Lambayeque: Defensores ambientales denuncian desprotección y criminalización estatal

Líderes ambientales de Lambayeque denuncian acoso constante por parte de traficantes de terrenos que buscan invadir sus tierras

Comuneros y defensores del medio ambiente de localidades como Chaparrí, Cañaris, Motupe, Penachi, Olmos, entre otras, realizaron una movilización por las principales calles de Chiclayo para denunciar la criminalización y desprotección del Estado ante estas amenazas. La marcha contó con el respaldo de organizaciones como Amnistía Internacional, ONG Bienestar, Junta de Usuarios Chancay-Lambayeque y ciudadanos que se unieron a través de las redes sociales.

Un caso emblemático

La comunidad campesina Muchik Santa Catalina, administradora de la Reserva Ecológica de Chaparrí en el distrito chiclayano de Chongoyape, ha estado exigiendo protección contra los traficantes de terrenos desde 2016. Chaparrí es la primera Área de Conservación Privada (ACP) constituida en Perú y alberga especies en peligro de extinción como la pava aliblanca y el oso de anteojos.

«Hemos venido hasta Chiclayo para informar a la población sobre cómo las autoridades administran la justicia, aparentemente coludidas con organizaciones criminales que han intentado quitarnos la vida. Al no lograrlo, ahora buscan privarnos de nuestra libertad y destruir nuestra reserva de Chaparrí», declaró Edivar Carrasco, presidente de la comunidad, a Wayka.

Es importante recordar que el 30 de diciembre de 2017, Napoleón Tarrillo, teniente gobernador de la reserva de Chaparrí, fue estrangulado en su casa. La organización criminal ‘El Gran Chaparral’ sigue siendo investigada por su asesinato. Para Carrasco, es inaceptable que «han pasado siete años y las autoridades no investigan ni muestran interés en descubrir quién asesinó a nuestro compañero».

Carrasco también detalló que, desde 2016 hasta la fecha, cinco defensores ambientales han sido asesinados en Lambayeque, en las comunidades de Salas, Batangrande y Chaparrí. Hasta ahora, solo el caso de Salas ha resultado en una sentencia condenatoria contra los homicidas.

Preocupación por la minería

Otra preocupación para Carrasco y su comunidad es que «el gobierno actual y sus instituciones están autorizando a las empresas mineras a explorar nuestros territorios. Todos sabemos que las minas traen personas de dudosa reputación que vienen a invadir nuestros territorios, y para ellos, que sí cometen delitos, no están las autoridades. En cambio, a los comuneros que crearon la reserva de Chaparrí nos denuncian como invasores».

Respaldo de la comunidad agrícola

Por primera vez, en esta movilización se sumaron representantes de la Junta de Usuarios Chancay-Lambayeque, quienes, debido a su trabajo agrícola y de producción, reconocen la importancia de preservar la flora y fauna de Lambayeque.

«Tenemos muy claro que dependemos del medio ambiente para tener disponibilidad de agua, y sabemos que los comuneros defienden nuestra tierra en la parte alta para que no hagan una explotación irracional de los minerales, y mucho menos talar indiscriminadamente. Por eso hacemos fuerza común contra la criminalización que se ejerce contra los líderes ambientales», sentenció Ramón Ríos Asenjo, representante de la Junta de Usuarios Chancay-Lambayeque.

La audiencia judicial

La movilización culminó en el Poder Judicial, donde estaba programada la audiencia de juicio oral contra ocho comuneros fundadores de Chaparrí por el presunto delito de alteración del ambiente, para el cual la Fiscalía Ambiental pide cuatro años de prisión preventiva. El proceso, iniciado en 2017, tuvo la audiencia reprogramada para el 17 de marzo de 2025 por la ausencia de uno de los abogados.