La trampa del índice de «libertad económica»
Por Alfonso Bermejo
El Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation suele presentarse como una prueba de que los países se desarrollan porque tienen menos impuestos, menos Estado, menos regulación laboral y menor intervención pública. La propia Heritage afirma que existe una relación entre libertad económica, libre mercado y progreso. [1] Pero al revisar su metodología aparece una trampa. El índice mezcla preferencias ideológicas con variables institucionales y luego presenta todo bajo una etiqueta muy eficaz, “libertad”.
El índice se construye con 12 componentes, entre ellos derechos de propiedad, efectividad judicial, integridad gubernamental, carga fiscal, gasto público, salud fiscal, libertad empresarial, libertad laboral, libertad monetaria, libertad comercial, libertad de inversión y libertad financiera. El puntaje final surge de promediar esos componentes, todos llevados a una escala de 0 a 100. [2]
El problema es que pone en la misma bolsa cosas muy distintas. Una cosa es medir instituciones que funcionan, como baja corrupción, justicia eficaz o cumplimiento de contratos. Otra es premiar una agenda económica específica, basada en cobrar menos impuestos, gastar menos, regular menos el mercado laboral o limitar la intervención del Estado. Al promediarlas, Heritage hace pasar una preferencia ideológica por una medida general de “libertad”. [2]
La carga fiscal muestra bien el problema. Heritage la mide a partir del impuesto máximo a la renta personal, el impuesto máximo a las empresas y la recaudación total como porcentaje del PIB. Cuanto más altos son esos valores, peor puntaje recibe el país. [2] Sin embargo, varios países desarrollados tienen alta presión tributaria. Según la OCDE, en 2024 Dinamarca tuvo la mayor recaudación tributaria de la organización, con 45,2% del PIB; Francia llegó a 43,5% y Austria a 43,4%, frente a un promedio OCDE de 34,1%. [3]
La baja carga tributaria no explica por sí sola el desarrollo ni la calidad institucional. Los países nórdicos no son Estados mínimos. Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia combinan alta recaudación, gasto público elevado, servicios universales y Estados de bienestar amplios. [3] No están mejor porque el Estado sea débil, sino porque el Estado funciona.
Algo parecido ocurre con la llamada libertad laboral. Heritage incluye salario mínimo, derechos de asociación, vacaciones pagas, preaviso e indemnización por despido, límites al trabajo extra y facilidad para despedir por razones económicas u organizativas. [2] Varias conquistas laborales aparecen así como obstáculos a la “libertad económica”.
Eso no mide si los trabajadores tienen más libertad real para vivir dignamente, organizarse, descansar, negociar colectivamente o protegerse frente al despido. Mide, sobre todo, cuánta flexibilidad tienen las empresas para contratar, despedir y organizar el trabajo. La comparación internacional, además, puede ser engañosa. La OCDE señala que 30 de sus 38 países miembros tienen salario mínimo legal. En los ocho países sin salario mínimo legal nacional —Austria, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Italia, Noruega, Suecia y Suiza— existen pisos salariales de facto establecidos mediante convenios colectivos sectoriales u ocupacionales para grandes partes de la fuerza laboral. [4]
La ausencia de salario mínimo legal no significa ausencia de derechos laborales. En muchos de esos países, la protección se sostiene en sindicatos fuertes, negociación colectiva y acuerdos institucionales. La OCDE subraya que la negociación colectiva sigue siendo una institución central del mercado de trabajo, aunque su cobertura y la densidad sindical hayan disminuido en las últimas décadas. [5]
También hay una tensión evidente con la intervención estatal. Heritage incorpora dentro de “derechos de propiedad” el riesgo de expropiación o de acción gubernamental sobre inversiones privadas. [2] Pero los países industrializados intervienen cuando lo consideran necesario. Alemania nacionalizó Uniper en 2022 durante la crisis energética, después de que la empresa quedara golpeada por la interrupción del gas ruso. [6] Francia avanzó en la toma de control total de EDF, su gigante eléctrico y nuclear, para reforzar el control estatal sobre un sector estratégico. [7] El Reino Unido aprobó poderes de emergencia para tomar control operativo de British Steel y evitar el cierre de hornos estratégicos en Scunthorpe. [8] Estados Unidos usa subsidios, compras públicas, garantías y acuerdos con empresas para proteger sectores críticos. Un ejemplo reciente es el acuerdo del Departamento de Defensa con MP Materials para fortalecer la cadena de tierras raras. [9]
La pregunta, entonces, no es si el Estado interviene o no. Todos los Estados desarrollados intervienen. La pregunta es cuándo, para qué y a favor de quién.
