congreso, también figuró el pastor evangélico Víctor Javier Arroyo. Sin embargo, el autogolpe de 1992 marcó una ruptura con algunos evangélicos, como García y Arroyo, alejándose del régimen, mientras otros colaboraron activamente.

Amat y León resalta cómo el autogolpe de Fujimori generó dos facciones: “Los ‘malos’ evangélicos, fueron aquellos que fueron retirados por representar un obstáculo a las aspiraciones autoritarias de Fujimori. Los ‘buenos’ evangélicos fueron los que se prestaron para ejecutar acciones que limpiaran actos altamente cuestionables», afirmó el investigador.

Añade que este segundo grupo, el de los apañadores de Fujimori – y entre los que destacaban Alejandro Abanto Pongo y Pedro Vílchez – fue utilizado por Fujimori como capital simbólico para dar credibilidad a iniciativas cuestionables de su gobierno y su entorno familiar.

La participación política evangélica estuvo mediada por otros partidos hasta que Humberto Lay fundó el partido Restauración Nacional en 2005. Lay postuló a la presidencia en 2006, logrando obtener apenas dos escaños en el Congreso: uno para Alda Lazo Ríos, pastora de la iglesia Agua Viva, y otro para Juan Perry Cruz. Ambos se integraron en 2010 al partido Solidaridad Nacional, que es hoy Renovación Popular.

Para Amat y León, el partido confesional resultó un fracaso estratégico-político, pues no logró llevar a la presidencia a Humberto Lay ni obtener el número de escaños congresales que esperaban, pero fue esto lo que los llevó a incorporarse a partidos políticos ya establecidos.

“No importaba su ideología -tampoco era algo que preocupara a los partidos de entonces- sino que más bien se construyó este estilo, (en el que) los evangélicos están en todos los partidos. Los líderes políticos se acostumbraron a incluirlos en sus listas, quizás como una especie de talismán”, señaló Amat y León.

Otra de las participaciones de grupos evangélicos que apuntaron su mirada al poder político es el Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP), brazo político de la organización fundada en 1989 por el lider espiritual Ezequiel Ataucusi Gamonal, considerado “profeta” de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (Aeminpu). Desde su fundación hasta el 2001, postularon a la presidencia en tres ocasiones, pero solo lograron dos escaños en el Parlamento en las elecciones del 2000.

Cerca de 20 años después, tras la disolución constitucional del Congreso en 2020, el FREPAP obtuvo 15 escaños, más que por el voto exclusivo de los israelitas, debido al descontento general hacia la clase política. Amat y León destaca que, una vez en el Congreso, los representantes del Frepap no se alinearon a la agenda moral -entendida como la agenda político-religiosa – de los sectores evangélicos actuales, sino que priorizó demandas agrarias y de justicia social desde una visión teocrática particular.

¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTAN Y HACIA DÓNDE APUNTAN?

Según el último censo poblacional realizado en 2017 el 14,1% de la población peruana se identifica como evangélica, frente al 76% que se declara católica, el 4,8% profesa otras religiones, (Cristiano, Adventista, Testigo de Jehová, Mormón, Israelita, Budismo, Judaísmo y Musulmán, entre otras) y el 5% no sigue ninguna.

Amat y León da cuenta que el sector evangélico es consciente de que representa el 14% de la población y dirige sus acciones a este grupo, pero la prioridad ya no es consolidar un partido político, sino mantener una presencia en otros partidos “Los evangélicos, ahora su estrategia más actualizada, no es crear un partido confesional, sino participar estratégicamente en los espacios de otros partidos”. 

El investigador aclara que dentro del sector evangélico existen múltiples congregaciones con visiones diversas, pero que el grupo activamente involucrado en la política conservadora representa un porcentaje muy pequeño de evangélicos. Señala que los intereses de estos a los que denomina «neoconservadores», se centran en implementar políticas públicas con un objetivo mayor. “Los neoconservadores -estos nuevos evangélicos- no superan, generosamente estimados, el 15% del total de evangélicos”, precisó Amat y León.

A pesar de esto, han logrado articular una agenda eficaz que busca transformar el Estado y ocupar todos los espacios posibles. “La actual ola conservadora apunta claramente a la toma del poder”, advierte Amat y León. A ello se suma el uso estratégico de “medias verdades”, información que encaja con el sentido común conservador de parte de la población, lo que les permite mantener un respaldo social importante.

“Yo no dudo que las aspiraciones de más de uno, léase Muñante, Jaurégui y los que vengan, está el hecho de no solamente ser senadores o diputados en el nuevo esquema este de votación política. Tienen aspiraciones presidenciales, nunca las han dejado de tener, pero le han dado un toque de madurez (a través de un equipo técnico)”, concluye Amat y León.