Lambayeque: Fiscalía archiva denuncia contra comuneros de la Reserva ecológica de Chaparrí
En 2024, los defensores de Chaparrí enfrentaron una vez más, según han denunciado, un intento de criminalización por parte de una empresa extractiva que buscaba operar en sus territorios sin contar con la debida autorización.
El Tercer Despacho de Investigación de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo dispuso, mediante la Resolución Nº5 del 18 de noviembre, no formalizar ni continuar la investigación preparatoria contra 15 integrantes de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape. Los comuneros, impulsores de la reserva ecológica de Chaparrí en Lambayeque, habían sido denunciados por la empresa constructora Tapia y Espinoza SAC.
La denuncia fue presentada el 1 de febrero de 2024 por los representantes de la empresa, Sergio Enmanuel Díaz Espinoza y Segundo Tapia García, contra los miembros de la Junta Directiva de la comunidad y de la Junta de Administración Local del caserío Boca de Tigre. Los acusaban de los delitos de usurpación agravada y coacción, alegando que la comunidad había construido un cerco que impedía el libre tránsito hacia su campamento de extracción de piedra y arena en la quebrada Hualtacal, cerca del centro poblado de Pampa Grande.
Según la empresa, estaban en posesión del territorio desde julio de 2022 y contaban con autorizaciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Municipalidad Distrital de Chongoyape para extraer materiales de construcción. Además, presentaron una resolución ejecutiva emitida por el Gobierno Regional de Lambayeque que les otorgaba la concesión minera denominada Piedra Azul Norte.
Sin embargo, tras ampliar el periodo de investigación, el fiscal José Luis Fernández Sirlopú concluyó que los documentos presentados por la empresa no acreditaban la posesión del territorio ni otorgaban autorización para operar en la zona. Por el contrario, la fiscalía subrayó que dichas actividades requerían la autorización expresa de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina, legítima propietaria del predio.
Defensa del territorio
Edívar Carrasco, presidente de la comunidad Santa Catalina, calificó como cuestionable el accionar de las autoridades en este caso:
«Es inaudito que una empresa nos denuncie cuando ellos deberían ser sancionados por atentar contra la reserva ecológica de Chaparrí. El Estado, en lugar de proteger nuestras áreas naturales como manda la Constitución, facilita actividades que generan un daño irreparable al pulmón verde de Lambayeque».
Carrasco también recordó que, en una asamblea general extraordinaria realizada el 9 de julio de 2023, la comunidad decidió por mayoría absoluta negar la autorización para la extracción de materiales y el tránsito por el territorio. En dicha reunión estuvieron presentes representantes de la empresa constructora.
Tras la decisión de la fiscalía, Carrasco expresó su satisfacción con la decisión: “Se hizo justicia a favor de los comuneros. Estamos evaluando presentar una contrademanda para evitar que sigan afectándonos como comunidad”.
La reserva ecológica de Chaparrí, primera Área de Conservación Privada del Perú, sigue siendo un símbolo de resistencia frente a la expansión de actividades extractivas que amenazan su biodiversidad y el modo de vida de las comunidades que la protegen.
