María de los Ángeles Campos podrá acceder a servicios de salud para atender 5 enfermedades solo hasta setiembre de este año. Luego, volverá a enfrentarse a limitaciones de Migraciones para renovar su calidad migratoria.

Nicol León

María de los Ángeles Campos Rodríguez, mujer costarricense de 62 años, pasó más la mitad de su vida en el Perú como migrante indocumentada, por lo que no pudo acceder a servicios de salud. En noviembre de 2021, se venció el carné de extranjería de residencia por vulnerabilidad que la Superintendencia Nacional de Migraciones le entregó en 2018, tras numerosas protestas que realizó en el frontis.

Sin un documento que la identifique, María se vio imposibilitada de tratar la fibrosis pulmonar que le detectaron junto con otras 4 enfermedades (diabetes mellitus, dislipidemia mixta, neuropatia diabética, obesidad tipo 1). Cuando intentó renovarlo, Migraciones le dio a entender que no podría acceder nuevamente a ese tipo de residencia porque ya no era considerada como «vulnerable», pues dejó de ser víctima de violencia física con la muerte de su esposo.

Ayer, jueves 10 de marzo, tras la publicación de este caso de violación de derechos humanos, Migraciones se comunicó con María de los Ángeles para comunicarle que le renovarían el carné de extranjería. Esta mañana, ella y su hijo Julio acudieron a la sede de Migraciones para recoger su documento.

Cabe resaltar que este carné de extranjería de residencia por vulnerabilidad tiene como fecha de vencimiento setiembre de 2022, por lo que en esa fecha María de los Ángeles volverá a quedar indocumentada.

Según Fernando Parra, director de Politica Migratoria de la Superintendencia Nacional de Migraciones, el nuevo carné tendrá una vigencia de 6 meses para que luego María cambie su calidad migratoria a residente familiar, que durará dos años.

«El caso no está resuelto. En setiembre es el mismo problema si es que no me lo resuelve. Él dice que no va a ser así, pero ya veremos. (…) El año pasado, hace cinco meses, cuando tuve una reunión con la superintendente Martha Silvestre, la señora me mintió en la cara diciendo que se iba a comunicar conmigo, que iba a hablar conmigo, que iba a solucionar lo de mi mamá. Ha tenido que salir mi mamá en Wayka para que recién vengan a darme el carné de extranjería de mi mamá», comentó Julio, hijo de María.

María exige que le entreguen la nacionalidad para no tener que renovar constantemente su calidad migratoria, pues es un proceso difícil, que requiere pago de tasas para recolectar documentación.

Ella no pudo nacionalizarse desde que llegó al Perú, en 1983, porque su esposo no quiso ayudarla, además desapareció su pasaporte y su agenda con contactos de sus familiares de Costa Rica. Actualmente, por la Ley de Nacionalidad, las personas migrantes que deseen acceder a la nacionalidad peruana deben ganar anualmente S/46 000. Este no es el caso de María, quien vive en condiciones de pobreza.