Por eso el índice puede inducir a una lectura engañosa. Toma variables institucionales donde los países avanzados suelen puntuar bien, como justicia, baja corrupción, estabilidad y cumplimiento de contratos, y las mezcla con variables de una agenda liberal, como baja tributación, menor gasto, desregulación laboral y menor intervención estatal. El promedio final parece demostrar una relación causal entre liberalismo económico y desarrollo. [1] [2]
Pero esa causalidad no está demostrada por el índice. En muchos casos vemos otra cosa. Países desarrollados con alta capacidad estatal, instituciones fuertes, sistemas tributarios amplios, protección social, negociación colectiva e intervención pública estratégica. La baja corrupción o la calidad judicial no surgen mágicamente de bajar impuestos. Surgen de procesos históricos de construcción estatal, burocracias profesionales, inversión pública, acuerdos sociales y legitimidad institucional.
Está bien que cada quien construya el índice que quiera. El problema no es que Heritage tenga una mirada ideológica. El problema es que esa mirada se disfrace de medición neutral y se venda como ‘libertad’, porque llamar así a recaudar poco para invertir menos en educación, salud, infraestructura o protección social es un absurdo. Llamar “libertad laboral” a debilitar indemnizaciones, reducir límites a la jornada o facilitar despidos es una operación política. Pero funciona como marketing. Convierte una preferencia ideológica —menos impuestos, menos derechos laborales, menos Estado— en una palabra difícil de rechazar.
Quizás haya que responder disputando también el lenguaje. Desde el progresismo o la izquierda podríamos construir un Índice de Libertad Popular, con variables como inversión pública en educación y salud, cobertura de negociación colectiva, tasa de sindicalización, estabilidad del empleo, proporción de contratos indefinidos, protección frente al desempleo, acceso a vivienda, reducción de pobreza, igualdad de género, movilidad social, tiempo libre, seguridad económica y capacidad estatal para garantizar derechos.
Tal vez habría sorpresas. Tal vez descubriríamos que los países más libres no son aquellos donde el capital tiene menos límites, sino aquellos donde las personas tienen más posibilidades reales de vivir, estudiar, atenderse, organizarse, trabajar con derechos, enfermarse sin arruinarse y envejecer sin caer en la pobreza.
Esa también es una disputa por la libertad.
Porque libertad no es solo que el capital se mueva sin restricciones. Libertad también es que la vida no dependa del miedo al despido, de una enfermedad impagable, de una vejez sin ingresos o de un salario que no alcanza.
Progresismo y libertad. Ahí hay una batalla que vale la pena dar.
Fuentes
[1] Heritage Foundation, Index of Economic Freedom, presentación general del índice y afirmación sobre el vínculo entre libertad económica, libre mercado y progreso.
https://economicfreedom.heritage.org
[2] Heritage Foundation, About the Index / Methodology, componentes del índice, escala 0–100, carga fiscal, libertad laboral y derechos de propiedad.
https://economicfreedom.heritage.org/pages/about
[3] OECD, Revenue Statistics 2025, datos de presión tributaria sobre PIB en 2024.
[4] OECD, Employment protection and minimum wages, países sin salario mínimo legal nacional y existencia de pisos salariales por negociación colectiva.
https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/employment-protection-and-minimum-wages.html
[5] OECD, Negotiating Our Way Up, capítulo sobre negociación colectiva y voz de los trabajadores.
https://www.oecd.org/en/publications/negotiating-our-way-up_1fd2da34-en/full-report/component-5.html
[6] Reuters, Germany takes over Uniper, raising rescue bill to $29 bln, nacionalización de Uniper por Alemania en 2022.
[7] Reuters, France keeps EDF buyout offer at 12 euros per share, toma de control total de EDF por Francia.
[8] Reuters, UK seeks emergency powers to take control of British Steel, intervención británica sobre British Steel.
https://www.reuters.com/world/uk/uk-seeks-emergency-powers-take-control-british-steel-2025-04-12
[9] Reuters, MP Materials partners with Department of Defense to boost U.S. rare earth magnet supply, acuerdo entre el Departamento de Defensa de Estados Unidos y MP Materials.
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